Bogotá — El director saliente de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, se despide de la entidad con 10 investigaciones disciplinarias abiertas y en trámite en la Procuraduría General, según confirmó Bloomberg Línea. Todas ellas iniciaron desde que entró al cargo el pasado 23 de abril de 2019, luego de asumir el encargo de esta dirección durante siete meses.
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Una de las investigaciones disciplinarias es por su presunta conducta omisiva, específicamente por un posible incumplimiento en el pago de reparación integral a una ciudadana. Aquí el Juzgado 002 Civil del Circuito Especializados en Restitución de Tierras de Cúcuta allegó notificación de actuación procesal de restitución de tierras. La titular es Diana Marizol Ortiz Cruz y la fecha de radicación ante la Procuraduría fue el 6 de octubre de 2020.
Frente a este proceso, Rodríguez Andrade le dijo a Bloomberg Línea que en los procesos disciplinarios la Unidad de Víctimas ha dado respuesta a los entes encargados del asunto, “toda vez que estos revisten de reserva”.
Asimismo se investiga un proceso de 224 folios de una queja disciplinaria hecha por el señor Jhon Edwin Charry Lozano contra Rodríguez Andrade por la presunta mora en el pago de indemnizaciones a víctimas de desplazamiento forzado. Fue radicada el 28 de noviembre de 2019.
Aquí la respuesta del director Rodríguez fue la misma del caso pasado: “la Unidad de Víctimas, en los procesos disciplinarios, ha dado respuesta a los entes encargados del asunto, toda vez que estos revisten de reserva”.
Caso en indagación preliminar
Bloomberg Línea pudo establecer que de las investigaciones abiertas hay una que ya está en indagación preliminar y es por el posible desacato a un fallo de tutela. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de Conocimiento remitió a la Procuraduría copia de los autos emitidos dentro de este proceso, con radicado No. 05 001 31 18 002 (2019-00209). La fecha en que se radicó el caso ante el organismo de control fue el primero de julio de 2021 y la dependencia que lleva el caso es la Delegada para la Vigilancia Administrativa, Asuntos Sociales y Paz.
Para este caso, Rodríguez Andrade expresó que realizó la búsqueda con los datos suministrados y que no obtuvo resultados. “Se requieren los datos completos de la ciudad o municipio del despacho judicial donde se presentó la acción de tutela, así como los datos de los accionantes, por lo cual, rogamos ampliar dicha información en procura de no incurrir en imprecisiones”, indicó.
Más investigaciones
El Juzgado 21 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín dispuso compulsar copias con destino a la Procuraduría y a la Fiscalía para que dispongan sanciones disciplinarias y penales a las que haya lugar por el incumplimiento de la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín el 17 de noviembre de 2020. Así consta en el asunto de la radicación que se hizo ante la Procuraduría General de la Nación el 14 de julio de 2021.
Lo anterior, dentro del incidente de desacato No. 05001-31-03-021-2020-00163-00, cuyo accionante es Luis Alberto Pérez Zapata.
Para este caso, el saliente director explicó que “la UARIV (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) acreditó el cabal cumplimiento de lo ordenado por el despacho judicial el día 28 de enero de 2022, y, en consecuencia, el Tribunal Superior de Medellín, mediante Auto de fecha 08 de febrero de 2022, ordenó el levantamiento de las sanciones impuestas por cumplimiento al fallo de tutela”. Sin embargo, vale resaltar que el caso sigue abierto en la Procuraduría.
También el año pasado, el 5 de febrero de 2021, llegó al organismo de control disciplinario copia del expediente de un incidente de desacato para que se investigue el posible incumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso radicado 05-001-33-33-032-2020-00154-00. En este caso hay una acción de tutela cuyo accionante es Dany Luz Orrego Granda y quien figura como afectado es Javier Arturo Giraldo Rojas.
Respecto a esta investigación, Rodríguez Andrade señaló que la Unidad que dirige “dio cabal cumplimiento al fallo de tutela, acatamiento que fue informado al despacho judicial y se encuentra pendiente de decisión. Es preciso indicar que la notificación de la carta de indemnización administrativa se encuentra en proceso de notificación”.
Presunto desacato
Luis Archila, secretario del Juzgado Laboral de Duitama, informó a la Procuraduría dentro del incidente de desacato de acción de tutelado radicado con el No. 15238310500120200003400, cuyo accionante es José Liberto Giraldo Clavijo, que se sancionó por tercer desacato al director de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, por lo que le compulsó copias por competencia a esta entidad. La fecha de radicación de este caso fue el 9 de abril de 2021 y la dependencia a cargo es la Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial.
Aquí la respuesta del director fue que “la UARIV, el 5 de junio de 2021, acreditó cumplimiento al fallo de tutela y el Tribunal, en Auto del 21 de junio de 2021, resolvió revocar las sanciones impuestas por cumplimiento”. El caso permanece abierto en la Procuraduría.
Se cuenta también otro incidente de desacato por presuntas irregularidades al no dar cumplimiento a las órdenes de un juez, acción instaurada por María Lourdes Linares Lozano y radicada en la Procuraduría el 11 de septiembre de 2019.
La respuesta del director fue que “se realizó la búsqueda con los datos suministrados sin obtener resultados positivos al respecto, sin embargo, a fin de suministrar información precisa respecto del estado del asunto referido, se requieren los datos completos de la ciudad o municipio del despacho judicial donde se presentó la acción de tutela, toda vez que la accionante ha presentado varias acciones de tutela que figuran archivadas a favor de la Unidad”.
Y otra investigación disciplinaria más por el posible desacato a un fallo de tutela radicada No. 410013333007 2019 0037200 por la señora Gerli Viviana Patiño y que llegó al organismo de control el 5 de octubre de 2020. En este caso, el director saliente aseguró que la entidad que dirige “presentó acción de tutela contra el Despacho Judicial, toda vez que la Unidad se encuentra imposibilitada para cumplir el fallo de tutela, ya que la accionante no reúne criterio de priorización alguno”.
Es inevitable la vinculación del director de la Unidad de Víctimas en procesos judiciales, administrativos y disciplinarios, sin que ello implique per sé su acción u omisión en las funciones que el cargo le exige
Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas
En la Procuraduría también hay dos investigaciones más. La primera, en la que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia puso en conocimiento de ese ente de control una compulsa de copias contra el señor Rodríguez Andrade, en su calidad de director de la Unidad de Víctimas, por el presunto incumplimiento de las órdenes judiciales dadas el 10 de agosto y 18 de septiembre de 2018, dentro del proceso No. 05045-31-21-001-2015-00829-01. Este caso fue radicado el 17 de junio de 2019.
Y la segunda, con fecha de radicación del 7 de noviembre de 2019 cuando se solicitó adelantar una investigación disciplinaria contra Rodríguez Andrade por la no comparecencia a la citación efectuada por la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes para la sesión del 9 de septiembre de 2019.
En este punto el director respondió que se encontraba fuera del país cumpliendo funciones propias del cargo, “no obstante la Unidad atendió la invitación contestando el cuestionario de preguntas a través del oficio No. 201911012005641, dirigido al Representante Juan Carlos Lozada Vargas, presidente la Comisión Primera Constitucional”.
El director saliente de la Unidad de Víctimas agregó que en el Registro Único de Víctimas se encuentran registradas 9.294.2251, “lo cual constituye un universo considerable objeto de la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral”, y que en ese sentido, “en atención al volumen de la población objeto de las medidas de reparación, es inevitable la vinculación del director de la entidad en procesos judiciales, administrativos y disciplinarios, sin que ello implique per sé su acción u omisión en las funciones que el cargo le exige”.
