Ciudad de Panamá — Al entrar en su tercera semana de protestas populares, Panamá se ha convertido en “un sitio de guerra”, en palabras de Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecámaras), quien estima las pérdidas económicas en 500 millones de dólares.
Jiménez señaló que estos 500 millones de dólares abarcan a todas las actividades productivas, por lo que no es posible que el país esté secuestrado por pocas personas que no permiten el libre tránsito, lo que ha provocado que ni siquiera en el periodo de pandemia se perdieran, por ejemplo, 100 mil consultas médicas, como ocurre en la actualidad.
Ante una aparente pasividad de la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen una facción de los manifestantes, la de los pueblos originarios, se ha tomado las calles de la carretera Interamericana, que comunica a Panamá con el resto de Centroamérica, impidiendo el paso de alimentos hacia las principales ciudades panameñas, donde ya se empieza a sentir el desabastecimiento de alimentos.
Este martes, 17 gremios de productores agropecuarios, de la agroindustria y de organizaciones afines le solicitaron al gobierno poner un alto a los bloqueos de las calles y avenidas para que la producción de alimentos frescos, insumos y las materias primas para la agroindustria lleguen a los puntos de destino, así como para que los carros de reparto puedan hacer llegar los alimentos y el gas butano a los hogares panameños.
“Esta situación resulta insoportable para los productores de alimentos, ya que está causando graves y cuantiosas pérdidas y afectaciones a la producción y a los productos nacionales cuantificadas en 131 millones de dólares durante el periodo de la protesta”, señalan en un comunicado.
Igualmente, piden que se saque de la discusión el congelamiento de los alimentos nacionales, ya que atenta directamente contra la fuente de ingresos del 32% del total de la población que vive en las áreas rurales del país.
La semana pasada el gobierno de Cortizo Cohen estableció un precio tope a 10 productos consumidos por los panameños, como el corte de carne babilla, aceite vegetal, sardina en salsa de tomate, lenteja, macarrones, salchicha, tuna en agua, mortadela nacional con pimienta, coditos y pan de michita.
Las autoridades dijeron que con esta medida se generará un ahorro estimado de 21 dólares en la canasta básica de alimentos, desde julio a diciembre de este año, agregando que al regular el precio promedio disminuye el riesgo de desabastecimiento de estos productos dada la incertidumbre sobre los costos de producción.
De esta manera quedan regulados bajo el control de precios 18 de los 59 productos de la canasta básica de alimentos, cuyo costo a mayo de este año fue de 280.71 dólares, un aumento de 13.93 dólares respecto a igual periodo del 2021.
La presidenta de la Fedecámaras, Alicia Jiménez, reconoció que en el país hay problemas que hay que resolver, pero bajo un diálogo constructivo que permita sacar al país de este “sitio de guerra” en que se encuentra, “porque nosotros lo estamos permitiendo”, pues “las protestas tienen un límite”.
“Fedecámaras solo pide una cosa: abran las vías, permitan que los panameños no se sientan secuestrados”, afirmó. Precisamente, el toque distinto en esta tercera semana de manifestaciones fue la intervención de la policía antidisturbios y el registro de actos de vandalismo en la provincia de Veraguas, en el centro del país, lugar donde se desarrolla una de las mesas de negociaciones.
Por su parte, Alberto Martinelli, presidente de la Asociación Nacional de Molineros (Analmo), dijo que productos perecederos, como las legumbres, han llegado podridos a la ciudad capital, con la consiguiente pérdida, mientras que la producción láctea se ha tenido que tirar, debido a que no ha podido llegar a las plantas procesadoras.
Ahora mismo hay lugares donde las estanterías están vacías, poniendo en peligro la estructura de producción, por lo que necesitamos que el gobierno garantice que los productos puedan llegar a los centros de distribución, clamó el molinero.
El secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Euclides Díaz, recalcó que hasta este martes las pérdidas solo en el sector agrícola se estimaban en 131 millones de dólares, afectando al 32% de la población que se dedica a la producción en los campos panameños.
Luis Carlos Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip) sostuvo que las afectaciones son preocupantes, y que en el caso de la actividad que representa tienen una semana que no han podido abastecer ni una libra de pollo a las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, fronterizas con Costa Rica.
“No hay comida barata, si no hay empleos. Están destruyendo el empleo del país. El que no tiene empleo no logra ninguna canasta básica barata, por lo que exigimos la libertad de caminar y generar nuestros ingresos”, apuntó en tono enérgico Carlos Pitty, presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores.
