Bogotá — EnTerritorio, como se llama el antiguo Fonade, firmó y ejecutó durante el primer trimestre del año contratos de prestación de servicios que tienen como soporte títulos y certificados falsos, y otros que acreditan menos experiencia de la requerida para distintos cargos. Una práctica que fue recurrente en la época más oscura de esta entidad, investigada por convertirse en un fortín político.
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El informe de control interno al que tuvo acceso Bloomberg Línea fue firmado por la asesora Mireya López y enviado a la actual gerente de la entidad, Lina Barrera. En él, alerta que después de verificar toda la normativa de medidas de urgencia en contratación estatal, encontró que no fueron gestionados procesos cumpliendo dichas condiciones; y se refiere específicamente a cinco contratos.
El primero de ellos, número 2022466, firmado con Yency Mariana Carrion Pedraza por un valor de $11 millones y un tiempo de ejecución de tres meses, según información del Secop II. En la carpeta contractual de la contratista se presenta una tarjeta profesional de abogada e incluso la imagen de un certificado del Consejo Superior de la Judicatura.
Sin embargo, el documento citado alerta que al corroborar la información en las bases de datos de la Rama Judicial no existe tarjeta profesional de abogada vinculada al número de cédula en mención ni antecedentes disciplinarios de la misma profesión. Y es que además de no estar registrada en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ni en el Sirna (Registro Nacional de Abogados), como se ve a continuación, los datos de la tarjeta profesional no coinciden: indica una fecha de expedición del 21 de septiembre de 2021 y está firmada por Martha Lucía Olano, citándola como Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura para ese entonces, cuando la realidad es otra: el año pasado ese cargo lo tuvo Gloria Stella López.
Situación similar a la del contrato número 2022380, firmado con Henoc Palacios Torres por un monto de $24,7 millones y un tiempo de ejecución de seis meses. La asesora de control interno señala en el informe que al validar la profesión de administrador de empresas que el contratista presentó con un certificado del Consejo Profesional de Administración de Empresas, se encontró que no existe tal registro en la base de datos del organismo administrativo.
Incluso, Bloomberg Línea confirmó directamente con esta institución que con la tarjeta profesional número 29953 está registrada la cédula y el nombre de otra persona.
Asimismo se emiten alertas relacionadas con el no cumplimiento de experiencia para varios cargos. Es el caso del contrato 2022580 por $30,3 millones y seis meses de ejecución, firmado con Meily Jineth Alsina Amaya para un Perfil 10 en la entidad, que requiere experiencia de entre 37 y 48 meses. No obstante, advierte la asesora de control interno que según el modelo de tasación y los certificados laborales entregados, la contratista solo acredita 13 meses de experiencia.
Lo mismo ocurre con dos contratos más: el 2022394, firmado con Yesika Julieth Berria Carcamo por $24,7 millones y plazo de seis meses. Se indica que para el Perfil 8 se requieren entre 13 y 24 meses de experiencia relacionada y que solo se registran 9, lo cual no encaja en el cargo para el que fue contratada.
Y el 2022562, firmado con Sara Cristina Dousdebes Montaña por $37,6 millones y tiempo de ejecución de seis meses. Aquí se advierte que la experiencia relacionada del contratista solo acredita 17 meses, cuando la requerida es de entre 37 y 48 meses, sin equivalencia.
Entre las recomendaciones que entrega el informe están solicitar la revocación o terminación de los contratos 2022466 y 2022380, verificar lo sucedido y tomar las acciones legales correspondientes; y en los casos en los que se observó una experiencia menor a la requerida para los cargos (2022394, 2022580 y 2022562) subsanar o gestionar las modificaciones contractuales.
¿Qué dice EnTerritorio?
Bloomberg Línea consultó desde el pasado 19 de julio a la gerente de EnTerritorio, Lina Barrera, y también a su equipo de comunicaciones. Sin embargo, no fue posible tener una respuesta. Por lo que quedan sobre la mesa los siguientes interrogantes: ¿Por qué se firmaron esos contratos en tales condiciones?, ¿Qué acciones se tomaron al conocer el informe de control interno? y, sobre todo, si contratar a personas con menos experiencia de la requerida y que presentan títulos falsos ¿no afecta el desarrollo técnico, financiero y administrativo de la entidad?
Este es el informe de control interno:
