Guatemala — El reporte del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes incluye a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua que han participado a sabiendas en acciones que socavar los procesos o instituciones democráticas; en corrupción significativa; y en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción involucrados en procesos antidemocráticos y actos de corrupción.
En el caso de Guatemala aparecen el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Diputada Sofía Hernández, la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, exfuncionarios, abogados y empresarios.
También destacan dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Nery Oswaldo Medina y Vitalina Orellana por “socavar instituciones democráticas”. Asimismo, el exrector de la universidad de San Carlos, Carlos Gálvez y varios empresarios.
Patrick Ventrell, director de la Oficina de Asuntos Centro Americanos del Departamento de Estado de EE. UU., dijo en conferencia de prensa, que si los nombrados no “cambian de comportamiento”, enfrentarían “acciones permanentes, incluidas las financieras”.
Además, enfatizó que es una herramienta seria y obviamente la sanción de no poder entrar a Estados Unidos es algo grave para muchas personas, “pero como mencioné tenemos otras herramientas”, aseguró.
“Con todos los países de Centroamérica sí seguimos buscando trabajar en los intereses mutuos, pero cuando hay preocupaciones de algo tan fundamental como las instituciones y estamos invirtiendo tanto en esos países, hacemos un fuerte llamado para que paren a los actores corruptos”, enfatizó.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala consideró que la publicación de la Lista Engel 2022 “saca a la luz a las personas que debilitan el Estado de Derecho y toman el camino de la corrupción”, y agregaron que están con el pueblo de los países en la búsqueda de “un mejor futuro”.
Combatir la corrupción
Por otro lado, el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, aseguró que Estados Unidos está comprometido a asociarse con aquellas personas que ayuden a fortalecer la democracia, mejorar el Estado de derecho y combatir la corrupción.
“Los ciudadanos de Centroamérica merecen y esperan gobiernos que respeten sus derechos humanos, respeten el Estado de Derecho y creen las condiciones para que las personas y las comunidades prosperen”, consignó Blinken en un mensaje compartido a través de la red social Twitter.
“Con nuestra seguridad y prosperidad nacionales estrechamente ligadas al éxito de nuestros socios regionales, continuaremos presionando por una gobernabilidad democrática más fuerte, un mayor estado de derecho y transparencia para reducir la corrupción y combatir la impunidad”, aseguró.
Guatemaltecos se suman a la lista
- Dennis Billy Herrera Arita: un abogado guatemalteco, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020″ para integrar la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones con jueces corruptos.
- Carlos Estuardo Gálvez Barrios: ex Rector de la Universidad de San Carlos (USAC), socavó el proceso o las instituciones democráticas al utilizar su posición en la comunidad jurídica para influir en los miembros de la nominación judicial y comisión en la facilitación del esquema de “Comisiones Paralelas 2020″ para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
- José Rafael Curruchiche Cacul: el actual jefe de la Oficina de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, lo señalan de obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentó denuncias aparentemente espurias contra fiscales, abogados particulares y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
- Axel Arturo Samayoa Camacho: propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico), se involucró en una importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos puertos y contratos
- Ramiro Mauricio López Camey: actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S. A. (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
- Ramón “Moncho” Campollo Codina: actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.
- Geisler Smaille Pérez Domínguez: actual juez del Tercer Juzgado Penal, socavó los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020″ para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
- Sofía Janeth Hernández Herrera: la actual representante del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) en el Congreso, socavó el proceso o las instituciones democráticas al hacer mal uso de sus poderes oficiales para que los miembros de la UCN mantuvieran indebidamente roles de liderazgo en los comités del Congreso y usar su asociación con el narcotráfico. organizaciones para intimidar a sus opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con convertir en arma los propósitos legítimos del Congreso de Guatemala de tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.
- Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández: actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, participó en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.
- Mayra Alejandra Carrillo de León (Alejandra Carrillo): actual directora del Instituto de Víctimas socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición oficial para facilitar el esquema de “Comisiones Paralelas 2020″ para integrar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
- Erick Gustavo Santiago de León: exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil, incurrió en una importante corrupción y obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en casos ante él.
- Nery Oswaldo Medina Méndez: actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, desvirtuó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el caso “Comisiones Paralelas 2020″ para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
- Vitalina Orellana y Orellana: actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020″ para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
- Mauricio López Oliva: actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S. A. (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
- Víctor Manuel Cruz Rivera: actual Juez de lo Penal, entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.
- José Luis Benito Ruiz: exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020, incurrió en una importante corrupción cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias de corrupción.
El origen de la Lista Engel
La iniciativa nació en 2019 por iniciativa del excongresista demócrata de Nueva York, Eliot Engel.
Engel propuso una legislación para “apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos abordando las causas fundamentales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras”, refiere el sumario de la ley.
Desde la aprobación de la legislación por el pleno del Congreso el 22 de diciembre de 2020, recae en el secretario de Estado y el engranaje del Departamento de Estado pormenorizar las investigaciones para cumplir con el mandato de incluir a aquellas figuras en los tres países vinculadas con actos de corrupción o ataques a la democracia.
