Bogotá — Una de las apuestas del nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro para tapar el hueco fiscal en Colombia consiste en imponer el impuesto de IVA a las transacciones inmobiliarias de las propiedades de más de $960 millones, lo que ha generado reacciones contrarias en algunos gremios del sector.
A medida que la Administración entrante da forma al proyecto de reforma tributaria se empiezan a conocer las principales apuestas para el recaudo, siendo el sector inmobiliario uno de los implicados en esta discusión no solo en Colombia sino en otras economías globales que buscan equilibrar sus finanzas.
Sobre esta propuesta que sería incluida en el proyecto de reforma tributaria, la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) indicó que esta medida “es inconveniente para la economía e incentiva la informalidad”.
Fedelonjas señala que una de las razones por las que está en contra de esta medida es porque supuestamente encarece los proyectos nuevos de VIS y las obras de infraestructura porque sube los precios de los terrenos donde se levantarán estas obras.
Además, indica que se podría frenar “el mercado de bienes de segunda mano, una rama que genera más de 1,8 millones de empleos en remodelaciones, reparaciones locativas y decoración”.
Para dicha agremiación gravar a esos inmuebles con IVA también podría afectar a todos los usos, como locales, oficinas, bodegas pero también a lotes y fincas.
Y al sumar más impuestos “se incentivan la informalidad y la evasión de impuestos”.
El gremio que agrupa a inmobiliarios, constructores y avaluadores precisó que las transacciones inmobiliarias comprenden desde la venta de esos bienes hasta las hipotecas, permutas, herencias e incluso divisiones de patrimonio en casos de divorcios.
“Además no se limita solo a las viviendas de más de $960 millones, que en el caso de ciudades capitales como Bogotá, Medellín o Cali ya tocan el estrato 4″, dijo la presidenta de Fedelonjas, Karina Reyes.
La agremiación recordó que en 2019 se aplicó un impuesto al consumo a las viviendas de más de $888 millones, el cual se desmontó porque no se logró el recaudo de los $2 billones esperados.
Entre tanto, “sí se evidenció que se encarecieron los terrenos necesarios para los grandes proyectos y que esto impactó el costo de producción de la VIS”, dijo.
Añadió que en esa ocasión “también se encontró que se incentivó la informalidad porque las personas buscaron la forma de escriturar por debajo de los valores reales o hacer un contrato adicional por los acabados en el caso de los inmuebles nuevos para quedar por debajo del tope y, así, hacerles el quite a esos impuestos como fue tradición por muchos años”.
Bloomberg Línea también se puso en contacto con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), pero hasta la publicación de este artículo no había respondido a la consulta.
En el primer semestre de este año se compraron en Colombia 119.409 viviendas nuevas, un aumento de 5 % frente al mismo período del 2021, según cifras de Galería Inmobiliaria.
Según ese informe, de esa cifra 85.282 fueron viviendas de interés social (VIS) y 34.127 de rangos medio y alto (No VIS), que reportaron crecimientos de 7 % y 1 %, respectivamente.
De acuerdo a información revelada el jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los países de ese organismo “la vivienda es, en promedio, el elemento de gasto individual más grande en todos los grupos de ingresos”.
“A medida que emergen de la pandemia, muchos países buscan restaurar las finanzas públicas aumentando los ingresos fiscales y apoyando la recuperación económica. Muchos gobiernos también están bajo una presión cada vez mayor para abordar la creciente desigualdad y la disminución de la asequibilidad de la vivienda, que está afectando más agudamente a los hogares jóvenes y de bajos ingresos”, indica en el reporte titulado Impuestos sobre la vivienda en los países de la OCDE.
En este abogó por rediseñar los impuestos a la vivienda de una “manera efectiva y justa”, evitando las distorsiones por medio de la actualización de los impuestos con base al crecimiento de los precios actual.
“Muchos países siguen aplicando impuestos inmobiliarios recurrentes sobre valores inmobiliarios obsoletos, lo que reduce significativamente su potencial de ingresos (ya que los ingresos no han aumentado en consonancia con los valores inmobiliarios), su equidad (ya que los hogares cuyas propiedades han aumentado de valor pueden no estar pagando más impuestos), así como su eficiencia económica (ya que los impuestos inmobiliarios aplicados sobre valores obsoletos proporcionan incentivos para que las personas permanezcan en viviendas sujetas a una valoración obsoleta más baja, incluso si ya no se adaptan a sus necesidades)”, indicó.