Colombia avanza en la regulación de criptoactivos desde diferentes ángulos y entidades, entre el financiero hasta el legal. Sin embargo, la gran preocupación no solo del país, sino del mundo, es qué tanto estas monedas digitales favorecen a las organizaciones ilegales nacionales e internacionales para movilizar recursos para el lavado de activos, financiar el terrorismo e incluso, para alimentar redes de corrupción.
En entrevista con Bloomberg Línea, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), señala que la entidad “ya ha detectado posibles operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con activos virtuales”. La inteligencia financiera de Colombia está en cabeza de la UIAF, una entidad que sigue con lupa las transacciones que se hacen en el sistema financiero y en el sector real de la economía con el fin de detectar anomalías asociadas con posibles operaciones de lavado de activos para reportarlas a las autoridades.
Esta entidad recibe información de más de 23 mil sujetos obligados a reportar del sector financiero, real y de las actividades y profesiones no financieras designadas conocidas como APNFD, de los organismos de inteligencia, de la fuerza pública y de la misma Fiscalía, entre otras fuentes. Precisamente por su misión y por la información delicada que analiza no es común que salga a la luz los resultados que dan.
Gutiérrez López, quien es director desde septiembre del 2018 -pero quien ha estado en la entidad desde hace 12 años en diversos cargos- habló por primera vez con un medio de comunicación sobre cómo está Colombia en su sistema antilavado y cuáles son los retos que enfrenta el país en inteligencia financiera, en especial el desafío que se tiene con la protección de las entidades sin ánimo de lucro y el avance de los activos virtuales.
De hecho, en los últimos cuatro años, se han prendido las alertas por el orden de los 50 billones de pesos en posibles operaciones sospechosas de lavado de activos analizadas en la UIAF (monto igual a lo que se pretende recoger en la tributaria del gobierno de Gustavo Petro), con lo que se produjeron 550 productos de inteligencia y 13 informes promedio cada mes. De igual manera, el 35 % de los casos difundidos por la Uiaf en los últimos cuatro años estuvieron relacionados con corrupción, es decir, 130 informes de inteligencia financiera estimados en más de 5 billones de pesos y que involucran a 1.139 personas y empresas.
”No es un secreto que el lavado de activos y la financiación de terrorismo a través de la minería de activos virtuales está sujeto a que dineros ilegales puedan ser utilizados para adquirir herramientas computacionales para realizar labores de minería o pagar por el servicio de la misma; de esta forma, dineros ilegales que impulsen la oferta inicial se pueden mezclar con dineros legales”
Javier Gutiérrez, director de la Uiaf
Posible lavado con cripto
Gutiérrez le dijo a Bloomberg Línea que “activos virtuales aparecen en reportes de operaciones sospechosas y en informes de inteligencia de la UIAF, asociados a movimientos de dinero de origen ilícito para el posible lavado de activos y al financiamiento del terrorismo en transacciones de redes criminales transnacionales”. Puntualmente en lo que tiene que ver con activos virtuales, la UIAF revela que desde el 2014 y el 2021 ha recibido 1.379 reportes de operaciones sospechosas que involucran transacciones con criptoactivos.
Por esta razón, en diciembre del año pasado se expidió la resolución 314 que impone a los proveedores de servicios de activos virtuales enviar reportes de las operaciones individuales y múltiples sobre activos virtuales, así como las que aparezcan dudosas.Sobre este punto, Gutiérrez afirma que, a pesar de los controles, sigue habiendo huecos en los blindajes.
”No es un secreto que el lavado de activos y la financiación de terrorismo a través de la minería de activos virtuales está sujeto a que dineros ilegales puedan ser utilizados para adquirir herramientas computacionales para realizar labores de minería o pagar por el servicio de la misma; de esta forma, dineros ilegales que impulsen la oferta inicial se pueden mezclar con dineros legales”, advierte Gutiérrez.
El alto funcionario señala que además de la minería, hay varios elementos que propician las sombras sobre estas transacciones: “La principal característica es que los activos virtuales son seudoanónimos. La falta de información para establecer quién es el originante de los fondos, quién realiza la transacción, cuál es el destino de los recursos y quién es el beneficiario final, es sin duda el mayor reto”.
Para avanzar, señala Gutiérrez, es importante identificar quiénes realizan minería, sus financiadores, quiénes emiten los activos virtuales y quiénes adquieren en el mercado originador.El director de la UIAF advierte que aún queda camino para blindarse frente al mal uso de las monedas digitales.
“Nuestro objetivo no es estigmatizar los activos virtuales, queremos protegerlos de la penetración de dineros ilícitos. Pero es necesario evaluar y entender el riesgo en operaciones con activos digitales y avanzar a una única normatividad antilavado. Colombia debe expedir una regulación que defina la posición frente al tema, incluso decir si se prohíbe o no. Para ello sería pertinente una ley marco y expedir regulaciones que alimenten el esquema de sanciones”, señala.
Entidades sin ánimo de lucro
Lo concreto es que el lavado de activos va más allá de las cripto. Para atacar la financiación de organizaciones criminales transnacionales, la entidad desarrolló 15 proyectos para darle dientes al sistema antilavado mediante políticas públicas y se trabajó, entre otros, en estrategias como la que pretende acelerar el levantamiento de información de inteligencia, y el llamado sistema antilavado dinámico y efectivo (SDE), que es una especie de mecanismo que le facilita atar cabos de dineros, personas y recursos.
“Nuestro objetivo no es estigmatizar los activos virtuales, queremos protegerlos de la penetración de dineros ilícitos. Pero es necesario evaluar y entender el riesgo en operaciones con activos digitales y avanzar a una única normatividad antilavado”.
Javier Gutiérrez, director de la UIAF
Gutiérrez le contó a Bloomberg Línea que uno de los retos del nuevo gobierno están enfocados a acelerar el trabajo para la evaluación “del riesgo de financiamiento del terrorismo a través de las entidades sin ánimo de lucro”, tal como lo exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Sin estigmatizar, el objetivo es proteger a estas organizaciones, que le traen bienestar a la sociedad, de ser usadas por los grupos terroristas para sus fines delictivos”, advierte Gutiérrez.
Otro de los retos están dirigidos a cerrar las brechas entre lo que recomienda el GAFI y los vacíos que aún tiene Colombia. Por ejemplo, se debe cumplir con el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el ámbito de las sanciones financieras, el congelamiento de bienes de personas o entidades designadas como terroristas por ese organismo.
Además, Gutiérrez insiste en que se requiere ampliar mucho más el régimen antilavado a todas las actividades y profesiones conocidas como APNFD, por lo que propone la creación de una superintendencia que supervise este aspecto. “Si bien se ha avanzado con las regulaciones de la Superintendencia de Sociedades para cubrir abogados, contadores, inmobiliarias y comerciantes de metales y piedras preciosas, el esquema regulatorio no alcanza a abarcar a todo el universo”, concluye Gutiérrez.
