Bloomberg — La minería ilegal representa una enorme amenaza para la Amazonía de Brasil. Es de tal magnitud que la industria minera legal está tratando de que el banco central del país se involucre en su supervisión.
Con grandes empresas y organizaciones no gubernamentales presionando para que tome medidas enérgicas contra los flujos de oro no regulados, el jefe del banco central, Roberto Campos Neto, se comprometió a buscar formas de mejorar la supervisión de los compradores autorizados por los bancos, dijo el instituto minero Ibram en un comunicado luego de reunirse con Campos Neto.
Ibram y la policía federal también están desarrollando un sistema de trazabilidad utilizando radioisótopos para establecer un ADN para el oro brasileño.
Las grandes mineras quieren diferenciarse de la minería ilegal “dominada por organizaciones criminales”, dijo por teléfono el presidente del Ibram, Raul Jungmann. “La minería ilegal impacta la reputación del sector, lo que significa restricciones en términos de aprobación socioambiental, de imagen y de mercado”.
La organización de sostenibilidad Instituto Escolhas, estima que entre 2015 y 2020, Brasil comercializó 229 toneladas de oro con graves indicios de ilegalidad, alrededor del 50% de la producción nacional. De acuerdo a un estudio, un puñado de agentes de valores representaron un tercio de todo el oro identificado.
En Brasil, todo el oro de la minería artesanal, conocido como garimpo, debe venderse a empresas acreditadas por el banco central. La falta de controles permite a los mineros informales hacer solicitudes de origen falsas mediante el registro de un número de título minero válido.
La ley local exime a las casas de bolsa de responsabilidad por irregularidades, asegurando que las compras de oro se puedan realizar con base en la presunción de “buena fe”, siempre que los mineros ilegales presenten un certificado de origen autoemitido. Las empresas mineras y los grupos de sostenibilidad buscan que se prohíba esa regulación.
