Bloomberg Línea — El gobierno de Gustavo Petro está cumpliendo sus primeros días en actividad y ya se conocen más anuncios que impactan de manera directa las finanzas del estado. Junto a la reforma tributaria que se radicó en el Congreso de la República y que buscaría recaudar COP$25 billones desde 2021, el presidente anunció otra medida que está en línea con su política de austeridad.
De acuerdo con la información publicada por Petro a través de su cuenta de Twitter, se entregó la orden a todo el gabinete ministerial de “desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas”, al tiempo que se deben eliminar los gastos suntuarios y superfluos del Estado.
Aunque aún no se conocen detalles específicos de esta orden, ni de cómo sería su implementación o costo, para los expertos es una señal clara de un “apretón de cinturones”, como lo calificó el analista político y director de la Fundación Paz y Reconciliación Colombia, León Valencia.
¿Qué son las nóminas paralelas?
Las nóminas paralelas hacen referencia a la celebración de órdenes o contratos de prestación de servicios (OPS) cuando una entidad estatal no puede llevar a cabo sus actividades de funcionamiento a través de personal de planta o provisional.
Para Iván Jaramillo Jassir, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, en la contratación estatal debe prevalecer el concurso público para aspirar a un cargo y si este no se realiza se debería nombrar a una persona en provisionalidad.
“Desafortunadamente en este país la mayoría de personas que prestan servicios en los ministerios lo prestan en OPS, que desconocen el vínculo laboral y se prestan para esos gastos suntuarios que relaciona el presidente”, explicó a Bloomberg Línea.
Para Jaramillo, la orden estaría en línea con la “muy frecuentada pero poco aplicada” sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional, que abordó el problema jurídico de los contratos de prestación de servicios y que busca que estos no sean utilizados para desempeñar funciones de carácter permanente en las entidades públicas.
Incluso, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene un postulado al respecto que también aborda el respeto al principio de laboralidad y que pretende impedir que se utilicen los OPS para encubrir verdaderas funciones de carácter permanente que terminan siendo desarrolladas por contratistas que tienen un puesto de trabajo definido, con horarios por cumplir y con cumplimiento de directrices puntuales y normativas de las entidades.
No es una preocupación nueva
Para el año 2011, el entonces ministro de Trabajo de Juan Manuel Santos, Rafael Pardo, señaló que las nóminas paralelas estaban en el ojo del gobierno central y había un compromiso para evitar el “uso abusivo de las órdenes de prestación de servicios en el Estado”.
En ese momento, se señalaba que un 30% de los empleados del gobierno central estaban bajo la modalidad de prestación de servicios y de acuerdo con Jaramillo, tras las labores de empalme entre el gobierno Duque y Petro, esta cifra se mantiene e incluso pudo haber aumentado.
Incluso, en mayo de 2014, la Procuraduría General de la Nación emitió una circular que ordenaba a las entidades públicas de orden nacional y territorial acatar la normativa vigente frente a las nóminas paralelas y proteger los derechos laborales, es decir, cumplir la sentencia C-614.
El experto en derecho laboral califica esta modalidad como “una problemática estructural del sistema de relaciones laborales del Estado en el sector público”, pues el recurso a las OPS parece ser la vía “preferente” y la que normalmente transitan las entidades para el desarrollo de sus actividades, y “eso genera subjetividades y desconocimiento de principios de imparcialidad en la contratación de servidores del estado”.
Por su parte, el exviceministro Rafael Nieto Loaiza, cuestionó a través de twitter la orden de Petro, expresando que “desmantelar nóminas paralelas es correcto, pero antecedentes de Petro en Bogotá (cuando fue alcalde) muestran lo contrario: aumentó en más de 40% contratos de prestación de servicios. Costaron más de COP$1.2 billones”.
Los contratistas pueden estar tranquilos
Desmontar las nóminas paralelas, un aviso de austeridad, llegó también en un momento en el que Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró que se haría un recorte del orden del 60% de las entidades que están adscritas a la presidencia, es decir, se eliminarían la mayoría de Consejerías, que actualmente son 12, según reseñó el diario El Tiempo.
Jaramillo explicó a Bloomberg Línea que la orden del presidente Gustavo Petro no será fácil de ejecutar y tendrá un recorrido “complejo y progresivo”, pero visto como un problema posible para corregir y ajustar.
“No se ponen en riesgo los contratistas, porque se debe respetar el recorrido contractual que se ha planteado en todas las entidades, lo que debe haber es un recorrido progresivo para privilegiar la carrera y mejorar las formas de vinculación al Estado, sin desconocer los plazos pactados en cada uno de los contratos, pues son leyes para las partes”, precisó el investigador del Observatorio Laboral.
Por último, el experto señaló que el anuncio de Petro no será inmediato y no será una explosión de incumplimientos contractuales a cargo del Estado, pues generaría una problemática jurídica compleja de resolver luego.
