Bloomberg Línea — La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aclaró el miércoles que el presidente de Perú, Pedro Castillo, sí tendrá que asistir a la sede del Ministerio Público el jueves 4 de agosto para rendir su declaración en calidad de investigado por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, bajo el presunto delito de tráfico de influencias.
Benavides especificó que Castillo es investigado en este caso y no testigo, razón por la que su asistencia a la sede de la Fiscalía es obligatoria y su declaración no podrá ser tomada en el Palacio de Gobierno, como lo había solicitado el abogado Benji Espinoza más temprano el miércoles.
“La diligencia se realizará en el Ministerio Público”, dijo la fiscal de la Nación a RPP, explicando que aunque el pedido de Espinoza se hizo bajo el artículo 167 del Código Procesal Penal, este solo es aplicable cuando el alto dignatario “es un testigo”.
El abogado de Castillo había explicado también a ese medio que la ley de Perú establecía que el alto dignatario podía elegir si asistía al Ministerio Público o recibía a las autoridades judiciales en su despacho, y que esta última había sido su decisión para la declaración del jueves 4 de agosto a las 9:00 a. m. (hora local). La petición fue rechazada por Benavides, quien también detalló que la citación se había notificado con 15 días de anterioridad.
Incluso, en la tarde del miércoles el Ministerio Público compartió a través de redes sociales la carta oficial que fue enviada al presidente Pedro Castillo y su defensa en la que se explican las razones por las que debe asistir a rendir declaración en la sede fiscal.
En el texto se señala que la norma solo regula la declaración de testigos y no de investigados y, en este caso, a Castillo se le investiga por tráfico de influencias y una investigación ampliada por el delito de organización criminal, por lo que “no le asisten los privilegios contemplados en la precitada norma”.
Por último, la misiva precisa que la declaración del presidente Castillo será en el despacho del área especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la sede central del Ministerio Público.
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