Ciudad de Panamá — La respuesta del país ante los disturbios sociales que por tres semanas prácticamente paralizaron la economía y la movilidad de los panameños tendrá implicaciones fiscales y su magnitud “dependerá de la actividad de la protesta, del tiempo que permanezcan en vigor las medidas anunciadas y si se anuncian nuevas medidas”, afirma Fitch Ratings, la segunda agencia calificadora de riesgo en pronunciarse ante la crisis.
La capacidad de las autoridades nacionales para contener el gasto se reflejará en los resultados fiscales, advirtió también la agencia calificadora, que indicó que las manifestaciones por el alto costo de la vida a nivel nacional son “el malestar social más importante de las últimas tres décadas en Panamá”.
Desde finales de la década de 1980, cuando el país estaba en manos de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, no se había visto una afectación tan grande a la economía panameña, que sectores empresariales no dudan en estimar en más de 500 millones de dólares.
Para su análisis, Fitch Ratings considera las medidas que asumió el Ejecutivo panameño, como son el subsidio a la gasolina para que el precio al consumidor sea de $3.25 el galón, además del congelamiento de los precios de 72 productos de la canasta básica, así como la suspensión de los aranceles de importación de alimentos y bienes, amén de la ampliación de las transferencias sociales previstas para la pandemia, en lugar de su eliminación en junio.
Se requieren “esfuerzos” contra la corrupción
Se aprobó un gasto de hasta 200 millones de dólares, que representa un 0.3% del PIB, para subvencionar el costo de la gasolina durante tres meses, pero las tensiones se mantienen y se requieren esfuerzos para abordar las preocupaciones más amplias de los manifestantes sobre la corrupción, entre ellas el escándalo de sobornos de Odebrecht, que involucra dos ex presidentes, y cuyas audiencias comenzaron este mes, además del despilfarro gubernamental, indica la agencia.
“El impacto fiscal de las protestas sigue sin estar claro. Los subsidios anunciados podrían mantenerse durante más tiempo si persiste el descontento social, o bien aumentarse o ampliarse a otros bienes. El coste de la ampliación de las transferencias sociales concedidas durante la pandemia parece ahora superior a los 400 millones de dólares presupuestados para 2022″, expone Fitch.
La semana pasada la calificadora de riesgo Moody’s Investors Service también resaltó que la situación social amenaza con dar al traste con la otrora pujante economía panameña, afectando su crecimiento, la consolidación fiscal y su calificación de riesgo.
El presupuesto para 2022 tiene como objetivo un déficit del sector público no financiero (SPNF) del 4% del PIB, inferior al 6,7% del año pasado y conforme a la ley de responsabilidad fiscal modificada, con una reducción impulsada principalmente por los ingresos, mientras que el crecimiento del gasto es limitado.
Además, la calificadora de riesgo crediticio estima un aumento de 300 millones de dólares en los dividendos del Canal, un aporte de los cánones mineros mínimo anual de 375 millones de dólares producto de la negociación con la empresa minera First Quantum y que el gobierno estima que los ingresos adicionales del Canal de Panamá en virtud de su sistema de peaje modificado a partir de enero ascenderán a 295 millones de dólares en el ejercicio fiscal, hasta finales de septiembre de 2023.
Una gestión “imprudente”
Sin embargo, el economista y experto calificador de riesgo Ernesto Bazán manifestó que el subsidio de la gasolina implicará un gasto de más de 700 millones de dólares anuales, aunque aún hay grupos exigiendo que el galón se establezca en un menor precio, por lo que el subsidio aumentaría.
Aunado a esta situación, y considerando los 72 productos congelados de la canasta básica, sin contar con que en la mesa del diálogo entre manifestantes y autoridades todavía no se ha abordado el tema de los medicamentos, estaríamos hablando de unos mil millones anuales, según sus cálculos.
Bazán recordó a Bloomberg Línea que a pesar de que Fitch considera los aportes de First Quantum, que opera la mina de cobre en Colón, aún se desconoce el nuevo contrato entre esta minera y el gobierno, el cual debe pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional.
Por todos estos factores, sostiene el economista, se aumentaría el déficit y la deuda, lo que va a generar presión en la próxima administración gubernamental.
“Considero que la gestión macroeconómica no está siendo prudente, no está siguiendo los principios fundamentales de la economía, que es que no puedes gastar más de tus ingresos”, señaló Bazán.
Panamá, como ningún otro país de la región, fue de los que más incrementó su relación deuda PIB, que previo a la pandemia rondaba el 40%, a 70% y que todo eso amenaza la calificación de riesgo país.
“Las calificadoras ya se están pronunciando, lo que representa una señal de preocupación de los analistas internacionales. Es muy probable que Panamá vuelva a tener perspectivas negativas, incluso que pueda reducir en un escalón su calificación de riesgo porque los números no engañan. Si un país se endeuda más y tiene un mayor déficit fiscal se impacta su calificación de riesgo, esa es una regla no escrita en el mundo de las calificaciones” acotó Bazán.
La respuesta fiscal inicial a los disturbios apunta a un mayor riesgo de que las autoridades incumplan su objetivo de déficit para 2022, a pesar de los esfuerzos del gobierno con su plan de austeridad.
Los esfuerzos anteriores de reducción de la planilla estatal han dado pocos resultados, ya que se aumentó hasta el 6,0% del PIB en 2021, desde un mínimo del 3,9% en 2014, y “creemos que es poco probable que se consigan grandes y rápidos ahorros a través de estas medidas, aunque los gastos de capital pueden recortarse para reducir las presiones de gasto” concluye el informe de la agencia.
