Santo Domingo — República Dominicana es un importador neto de petróleo y sus derivados. Además de lidiar con las alzas en los mercados internacionales, se le suman los precios del transporte, logística y la prima del dólar, lo que se traduce en costos para el consumidor final.
El sector ha enfrentado la controversia en más de una ocasión por la estructura que establece el precio final de los combustibles en el país. Desde el inicio de su mandato, el presidente Luis Abinader dijo que revisaría la Ley de Hidrocarburos 112-00, con el objetivo de establecer una nueva forma de costos y todo lo relacionado a cómo se fijan los precios de combustible, proyecto que reposa sobre el Senado y se abriría al debate a partir del 16 de agosto con la nueva legislatura.
El proyecto de ley busca cambiar el precio de paridad de los combustibles, crear un fondo de estabilización y compensación de los precios e integrar una red digital para monitorear la cadena de suministro y la automatización del cálculo de los precios, pero enfrenta algunos inconvenientes.
En conversación en exclusiva con Bloomberg Línea, el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, explicó que, la actual ley que tutela el sector de hidrocarburos en en el país caribeño tiene más de 20 años y que la realidad en la que vive República Dominicana es muy distinta a cuando se promulgó.
“Hoy tenemos muchísimos actores. En su momento, prácticamente a nivel de importación, teníamos un actor central que era la refinería de petróleo, hoy tenemos una pluralidad de actores en más de un sector”, puntualizó.
Destacó que, en caso de la metodología del cálculo de los precios se debe ajustar a la realidad que vive el mercado internacional para que eso pueda reflejarse en el mercado local.
Según lo dicho por el viceministro, la modificación de la ley cuenta con tres pilares: transparencia, institucionalidad y modernidad, los cuales beneficiarán a la población.
Transparencia
Pérez Fermín resaltó que la ley procura segmentar los elementos que se conjugan a la hora de calcular los precios de los combustibles en República Dominicana y busca que sean de mayor comprensión para la sociedad.
Uno de los elementos más polémicos que tiene la ley actual es la metodología del cálculo de los precios, la cual se determina por el precio de paridad de importación.
El precio de paridad (PPI) es el resultado de la suma de la suma del valor de Libre a Bordo (FOB), el flete (FT), los gastos administrativos de la ley (GAL), cargo por manejo de terminal (CMT) seguro marítimo (SM), costos bancarios (CB) y “otros costos” (OC).
De acuerdo con el viceministro, la nueva legislatura incorpora de manera detallada cuáles son los elementos que interactúan en los precios eliminando los “otros costos” y clarificando las retribuciones a los actores de la cadena de comercialización.
La nueva ley plantea que en vez de siete elementos sean 13 los que compongan el precio de paridad de importación: Free On Board (FOB), Prima (P), Flete (FT), Seguro Marítimo (SM), Costo de Intermediación (CI), Gastos de Certificación (GC) Costos Bancarios (CB), Pérdidas Marítimas (PM), Costos de los Inventarios (CIV, Cobertura Financiera para petróleo y sus derivados (CF), Cargo por Manejo de Terminal (CMT), Diferencia en cambio (DC), y Gasto de Administración de la Ley (GAL).
Pese a tener nuevos elementos, el viceministro aseguró que no significa que va a encarecer el precio de los combustibles en el país.
Institucionalidad
El viceministro indicó que el proyecto de ley establece una revisión cada dos años y no cuando el ministro de turno lo quiera. Además, establece una cobertura financiera del costo de la prima para cubrirse de las alzas.
“Un seguro para que en el caso de que haya una revalorización de algún producto, el Estado tenga mecanismos para poder cubrirse a nivel financiero en caso de que no sea necesario ello”, dijo.
Un fondo sin fondos
Agregó que existe un fondo de compensación que se creó con ese propósito, pero desde el 2011 no ha recibido “ni un centavo”.
Indicó que con la nueva metodología de cálculo, los fondos especializados van a un lado, como una especie de seguro en caso de que lo demande el mercado internacional.
En el primer semestre del 2022, el Gobierno dominicano destinó RD$34.863,3 millones en subsidios (US$645 millones aproximadamente). El mayor subsidio lo recibió el sector combustible, con RD$25,635.6 millones (US$474,7 millones), equivalente al 73,5% del total de subsidios. Los combustibles en República Dominicana se encuentran con precios congelados al 4 de mayo de 2022.
Modernidad
En palabras del viceministro, el nuevo proyecto es moderno, porque propone la integración de sistemas tecnológicos para fiscalizar y monitorear el sector.
De acuerdo con el artículo 17 del proyecto de ley, incluiría un sistema de trazabilidad de los combustibles mediante el monitoreo de los agentes de la cadena de comercialización, un sistema de automatización del proceso de cálculo de los precios de los combustibles y un sistema de identificación, ubicación, registro y análisis, a través de coordenadas georreferenciadas de los proyectos y estaciones de expendio de combustibles, terminales y depósitos de importación y almacenamiento.
Además de, un sistema de interconexión con las terminales de importación de combustibles y un sistema de seguimiento y monitoreo de las referencias internacionales de materias primas.El proyecto también establece que el precio se establezca cada 15 días y no semanal, como la actual.
Según el viceministro, la legislación puede estar vigente en los próximos 10 o 15 años.
Objeciones a la nueva ley de hidrocarburos
Aun con el nuevo proyecto, la metodología del cálculo de los combustibles sigue siendo un tema de polémicas en algunos actores del sector.
El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (Anadegas), Juan Matos, dijo a Bloomberg Línea que ese gremio rechaza el proyecto tal y como está, porque encarecería más los combustibles y sólo favorecería a los importadores mayoristas del sector.
Puntualizó que la nueva ley debe considerar a todos los que intervienen en el sector.
“En el aumento de las variables en el precio de paridad, todas tienden a asegurarle el negocio a los importadores. Mientras que, a nosotros, los de escala menor, tenemos las mismas variables, porque tenemos almacenamientos, manejo de terminal, costos bancarios, pérdidas y no nos reconocen nada de eso”, agregó Matos.
De acuerdo con el presidente de Anadegas, la nueva ley favorece a los importadores con los costos bancarios de un mes de almacenamiento, mientras que a los detallistas no y que ellos deben almacenar entre 20 a 25 días.
“Si se dan todas las facilidades al importador, que también es distribuidor, transportista y detallista, ¿cómo un detallista que sólo es detallista no puede competir con ese que lo tiene todo?”, dijo.
En palabras de su presidente, lo que propone Anadegas es una mesa de trabajo donde se tome en cuenta a todos los actores y que su resultado sea realmente beneficioso para todos, en especial al consumidor final.
Qué dicen los expertos
Una de las motivaciones de una modificación a la ley es buscar una reducción en los precios de los combustibles, lo que, para el consultor y economista, Henri Hebrard, no será tan fácil, a menos que se reduzcan los impuestos que gravan los diferentes combustibles.
“Yo no creo que se puedan alterar los impuestos a los combustibles de manera aislada, tendría que ser dentro del marco de una reforma fiscal más profunda”, puntualizó.
Dijo a Bloomberg Línea que, si se compara República Dominicana con los países de Centroamérica, en similares condiciones, el diferencial de precio no es más que por los impuestos, exceptuando Guatemala porque tiene una pequeña producción de petróleo.
Para el experto, el proyecto de ley debe ser más ambicioso y contemplar la discusión de la conversión del impuesto ad valorem en un ITBIS (Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios) o IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), de modo que, las empresas pudieran reportarlo como gastos y sería un premio a la formalización.
Destacó que, una gran diferencia de República Dominicana con países de la región es que impuesto ad valorem es un IVA y se puede recuperar, mientras que en el país al ser un selectivo no se puede recuperar.
Márgenes de ganancias
En palabra del experto, uno de los problemas que le ve a la ley es que no había contempla los mecánicos de los ajustes de márgenes o remuneración que se le otorgan a los detallistas y mayoristas, ya que su compensación está fijada en pesos.
“Pienso que la nueva ley debe fijar más claramente la forma con la cual se va a ir actualizando los márgenes de remuneración de modo que no existan arbitrariedad y que sea apoyada en lo que dice la ley y no una resolución”, sostuvo.
Hebrard destacó que en relación con la frecuencia de la revisión de los precios cada 15 días, es más factible cada dos semanas, por el hecho de que hay una costumbre de que sea los viernes y con la nueva metodología puede caer un sábado u otro día.
Consideró que debe hacerse una modificación a la ley porque en más de 20 años el sector ha cambiado muchísimo y el consumo no es el mismo, además los actores han cambiado.
Explicó que antes estaban bien marcado por detallistas, transportistas mayoristas y las grandes marcas, hoy día es un sector mucho más concentrado, donde una misma compañía está involucrada en la operación de las gasolineras, transportando e importando directamente su combustible.
Indicó que la actual ley 112-00, más que una ley de hidrocarburos es una ley de impuestos a los hidrocarburos.
Según el experto la Ley 112-00 se creó con el objetivo de crear un blindaje para la economía dominicana y asegurar recursos para cubrir el servicio de la deuda, además de dar solución a la problemática que surgió en los años 90, sobre el mecanismo de precio, que antes era un diferencial y muchas veces se encontraba en negativo y no se podía predecir los ingreso para el Estado.
Aspectos no tan claros
En tanto que, el experto en derecho Energético e Hidrocarburos, Alberto R. Reyes Sánchez, el proyecto es un paso acertado, aunque parecería ser una mejora inconclusa, ya que hay aspectos que no quedan claros si se derogan, o no.
Dijo a Bloomberg Línea que la incorporación e institucionalización del Fondo de Estabilización y Compensación de los Precios de los Combustibles (FECOPECO) es un paso en la dirección correcta. Aunque entiende que, se debieron desarrollar los lineamientos generales en mayor detalle, dejando establecidas las formas de capitalización, los propósitos y uso en diversos escenarios de precios.
Aunque ve el proyecto en la dirección correcta, cree que este deja sin contestar algunos aspectos sin contestar, como: la eliminación del componente GAL (Gasto de Administración de Ley).
“Además, ¿porque un Ministerio que como cualquier agencia de dicha categoría recibe cientos de millones de pesos a través del presupuesto nacional, debe entonces también recibir una partida por “administrar la ley”? ¿No es acaso esa la función misma del agente rector? ¿No recibe partidas presupuestarias a tales fines a través del presupuesto nacional?”, cuestionó Reyes Sánchez, quién fungió como viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (2014-2020).
Este artículo fue modificado en sus últimos párrados para agregar la opinión del señor Alberto R. Reyes Sánchez de la firma Guzmán Ariza.
