Lima — La actividad minera está atravesando un momento complejo en el Perú: la conflictividad social en las zonas de proyectos no se detiene y afecta significativamente la productividad de estos, al mismo tiempo que los inversores le reclaman al Gobierno una política clara para la actividad.
Los problemas son variados e incluyen a un cambio permanente de figuras al frente del Ministerio de Energía y Minas durante el primer año de Pedro Castillo al frente del Poder Ejecutivo y ponen en jaque una economía que tiene una enorme dependencia hacia el sector: más del 60% de los productos que exporta el Perú provienen de la minería y la actividad representa alrededor de un 10% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
Referentes del sector que coincidieron en la necesidad de resolver con urgencia los conflictos sociales, que tienen como foco principal los bloqueos y protestas en Las Bambas y Southern Perú (ambos en Apurímac). El último Reporte de Conflictos Sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo contabilizó 66 frentes abiertos en relación al sector minero.
En este contexto, un informe realizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería y por Vantaz Group destaca que el 93% de los altos ejecutivos del sector tienen una visión pesimista sobre la situación social vinculada a la minería. Por otro lado, los de mando medio – colaboradores en su 100% creen que la situación es desfavorable actualmente. Además, un 65% de los encuestados aseguró que ve un riesgo incremental para la continuidad de operaciones mineras a raíz de los bloqueos en las zonas afectadas por la conflictividad.
Conflictividad
“No sucedía antes que hubiera conflictos sociales en actividades en marcha”, señaló a Bloomberg Línea Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y exministra de Energía y Minas.
Grossheim destacó que aunque había conflictos en proyectos, estos no se daban de forma tan usual en operaciones mineras en curso. “Lo que empezó a suceder el año pasado hizo que se pararan proyectos, algo que para la industria es sumamente fuerte. Se ha invadido propiedad privada. Se han afectado derechos de trabajadores”.
La ejecutiva añadió que algunas operaciones mineras como Cuajone y Las Bambas estuvieron paralizadas por más de 50 días y que se está trabajando “con lo justo”. Además, Grossheim consignó que el año pasado los conflictos en relación a la minería implicaron pérdidas en torno a los US$600 millones y en lo que va de 2022 esa cifra superaría los US$786 millones.
En línea con lo mencionado, Juan Carlos Guajardo, director de Plusmining, afirmó que “un hecho distintivo” ha sido que la conflictividad, que hasta hace poco se concentraba en torno a proyectos mineros, “traspasó esa barrera y llegó hasta las operaciones”.
“Los conflictos en Las Bambas y en Southern fueron los más notorios y con más toneladas perdidas, pero se extendió por varias otras áreas”, especificó.
Por su parte, Hugo Perea Flores, economista jefe de BBVA Perú y exviceministro de Economía, indicó que para restarle tensión a estos estos conflictos, “el Gobierno debe tener una comunicación activa, realista y garantizar condiciones adecuadas para mitigar el impacto ambiental de la explotación del recurso minero”.
Además, sostuvo que “es necesario mejorar la ejecución del gasto público en obras y servicios para las poblaciones que se financian con los recursos provenientes de la actividad minera”.
Según Perea Flores, esto último es un elemento es fundamental “para que la población perciba los impactos positivos que la minería genera sobre el bienestar de los ciudadanos que residen en las zonas de influencia de los proyectos”.
El impacto económico
Para tomar noción del impacto económico que genera la conflictividad en zonas mineras, el último reporte de actividad económica del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) resalta que en mayo la producción del sector minería e hidrocarburos se redujo 6,6% interanual, por la menor extracción de la mayoría de los metales, a excepción de molibdeno y estaño.
Y esta menor extracción de cobre “se debió a los conflictos sociales que enfrentó Las Bambas”, destacó el informe. En los primeros cinco meses del año, el sector minería e hidrocarburos disminuyó 0,9%.
En particular, el informe subraya que la producción de cobre se redujo 12,6% en mayo por la paralización de Las Bambas y por el bloqueo al corredor minero del sur, que también afectó la producción de Antapaccay y Constancia. Asimismo, se registró menor producción de Southern.
La respuesta del Gobierno ante los conflictos
Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas anunció medidas frente a los actos de violencia generados por actividades mineras.
El equipo de Castillo publicó el Decreto Supremo N° 008-2022-EM, que incorpora una causal de exclusión del proceso de formalización “a aquellos mineros que no desarrollen sus actividades de forma pacífica, vulnerando el derecho a la vida, a la integridad, seguridad o salud de las personas; o provocando daños a las instalaciones públicas o privadas”.
Según el comunicado del Gobierno, “la medida invita a reflexionar a todos los actores del sector de pequeña minería y minería artesanal inmersos en el proceso de formalización minera integral, a ejecutar y proyectar el desarrollo de sus actividades mineras dentro de un clima equilibrado, anteponiendo el diálogo y respecto ante una eventual diferencia de intereses, así como reprochar todo acto que lo pueda alterar”.
Críticas al entorno de negocios
Independientemente de la preocupación por los bloqueos en las zonas de conflicto, los empresarios y ejecutivos del sector critican la política de Castillo en términos del clima de negocios.
“La visión que se tiene en la industria respecto de la política minera del gobierno de Pedro Castillo es de una clara falta de entendimiento de todo el potencial económico que este sector aporta directa e indirectamente a la economía del Perú”, afirmó Carlos Lobatón Lira, socio y country manager Perú de la consultora minera Vantaz Group .
Lira recordó que, inicialmente, el Gobierno hablaba de medidas “controversiales”, tales como el impuesto a las sobre ganancias mineras y de convertir el Estado peruano en socio o ejecutor mayoritario de los proyectos mineros, “lo que ha provocado un ambiente de desconfianza e incertidumbre entre las corporaciones mineras e inversionistas extranjeros y locales”.
“Esto, sumado con la caída del precio del cobre, ha contribuido a una contracción en las exportaciones cuyas repercusiones se empiezan a sentir en la economía del país”, advirtió el ejecutivo.
Por su parte, Juan Carlos Guajardo destacó que desde el Gobierno de Castillo se han registrado varios cuestionamientos e intentos de reforma en el sector minero. “Algunas autoridades han manifestado críticas públicas al sector, con el inevitable costo que eso significa, y por otro lado se han intentado realizar revisiones en temas como el tributario”, alertó.
Según el empresario y exministro de Energía y Minas de Perú Rafael Belaúnde Llosa, Castillo ha mostrado “prejuicio y animadversión hacia la minería”.
Belaúnde Llosa explicó que la carga tributaria del sector minero tiene un componente fijo (30% renta) y otro progresivo constituido por las regalías y el Impuesto Especial Minero y estos se computan sobre la utilidad operativa, de modo tal que a mayor utilidad operativa, mayor tasa se tributa. “A precios actuales, la presión tributaria del sector es de cerca del 50%”, mencionó.
El exministro de Energía y Minas apuntó que la minería demanda de mucho capital de riesgo que predomina en la fase de exploración; una etapa que puede implicar pérdidas millonarias para las empresas mineras por ser escasos los prospectos que se llegan a convertir en operaciones mineras.
“Desarrollar las minas demanda aún más dinero. Las Bambas, US$10.000 millones; Quellaveco, US$5.600 millones; Antamina, US$2.000 millones. De modo que no tiene sentido que el Estado peruano desvíe recursos que podría destinar en salud, educación o infraestructura y arriesgarlos en explorar o explotar minas, sobre todo cuando ya se cuenta con un marco tributario en el que recibe cerca del 50% del beneficio”, remarcó Belaunde.
Cambios de funcionarios
Otra de las principales preocupaciones del sector pasa por la innumerable cantidad de cambios de Gabinete que ha tenido el primer año del Gobierno de Castillo: de hecho, la actual ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera Jara, es la cuarta funcionaria en ocupar el cargo en estos 365 días. En realidad había sido nombrada el 1° de febrero, pero estuvo tan solo una semana al frente de la cartera y volvió a ocupar ese lugar desde el 22 de mayo.
“En un Gobierno que ha cambiado cinco veces al ministro de Energía de Minas, cada uno con diferente visión y enfoque, definitivamente es imposible tener una proyección de crecimiento e inversión, al no haber un liderazgo estable y consecuente”, criticó Lobatón Lira.
Pero la problemática en términos de institucionalidad va algo más allá los cambios en la cartera correspondiente: “Ha habido mensajes confortativos de altas autoridades, como el de la premier anterior, Mirtha Vásquez, anunciando no se iban a extender algunos permisos de operación”.
Aspectos alentadores
Más allá de las críticas a la política gubernamental y los temores por la conflictividad y los bloqueos, los consultados destacaron las posibilidades de crecimiento apuntalado en la minería que presenta el Perú.
“Afortunadamente para la minería peruana, se contaba con el ‘ramp up’ de Mina Justa y el que está comenzando en Quellaveco, lo que compensa esa situación, pero sin la conflictividad el crecimiento en la producción podría haber sido mayor”, afirmó Guajardo.
Y agregó: “La minería peruana tiene un potencial enorme. En minerales como el cobre, es uno de los pocos países en el mundo con una cartera de proyectos greenfield que podría aumentar la producción en términos netos, habida cuenta de la caída acelerada de leyes que se aprecia en el mundo. Y la ventana de oportunidad, por la revalorización de la demanda de algunos metales debido a la descarbonización, es muy importante”.
En concordancia con esta posición, Perea Flores añadió que, más allá de una corrección a la baja en los precios de los metales industriales que Perú exporta, hay un soporte a mediano plazo y “grandes oportunidades”.
“En particular, el precio del cobre, el principal producto de exportación de Perú, se verá favorecido por mayor demanda que se espera en los próximos años para el desarrollo de inversión en infraestructura verde y la reconversión vehicular, en un entorno de mayor preocupación por el cambio climático”, puntualizó.
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