San Salvador — Un eventual drenaje de las reservas internacionales para recomprar bonos incrementaría los riesgos sistémicos para el país desde 2023 en adelante, advirtieron el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) y Fitch Ratings.
En sendos análisis, ambas instituciones coincidieron que El Salvador puede conseguir los recursos para hacer frente al próximo vencimiento de bonos en 2023, por US$800 millones, pero el costo de destinar sus reservas a ello debilitaría peligrosamente su liquidez.
Tras los gastos por la pandemia del Covid-19, sin acceso a mercados internacionales y sin respaldo del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Nayib Bukele anunció su intención de recomprar dos emisiones de bonos (2023 y 2025), que nominalmente suman US$1.600 millones, pero estaban valorados en unos US$1.050 millones hasta el martes.
“Sí, tiene los recursos para para recomprar algunos de esos bonos, pero hacer eso implicaría el uso de un colchón de liquidez muy importante y, por ende, un aumento en su volatilidad económica para los próximos años”, dijo Todd Martínez, jefe adjunto para las Américas del Grupo de Soberanos en Fitch Ratings.
Según las estimaciones de la agencia calificadora de riesgo, casi todas las reservas del banco central salvadoreño corresponden a encajes del sistema bancario.
“Si este país quiere usar sus reservas para recomprar deuda hay un riesgo de que esa métrica de reservas netas vaya en terreno negativo y eso es un terreno bastante peligroso para un país dolarizado, para la estabilidad financiera”, prospectó Martínez.
Por su lado, el IIF pronosticó una alta probabilidad de que El Salvador tome de sus reservas internacionales para cumplir con sus obligaciones financieras.
“Vemos una posibilidad significativa de que el gobierno drene las reservas y extraiga dólares de los fondos de pensiones para pagar el bono de enero, lo que hace que las perspectivas para el resto de 2023 sean aún más precarias”, señaló el IIF en un reporte firmado por Sergi Lanau, economista jefe adjunto de la organización, y otros representantes de la entidad.
Brecha por deuda interna
La situación fiscal salvadoreña tiene ciertos respiros. Ha logrado una fuerte recaudación de impuestos y el acceso a financiamiento de bancos de desarrollo regionales, factores que ayudarían a bajar su déficit fiscal al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), concedió el IIF.
Pero una pesada deuda interna cada vez más difícil de repagar viene a desequilibrar aún más el panorama, ya que añade más presión al déficit de financiación.
La brecha de financiamiento prevista a enero de 2023 rondaría el 4% del PIB en un escenario suave, con alta renovación de la deuda interna, pero podría dispararse al 5,5% si sigue decayendo la capacidad del gobierno para hacer rollover.
La tasa de renovación de las Letras del Tesoro en julio rondó el 80% y “podría empeorar en tiempos adversos”, recalcó el IIF. Cuanto más caiga esta proporción, mayor será la brecha financiera que las autoridades deben rellenar.
“El Gobierno podría intentar asaltar los fondos de pensiones, reducir los requisitos de reserva para fomentar la renovación de las Letras del Tesoro o recomprar bonos externos. En conjunto, estas medidas podrían sumar un 3,5% del PIB, pero todas ellas son inviables”, planteó Lanau.
Una reforma de pensiones pensada como herramienta fiscal le daría al gobierno salvadoreño el potencial de extraer unos US$600 millones; mientras que una reducción de las reservas obligatorias del 13,4% al 10% –un nivel que ya aplicó temporalmente durante la pandemia del Covid-19– le abriría el acceso a otros US$400 millones.
“Nos parece poco probable que el gobierno quiera correr un grave riesgo de estabilidad financiera recortando las reservas obligatorias en un entorno frágil”, escribió Lanau.
El FMI es “inevitable”
En una entrevista con Bloomberg, Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, confirmó que está tocando las puertas de organismos multilaterales para financiar la recompra de bonos y otros gastos, en particular las del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Con el BCIE busca un crédito de US$600 millones; y con el CAF, acceder al financiamiento que le compete al país como socio con derecho pleno. El Salvador concretó su ingreso al CAF en julio, y se comprometió a pagar US$460 millones, a cambio de recibir un apalancamiento hasta cuatro veces sobre su aporte.
Zelaya planteó que estos recursos no solo se destinarán a pagar deuda, sino también a la inversión en infraestructura y el combate contra el crimen.
El IIF consideró que la crisis de deuda de El Salvador –a la cual se exponen cada vez más las multilaterales de la región– será cada vez más vinculante con el entorno internacional. “Un programa completo del FMI y un ajuste de políticas son finalmente inevitables”.
