Santiago — La propuesta de nueva Constitución, escrita por la Convención, apuesta por la modificación del modelo económico chileno y amplía los derechos sociales, pero esto tendría un costo alto. De ser aprobado el texto en el referéndum del 4 de septiembre, la implementación de la nueva Carta podría costar anualmente hasta un 14,2% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a US$ 45.000 millones, según un estudio realizado por académicos.
El informe fue elaborado por Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda; Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central de Chile; Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos; y los académicos Andrea Bentancor, de la Universidad de Talca; Guillermo Larraín, de la Universidad de Chile; Claudia Martínez, de la Universidad Católica. El objetivo de la investigación fue acercarse a una estimación del costo fiscal incremental directo que implicaría la implementación de la propuesta que se someterá a un plebiscito.
El equipo evaluó dos escenarios, uno más “bajo”, que significa más conservador en provisión de servicios y gastos, y otro más “alto”. “Los dos escenarios difieren a veces por el método utilizado y otras por supuestos o la interpretación del artículo respectivo”, aclara el estudio. En una estimación baja el costo anual de la implementación de la nueva Constitución sería de 8,9% del PIB, lo que equivale a unos US$ 28.500 millones.
Un desglose de las estimaciones apunta a que la categoría de protección social representa un mayor costo total anual, seguida por salud, educación, servicios públicos generales, orden público y seguridad, servicios comunitarios.
El estudio es el primero que se divulga al respecto. El jueves, en la noche, fue presentado en un programa del Canal 13, donde los investigadores expusieron sus distintos puntos de vistas.
Bloomberg Línea, a mediados de julio, consultó en una entrevista al ministro de Economía, Nicolás Grau, si desde el Ejecutivo tenían estimaciones de cuánto costaría fiscalmente la implementación de la nueva Constitución. Su respuesta fue que la propuesta, al igual que otras Cartas Fundamentales a nivel mundial, marca un camino a largo plazo, con “ciertas orientaciones generales”. De ahí que no sería “posible hacer un cálculo” al respecto, porque tendrían que considerarse un “conjunto de supuestos muy complejos”.
Chile es una de las economías más ricas de Latinoamérica. El 18 de octubre de 2019, una revuelta social remeció al país. La salida institucional a las protestas fue un pacto político por una nueva Constitución que sustituyera a la actual, que fue escrita en 1980. La idea de una nueva Carta Magna fue apoyada por casi un 80% de los votantes en un plebiscito realizado en 2020, lo que derivó en la instalación de una Convención Constitucional, que finalizó sus funciones y se disolvió a principios de julio.
Las encuestas actualmente indican que el proyecto escrito por los convencionales sería rechazado en el referéndum del 4 de septiembre, motivo por el cual el presidente Gabriel Boric dijo que impulsaría un nuevo proceso constitucional en ese caso.