La solución al tema de la inmigración ilegal es conocida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Como le dijo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, hace unos días: ofrecer opciones legales para los posibles migrantes “es una estrategia comprobada que impulsa el crecimiento económico y reduce la migración irregular”.
Esta no es una controversia. Con una evidente excepción, los presidentes de EE.UU. de las últimas cuatro décadas (Barack Obama, ambos Bush, Ronald Reagan, Bill Clinton) han compartido el entendimiento de que una solución debe reconocer las poderosas fuerzas económicas y demográficas que impulsan y atraen a los trabajadores hacia el norte a través del Río Bravo.
El desafío, como bien saben los presidentes Biden y López Obrador, ha adquirido una nueva urgencia a medida que la inmigración ilegal desde México se recupera después de una década y media de disminución de las cifras.
Plantea de nuevo, también, la pregunta perenne e irritante sobre la respuesta de EE.UU.: si sabemos cómo solucionarlo, ¿por qué no lo hacemos?
La clase política estadounidense, demócratas y republicanos, ha eludido la respuesta tras una promesa muy poco realista de sellar la frontera y detener a los posibles inmigrantes del otro lado. Los inmigrantes, comprensiblemente, se han negado a cumplir.
EE.UU. incluso ha implementado una versión de la estrategia articulada por Biden. Los acuerdos bilaterales entre México y EE.UU. bajo el llamado programa de trabajadores invitados Bracero frenaron la inmigración ilegal desde mediados de la década de los cincuenta hasta mediados de la década de los sesenta.
El programa estuvo plagado de abusos. Los trabajadores agrícolas mexicanos apenas entendían los términos de sus contratos y rutinariamente les robaban sus salarios.
Es más, estuvo acompañada por la deportación masiva de trabajadores no autorizados en 1953 y 1954. Sin embargo, dirigió a los mexicanos que buscaban trabajo en las granjas estadounidenses a través de un canal legal.
El impacto en la inmigración ilegal fue tal que, en 1954, el politólogo Richard Craig escribió en su libro de 1971 sobre el programa, “el ‘espalda mojada’, para todos los efectos prácticos, había dejado de existir”.
Sin embargo, en 1964, el presidente Lyndon Johnson le puso fin, alegando que deprimía los salarios de los trabajadores estadounidenses. La inmigración ilegal a través de la frontera suroeste volvió a aumentar, estableciéndose en un patrón formado en gran parte por la oferta y la demanda de trabajadores en México y EE.UU.
Si bien desde entonces el sistema político ha estado un par de veces cerca de ofrecer el tipo de vías legales necesarias para satisfacer las demandas de inmigración de mexicanos y estadounidenses, nunca ha hecho el trabajo por completo.
En 1986, la Ley de reforma y control de inmigración legalizó a casi tres millones de inmigrantes no autorizados, declaró ilegal que las empresas estadounidenses contrataran trabajadores inmigrantes sin documentos y ofreció a los agricultores una nueva visa de trabajador invitado, la H2-A, para que pudieran contratar mano de obra mexicana legalmente.
No obstante, la ley fracasó: los agricultores encontraron que las reglas H2-A eran demasiado costosas. Resultaba más barato contratar a los inmigrantes no autorizados que se presentaban con tarjetas de residencia falsas y números de seguro social inventados.
En toda la economía, los empleadores argumentaron que no se podía esperar que distinguieran las falsificaciones de las reales y dieron la bienvenida a la mano de obra barata e ilegal.
Y otros fracasos más siguieron. En 2007, una frágil alianza bipartidista que impulsaba un nuevo paquete de reformas que incluía disposiciones sobre trabajadores huéspedes y legalización se vino abajo debido a desacuerdos sobre si los trabajadores huéspedes podrían eventualmente convertirse en ciudadanos. Otro intento en 2013, también fracasó.
La confianza de los votantes en el sistema de inmigración colapsó. Y la vigilancia fronteriza —kilómetros de cercas, drones, sensores y una patrulla fronteriza que ha sumado a unos 20.000 agentes desde unos 5.000 a mediados de la década de 1990— quedó como la única herramienta para gestionar los flujos migratorios.
Por supuesto, el principal problema de la clase política para resolver el desafío de la inmigración ilegal es que los votantes desconfían tanto de los inmigrantes como de los empleadores que buscan contratarlos.
La creencia de que los inmigrantes reducen los salarios de los trabajadores nativos persiste más de medio siglo después de la desaparición del programa Bracero.
Muchos estadounidenses sin título universitario perciben la inmigración como una amenaza existencial. Las propuestas para abrir un amplio camino legal para que más inmigrantes vivan y trabajen temporalmente en EE. UU. son fuertemente cuestionadas.
Tanto demócratas como republicanos podrían preferir dejar de lado el problema. Después de todo, la población de inmigrantes no autorizados se ha estabilizado en los últimos 15 años.
México es más viejo ahora. En comparación con hace algunas décadas, menos mexicanos se encuentran ahora en el rango de edad máximo de migración de entre 15 y 25 años. Académicos, desde Douglas Massey de Princeton hasta Gordon Hanson de Harvard y Pia Orrenius de la Reserva Federal de Dallas, han observado la demografía y concluido que la ola migratoria no autorizada desde México definitivamente es cosa del pasado.
Confiarse podría ser imprudente. Si unos miles de centroamericanos que buscan asilo en EE.UU. están creando un dolor de cabeza político para la Administración, es probable que los mexicanos que vienen ilegalmente lo exacerben.
En el año fiscal hasta mayo, los agentes estadounidenses contaron 560.000 inmigrantes mexicanos no autorizados. Eso es aproximadamente un tercio más que en el mismo período de 2020 y más de tres veces el número de 2019, antes de que llegara la pandemia.
Es posible que la frontera suroeste no esté tan ocupada como lo estaba a principios de siglo, cuando la Patrulla Fronteriza detuvo a 1.6 millones de mexicanos que intentaban ingresar ilegalmente a EE.UU.
Pero la caída de los ingresos y el aumento de la pobreza, estimulados por una pandemia implacable que no afloja su control y un Gobierno que se niega a intervenir para ayudar, sin mencionar la violencia criminal endémica, probablemente empujen a muchos más hacia el mercado laboral al rojo vivo al norte de la frontera.
Los argumentos a favor de una política de inmigración más liberal son sólidos. Un robusto y aún creciente cuerpo de investigación económica ha desacreditado repetidamente la afirmación de que los inmigrantes toman los trabajos de los estadounidenses y reducen sus salarios. Eso es falso desde la época de los braceros.
Mientras tanto, los empleadores están ansiosos como siempre por contar con esos trabajadores. En 2020, unos 200.000 trabajadores agrícolas mexicanos vinieron a trabajar a EE.UU. con visas H2-A, cuatro veces más que en 2010. De hecho, a medida que el envejecimiento reduce la fuerza laboral nativa estadounidense, el problema de la inmigración es que tiene muy pocos inmigrantes poco calificados; no muchos.
Es hora de implementar esa “estrategia comprobada que impulsa el crecimiento económico y reduce la migración irregular”.
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