Bogotá — Los discutidos impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados entrarían en la reforma tributaria que presentará al Congreso el nuevo Gobierno de Colombia con miras a estabilizar las finanzas del país, según confirmó a medios locales el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
“El de bebidas sí y el de alimentos ultraprocesados”, contestó a la prensa local el nuevo ministro de Hacienda a una pregunta sobre la inclusión de estos impuestos en la reforma tributaria que el nuevo Gobierno prevé presentar después del 7 de agosto.
“Posiblemente los vamos a incluir, estamos viendo cuánto rinden para ver si vale la pena el tema”, dijo Ocampo, que descartó el impuesto a los planes de telefonía móvil.
La posible inclusión de este tributo ha generado opiniones divididas en el país sudamericano, especialmente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) que considera que la medida no sería suficiente para combatir la obesidad.
El director designado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, había considerado en primera instancia que no se impondría este tributo, pero luego rectificó y dijo que se estaba contemplando, como también lo adelantó la ministra de Salud designada, Carolina Corcho.
En días pasados el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le había solicitado al nuevo Gobierno incluir el impuesto a las bebidas endulzadas en la reforma tributaria que presentará ante el Congreso a través de la campaña Dulce Veneno.
A finales del año pasado Federación Nacional de Departamentos propuso un impuesto a las bebidas azucaradas y endulzadas para “rescatar al sistema de salud y mejorar la salud de los colombianos”.
En ese momento indicó que el 50% de los recursos se podrían destinar a la red hospitalaria pública de los departamentos y de la capital del país.
Mientras que “el 50% restante para financiar el funcionamiento del sector salud del nivel departamental y programas y proyectos de inversión en salud pública”.
Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos, manifestó en esa ocasión que “no se trata solo de buscar un ingreso adicional para los entes territoriales, sino de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y consolidar una estrategia de prevención en salud pública, en la que se reduzca el consumo de azúcar y también enfermedades de riesgo cardiovascular, obesidad y diabetes”.
“Adicional a estos beneficios, estamos presentando una alternativa para cubrir la deuda histórica con los hospitales públicos”, apuntó.
En agosto del año pasado el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la ley sobre comida chatarra que busca promover entornos alimentarios saludables y garantizar el “derecho fundamental a la salud”.
Es así que todos los productos comestibles o bebidas clasificadas deberán implementar un etiquetado frontal con un sello de advertencia, que tendrá que ser de “alto impacto” y “comprensión para los consumidores”, advirtiendo sobre los contenidos excesivos de nutrientes críticos.
El etiquetado que debían llevar los productos ultraprocesados en sus empaques fue definido por la Resolución 810, pero esta fue demandada por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), que pide declarar “la nulidad de esa norma porque no se basa en la mejor evidencia científica y algunos de sus apartados pueden tener consecuencias negativas para la salud pública”.
