Quito — Ecuador no ha sido notificado del congelamiento de sus cuentas en Luxemburgo luego de que la justicia de ese país fallara a favor de la petrolera francesa Perenco, que reclama el pago de US$391 millones al Estado ecuatoriano. El Gobierno anunció, además, que seguirá trabajando en un esquema de pagos con la firma.
”En relación al congelamiento de los activos del Estado –reportados por agencias de medios internacionales-, el Ministerio de Economía y Finanzas informa que hasta el momento no se ha recibido una notificación oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo, ni se conoce de ninguna afectación a los activos del país en el extranjero”, señala un comunicado oficial que llegó tras la insistencia de la prensa.
Allí se explica, además, que la retención habría sido ordenada por los jueces de Luxemburgo en ejecución del laudo dictado el 12 de septiembre de 2014, por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Este proceso arbitral se inició el 30 de abril de 2008, cuando Perenco exigió originalmente el pago de US$1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido como consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006.
En ese cuerpo legal se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos, porcentaje que -mediante el Decreto Ejecutivo No. 662 de 4 de octubre de 2007 dictado durante la administración del expresidente Rafael Correa- se incrementó al 99%.
El Tribunal Arbitral resolvió que dicho incremento equivalía a una confiscación y condenó finalmente al Estado ecuatoriano el pago de US$374′373.154.
”El Ministerio de Economía y Finanzas, acompañado de la Procuraduría General del Estado, continuará con el establecimiento del mecanismo de pago con la compañía Perenco”, se asegura en el comunicado, donde se explica también que una vez hechos los pagos “corresponderá a la PGE coordinar con las entidades públicas correspondientes el inicio de los juicios de repetición contra los funcionarios responsables de los actos por los cuales el Estado fue condenado internacionalmente”.
