Bogotá — A través de actos administrativos, y según conoció Bloomberg Línea, el Ministerio de Hacienda ha reconocido y girado entre 2018 y lo corrido de 2022 un total de $7,2 billones para más de 66.600 beneficiarios que ganaron pleitos judiciales contra el Estado o con quienes se llegó a acuerdos de conciliación. Esto, después de haber procesado todas las solicitudes enviadas por las entidades en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
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De ese total, ya han sido pagados a los beneficiarios finales y por parte de las demandadas $5 billones; y los restantes $2,2 billones ya están en poder de las entidades responsables surtiendo procesos internos para poder ser girados. Por ello precisamente es que se sacó un proyecto de decreto que pronto será firmado por los jefes de las carteras de Hacienda, José Manuel Restrepo, y de Justicia, Wilson Ruiz, en el que se extiende hasta el 30 de septiembre de 2022 el plazo para pagar las sentencias que se encontraban en mora al 25 de mayo de 2019 y que al 31 de julio de 2022 hayan sido reconocidas como deuda pública por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
Esta normativa entrega entonces un plazo adicional de dos meses para cumplir con esta obligación, modificando así el parágrafo 4 del Decreto 642 del 11 de mayo de 2020.
Las que tienen más sentencias
Son tres las entidades que representan más del 80% de las sentencias solicitadas: Ministerio de Defensa, que en el cuatrienio le fueron reconocidos como deuda pública más de $4 billones y se contabilizan 37.198 beneficiarios; Fiscalía General de la Nación, con $1,7 billones y 16.219 beneficiarios; y Policía Nacional, con 5.011 beneficiarios y más de $714.000 millones.
En la lista también están la Rama Judicial, el Invías, el Inpec, la UGPP, Planeación Nacional, los ministerios de Minas, TIC y Transporte, la Unidad Nacional de Protección, el Senado de la República y Fonferrocarriles.
Es importante aclarar que la cartera de Hacienda solo reconoce como deuda pública un proceso ejecutoriado de última instancia y que surta el procedimiento que se planteó en el PND y sus decretos reglamentarios. Y ese reconocimiento opera únicamente para las entidades que son parte del Presupuesto General de la Nación.
Las obligaciones son pagadas con cargo al servicio de la deuda o a través de la emisión de TES.
Este es el proyecto de decreto:
¿Cómo avanza la defensa del Estado?
Camilo Gómez, director saliente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, le dijo a Bloomberg Línea que han mejorado sustancialmente todos los procesos. “Logramos ganar litigios por $66,1 billones y en los casos en los que no se ganó, tuvimos ahorros de $5,8 billones, es decir nos condenaron en $5,8 billones menos de lo que esperaban los demandantes. Y en lo internacional ganamos muchos litigios, los de arbitraje de inversión prácticamente todos. Nuestra tasa de éxito está en 87%”.
En esa línea destacó algunos de los casos que quedan en trámite. “En el ámbito internacional los relacionados con minería, hay temas de ambiente donde hemos avanzado mucho como en la defensa del Páramo de Santurbán, ahí ya se lograron posiciones sólidas a favor de Colombia; el caso Aquarela, donde me preocupa que el país vaya a perder la condición de patrimonio cultural de la humanidad”.
