Bogotá — Ricardo Bonilla, asesor económico del Gobierno de Gustavo Petro y una de las fichas clave en el proceso de empalme, dijo a Bloomberg Línea que el discutido impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados que finalmente entró en el proyecto de reforma tributaria está destinado a desaparecer.
El impuesto a “los alimentos ultraprocesados y a las bebidas endulzadas se viene discutiendo hace más de diez años, el tema es que ese es un impuesto para ayudar a cambiar hábitos de consumo, para ir hacia consumos más saludables”, dijo el exsecretario de Hacienda de Bogotá durante la Administración de Petro.
Para Ricardo Bonilla, los consumidores no han asimilado que estos productos “son dañinos” y por ello consideró que la única forma de que lo hagan es cuando les empiece a costar en el bolsillo, en referencia a los impuestos.
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“Ese es un impuesto destinado a desaparecer, una vez desaparezca el consumo los empresarios producen cosas más sanas y los ciudadanos cambian los hábitos de consumo”, añadió.
Consultado sobre el proyecto de reforma tributaria que ya se radicó, el asesor económico de Petro manifestó que este era el texto que “siempre se estuvo señalando que se iba a hacer”.
“Es esencialmente sobre personas naturales de altos ingresos”, resumió.
Frente al remate del proceso de empalme Ricardo Bonilla dijo que este se completó “de manera amistosa como era de esperarse”, pero “las cifras son de diferente interpretación”.
“Una cosa es que el Gobierno saliente diga que todo está bien y otra es que nosotros tengamos que continuar tal y como ellos lo dijeron. Evidentemente tenemos otras prioridades”, señaló el reconocido economista colombiano.
Entre las prioridades de la agenda del Gobierno de Gustavo Petro destacó iniciar la transición energética y “eso significa comenzar a modificar presupuestos y tener otro tipo de decisiones”.
La reforma tributaria que radicó el lunes el Gobierno del presidente Petro ante el Congreso de la República apunta a recaudar $25 billones adicionales en 2023.
La meta es aumentar dicho recaudo a $50 billones de forma gradual con normas antievasión y eliminación de exenciones.
El proyecto establece, entre otros puntos, que se impondrá impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados que en sus etiquetas adviertan sobre riesgos para la salud.
El texto indica que “la base gravable del impuesto correspondería al contenido de azúcar en gramos (g) por cada 100 mililitros (ml), mientras que la tarifa se define a partir de tres categorías asociadas a la cantidad de azúcar incorporada en cada una de las bebidas”.
“Esta diferenciación tarifaria contribuye a promover la reducción del consumo de los productos con mayor contenido de azúcar, al tiempo que incentiva a la oferta a reformular el contenido de azúcar que tienen los bienes producidos”, señala el articulado.
Frente a los alimentos ultraprocesados y con azúcares añadidos detalla que “el impuesto corresponderá a un tributo con una tarifa del 10% sobre el precio de venta del bien, el cual será recaudado por el productor en la entrega en fábrica o en planta para su distribución, y posterior venta”.