Ciudad de Panamá — Los altos niveles de corrupción aumentan el riesgo de invertir en Panamá, una de las economías más importantes de la región, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por hacer más efectiva la transparencia financiera, advierte un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU).
“La corrupción es uno de los desafíos más importantes de Panamá. Ocupó el puesto 105 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional 2021. Supuestas irregularidades de adquisiciones de alto perfil en 2020, incluidas varias relacionadas con la respuesta a la pandemia, contribuyeron al escepticismo público sobre la transparencia del gobierno”, destaca el documento.
Junto a la corrupción, el Departamento de Estado señala que en Panamá un débil sistema judicial, aunado a una reputación de falta de pago por parte del gobierno y un clima laboral inestable contribuyen a acrecentar un clima de inversión de mucho riesgo.
Y es que para el Banco Mundial el crecimiento económico de Panamá este 2022 se ubicará en un 6,3% , mientras que la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) lo proyecta en 7,3%, manteniendo, según este organismo, “el liderazgo de crecimiento en América Central”.
En su último informe, de junio de este año, el Banco Mundial apunta que Panamá se posiciona como una de las cinco economías con mejores previsiones en América Latina Latina y el Caribe, solo superado por Guyana (47,9%), Barbados (11,2%), Dominica (6,8%) y Santa Lucía (6,4%).
Pero esto podría afectarse, el informe del Departamento de Estado de EEUU alega que la rendición de cuentas es débil, debido a que las autoridades panameñas no tienen controles efectivos que le hagan frente a estos males que inciden negativamente sobre la economía.
No duda en afirmar que el riesgo de invertir en Panamá también se ve empañado por su presencia desde junio de 2019 en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), motivada por las deficiencias sistemáticas en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
“Todos los ciudadanos están obligados por las leyes anticorrupción; sin embargo, según la ley panameña, solo la Asamblea Nacional puede iniciar investigaciones de corrupción contra los jueces de la Corte Suprema, y solo la Corte Suprema puede iniciar investigaciones contra los miembros de la Asamblea Nacional, lo que ha dado lugar a acusaciones de un “pacto de no agresión” de facto entre las ramas, apunta el Departamento de Estado de EEUU.
No obstante, reconoce que las autoridades han tomado algunas iniciativas para hacer más viable el clima de inversión y aupar la transparencia, y cita como ejemplo la aprobación de la ley de asociación público-privada (APP) y la ley de contratación pública, aprobada en mayo de 2020, cuyo propósito es mejorar los procesos de licitación.
Respecto al sistema judicial, que no escapa de la sensación de impunidad existente, destaca que este siempre se enfrenta a importantes déficits presupuestarios que no permiten su efectividad.
“El poder judicial todavía lucha por la falta de independencia, un legado de un sistema a menudo politizado para nombrar jueces, fiscales y otros funcionarios”, recalca.
En su informe, el Departamento de Estado de EEUU se refiere a uno de los casos de corrupción más sonados del país, reiterando que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado 59 millones de dólares en sobornos para ganar contratos locales por un valor de al menos 175 millones de dólares entre 2010 y 2014.
“Panamá cuenta con mecanismos anticorrupción, incluidos programas de protección de testigos y denunciantes y reglas de conflicto de intereses. Sin embargo, el público percibe que las leyes anticorrupción son débiles y no se aplican con rigor, y que los órganos gubernamentales encargados de hacer cumplir la ley y los tribunales no son efectivos para perseguir y enjuiciar a los acusados de corrupción”, afirma el Departamento de Estado de EEUU.
Bloomberg Línea le consultó al Ministerio de la Presidencia de Panamá su versión respecto a este informe, hasta el momento no han contestado.
