Santa Cruz — La capital económica de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, está en paro el día de hoy en protesta contra la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda que tenía como fecha inicial el 16 de noviembre de 2022, pero se reprogramó hasta mayo o junio de 2024 según declaraciones oficiales del gobierno boliviano.
Las calles de la ciudad amanecieron desiertas y con bloqueos de cuerdas, piedras y escombros para evitar la circulación. Los sectores económicos más importantes como la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), y muchos otros se unieron a la medida convocada por el Comité Interinstitucional que se conformó para exigir un censo transparente y oportuno.
Según un informe de la Fundación Jubileo, más de 50 instituciones de todo el país coinciden en que postergar el censo es postergar la planificación del desarrollo del país. El reclamo común es que no existen criterios técnicos que respalden el cambio de fecha y que la medida es política.
“Necesitamos saber cuánto avanzó el INE en este año, es la primera tarea. Nadie da la información técnica del censo. El informe que daban es que se avanzó aproximadamente un 30 % en cuatro departamentos (de los nueve del país) en cuanto a actualización cartográfica y que tendríamos el 98 % de la boleta. Y ya teníamos la plata porque se aprobaron los créditos, pero habrá que determinar cómo seguir, según expertos tardaría un año la actualización cartográfica y pensar en el segundo semestre del 2023 es lo más adecuado”, dijo Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo en declaraciones a medios locales.
Para la administración del presidente boliviano, Luis Arce, el paro es una medida que perjudica y daña la economía nacional. Y se conoció que en instituciones privadas el trabajo y movimiento se desarrolla con normalidad.
Por su parte, los diputados y concejales de Comunidad Ciudadana presentaron hace una semana una denuncia contra el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui y contra el director interino del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Gustavo Cordero. Se los acusa de incumplimiento de deberes y se cuestiona el endeudamiento económico que se asumirá, puesto que el gobierno menciona dos créditos de más de 68 millones de dólares para financiar censo. Además, alertan de que estos fondos podrían ser desviados en la época campaña electoral en 2024, previo a las elecciones de 2025.
Esto sucede debido a que el gabinete de ministros del presidente Luis Arce aprobó el Decreto Supremo 4760 que postergó el Censo Nacional de Población y Vivienda hasta mayo o junio de 2024. Los críticas de distintas regiones del país y de importantes instituciones se concentran en: la falta de transparencia y participación de regiones en el proceso, la demora de la actualización cartográfica, la presentación de la boleta censal, hermetismo en la información y que el gobierno central está manejando el tema sin consultar actores importantes de sociedad civil, universidades, gobernaciones y municipios.
Según Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, se envió una propuesta técnica formal sobre un nuevo cronograma para que el censo sea el 28 de junio 2023 y el gobierno hizo caso omiso a la misma.
Entre las demandas del paro de hoy, se exige que el Presupuesto General del Estado 2023 sea elaborado según las proyecciones poblacionales intercensales que presenta oficialmente el INE. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha sido duramente criticado por distintos sectores por no proveer de información y negarse a participar de las reuniones convocadas.
Según la Asambleísta departamental por Santa Cruz, Estibaliz Bravo, “El MAS (partido oficialista) busca a toda costa que los cruceños y bolivianos no tengamos censo. El pedido de la cumbre departamental (de ir al paro) no es de Luis Fernando Camacho sino de más de 350 instituciones que incluyen organizaciones de pueblos indígenas y que exigen la realización del censo”.
Para el ex presidente, y principal contrincante político del oficialismo, Carlos Mesa, “la suspensión del censo trunca un derecho y una demanda popular, evidencia una mentira del gobierno y obedece a un irresponsable cálculo político del MAS que quiere impedir redistribución de escaños, evitar Pacto Fiscal, y seguir ocultando la verdad sobre la pobreza del país”.
Por su parte, el presidente Luis Arce publicó ayer un agradecimiento a la CIBOB, una institución de representación indígena afín al gobierno que rechazó el paro. “Agradecemos las expresiones de cariño y apoyo de CIBOB que rechazan acciones que solo buscan bloquear el crecimiento del país. El respaldo de nuestras organizaciones sociales nos fortalece”, dijo Arce en su cuenta de Twitter. En días pasados, el presidente no había hecho menciones a las demandas y críticas sobre la suspensión del censo.
