Bogotá — El presidente colombiano, Gustavo Petro, planteó la descentralización del Estado en una reunión con los alcaldes del país, tal y como lo reforzó en su discurso de posesión del domingo en el que afirmó que “Colombia no es solo Bogotá”.
Petro mantuvo una reunión con los miembros de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) en la Casa de Nariño en la que pudieron abordar algunos de los principales puntos de la agenda de la nueva Administración.
En ese diálogo se planteó principalmente fortalecer la descentralización y avanzar más decididamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en las distintas regiones de Colombia.
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En su discurso del domingo, Petro prometió que “el Gobierno del cambio será descentralizado” y reconoció las inmensas desigualdades que hay en el país.
“El 10 % de la población colombiana tiene el 70% de la riqueza. Es un despropósito y una amoralidad. No naturalicemos la desigualdad y la pobreza”, señaló el presidente.
A la vez que manifestó que “duele mucho la ausencia del Estado en muchos puntos del país. Ya no más. Voy a trabajar para que el lugar de nacimiento no condicione tu futuro y para que el Estado diga presente en cada rincón de Colombia”.
En este sentido, en la reunión que mantuvo Petro se acordó establecer un diálogo regional permanente y un trabajo en equipo con los alcaldes de las distintas regiones del país.
“Esta fue una reunión muy productiva, ya que los mandatarios locales pudieron establecer un diálogo con el presidente Petro y se propuso trabajar en equipo”, destacó el director ejecutivo de Fedemunicipios, Gilberto Toro Giraldo.
En la reunión participaron los alcaldes de Pasto (Nariño), Germán Chamorro; de Armenia (Quindío), José Manuel Ríos; de Tunja (Boyacá), Alejandro Fúneme; entre otros.
El lunes el Gobierno del presidente Petro radicó la reforma tributaria ante el Congreso de la República que apunta a recaudar $25 billones adicionales en 2023.
La meta es aumentar dicho recaudo a $50 billones de forma gradual con normas antievasión y eliminación de exenciones.
Entre otros puntos, el proyecto de reforma busca gravar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, así como a las plataformas digitales, de acuerdo con su nivel de ventas y su presencia en el país.
El Gobierno también aclaró que “no habrá cárcel para la evasión, hasta tanto se haga la consulta respectiva ante el Consejo de Política Criminal y el Ministerio de Justicia, sobre esta posibilidad”.
Aunque el punto central del texto es el de limitar los beneficios tributarios a personas naturales con más de $10 millones de ingresos mensuales, que representan tan solo el 2% de la población del país.
