Tegucigalpa — Diputados del Congreso Nacional aprobaron en la medianoche del martes la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2023-2030.
La nueva legislación de 28 artículos reemplaza a la ley orgánica vigente desde el año 2000, e incluye la eliminación de varios incisos del artículo 15, que inicialmente había formulado la comisión de dictamen del Legislativo, los cuales eran relacionados a los requisitos e inhabilidades para autopostularse ante la Junta Nominadora, y por ende, para ser tomado en cuenta para el cargo de magistrado de la Corte.
Con ello, los requisitos mínimos establecidos quedan de conformidad con el artículo 309 de la Constitución de la República, el cual señala que para ser magistrado de la CSJ se requiere: ser hondureño por nacimiento; ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos; abogado notario debidamente colegiado; mayor de 35 años; y, haber sido titular de un órgano jurisdiccional durante cinco años, o ejercido la profesión durante diez años.
También, el artículo 15 aprobado limita a ser parte del proceso a las personas sancionadas por faltas graves en el Colegio de Abogados, la Contraloría del Notariado o los órganos disciplinarios de las instituciones u organizaciones en las que haya trabajado.
Además de aquellos con sentencias firmes por violencia doméstica o incumplimiento de deudas alimentarias, o quienes sean parte en litigios judiciales activos, o estén siendo investigados, por violaciones de derechos humanos, corrupción, lavado de activos y narcotráfico.
De manera inicial, el proyecto de ley inhabilitaba a candidatos que eran miembros activos de un partido político o lo habían sido dos años antes de su autopostulación, pero conforme con lo aprobado solamente se limita a miembros directivos de partidos políticos o a quienes ostenten al momento de su designación cargos públicos de elección directa.
Asimismo, inhabilitaba a aquellos con vínculo de parentesco en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros de la junta nominadora, diputados o altos funcionarios del Estado.
Votos en contra
“Desafortunadamente en este Congreso se están relativizando la ética y la integridad, y se está politizando la elección de magistrados a la Corte Suprema”, dijo Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH).
La legisladora del departamento de Yoro, expresó el temor de que sean electos como magistrados de la CSJ personas que tienen relación de parentesco o afinidad con miembros de la junta nominadora, diputados del Congreso Nacional y altos funcionarios del Estado.
“Dejo constancia histórica que todo aquel discurso es falaz cuando pretendemos incorporar como candidatos a la Corte a dirigentes o miembros del órgano decisorio de un partido político”, dijo la diputada.
Espinoza cuestionó la decencia al incorporar en el proceso a personas con sentencias por delitos dolosos por violencia doméstica o incumplimiento de deuda alimentarias, “porque se les está exigiendo sentencia firme”.
El Partido Nacional, a través de su jefe de bancada, Tomás Zambrano, se pronunció en contra del artículo 15 y dejó sentado que no acompañaban el mismo. “Esta gente (el oficialismo) le ha dado la espalda al pueblo, le mintió, le tomó el pelo. Esta gente ha sembrado odio y división”, reaccionó a medios de comunicación.
Para la aprobación del artículo 15, de los 127 diputados presentes, 70 legisladores votaron a favor, 53 en contra, tres no votaron y uno se abstuvo, según el conteo registrado en la plataforma del Congreso Nacional.
Posturas a favor
Por su parte, el diputado de Libre, Carlos Armando Zelaya Rosales, dijo que “nunca vamos a esconder nuestra preferencia política, y vamos a defender a abogados y abogadas que son de nuestra militancia, que tienen derecho a postularse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No lo vamos a esconder, de frente lo decimos”.
El también secretario del Congreso Nacional, que es hermano del expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), agregó que van a defender a los funcionarios públicos de la actual administración que “también tienen derecho, porque son personas correctas, honestas y que han luchado con nosotros para postularse a la CSJ”.
El legislador del departamento de Olancho dijo que “no es correcto” cuestionar la honorabilidad de las personas de su partido “y de todos los partidos, porque no solo de Libre hay gente honesta, comprometida con la Patria”.
En la lógica del diputado de Libre, Bartolo Antonio Fuentes, el problema de diputados que se opusieron a la modificación del artículo 15 “no es jurídico, es político, en el sentido de que los que asesinaron la Constitución de la República y a personas en las calles, quieren prohibirles a los que estuvieron en las calles en contra de su nefasto golpe de Estado (28 de junio de 2009), y a que ahora ocupan un cargo en la administración pública, que sus parientes no puedan ser magistrado a la CSJ”.
Criterios de la sociedad civil
El proyecto de ley fue elaborado por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que lidera el exfiscal general Edmundo Orellana, con el apoyo de expertos de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).
Sin embargo, Orellana calificó a través de redes sociales como “gravísimo error”, que los diputados eliminaran criterios técnicos desarrollados por la ONU en la matriz de evaluación técnica.
También la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) consideró que las modificaciones del artículo 15 rompen con la lógica y la racionalidad de la ley especial, “volviéndola papel mojado y exigimos al Congreso que su operar tenga como objetivo la reconstrucción del Estado de Derecho, sin el cual ninguna reforma será eficaz”.
Para la organización, una CSJ es independiente e imparcial cuando sus magistrados no tienen vinculaciones políticas ni conflictos de interés, y goza de credibilidad cuando sus integrantes son respetuosos de las leyes.
En tanto, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, dijo a medios de comunicación de la capital que los funcionarios o personas señaladas en la “Lista Engel” del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no deben ser parte del procedimiento de selección de los magistrados de la CSJ.
La semana pasada, de las 15 personas señaladas como corruptos por el gobierno estadounidense en Honduras, tres son del oficialismo: los diputados Rasel Tomé y Edgardo Casaña, además del asesor presidencial Enrique Flores Lanza.
