Santiago — Bajo la sombra de la inflación más alta en casi 30 años y con una creciente posibilidad de recesión en 2023, la economía chilena intenta atraer a inversionistas. Nicolás Grau, ministro de Economía, Fomento y Turismo, dirige una de las carteras que intenta promover la inversión, competitividad y productividad en uno de los países más ricos de América Latina.
En conversación con Bloomberg Línea, el ministro dijo que la economía chilena está dejando atrás el sobrecalentamiento experimentado en 2021, lo que implicaría menores crecimientos comparados con los registros del año pasado y probablemente alguna cifra negativa en los siguientes meses. “Eso es parte de ese proceso de regularización”.
Grau, economista con un doctorado en la Universidad de Pensilvania, también habló sobre el reciente aumento del dólar, el proceso constitucional y la ambiciosa la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, que aumenta los impuestos a los altos patrimonios y a la gran industria minera.
Esta entrevista fue editada por motivos de extensión y claridad.
BLOOMBERG LÍNEA: ¿Cuánto podría durar esta escalada del dólar?
No corresponde al Ministerio de Economía hacer estas proyecciones, sino que al Banco Central. Pero sí nos corresponde como Gobierno hacer un esfuerzo para que los efectos de esas alzas no tengan impactos tan relevantes en la situación de la población. Eso se ha hecho conteniendo el alza de los precios de los combustibles, a través de subsidios para esos efectos y también ayudando a las familias de ingresos bajos y medios con ayudas para este invierno con el fin de sortear el aumento inflacionario, que se debe entre otras cosas al aumento del dólar.
¿Cómo salvar al peso chileno?
La reciente situación respecto al dólar tiene causas principalmente externas. Chile no tiene control sobre estas razones, entre ellas las tasas de interés de Estados Unidos y otra, importante para la economía chilena, la fuerte reducción del precio del cobre. Estas son las causas fundamentales detrás de las alzas del precio del dólar vista en Chile en el último mes.
El presidente Boric reconoció que, además de factores externos, la incertidumbre interna está contribuyendo al alza del dólar. ¿Cómo darán certidumbre desde el Gobierno?
La incertidumbre económica y política existente en Chile desde el estallido social en adelante ha incidido, probablemente, en la situación del dólar. Pero, a mi juicio, eso no explica lo visto en el último mes, porque no hay nuevos antecedentes políticos relevantes que pudieran estar generando ese cambio en lo reciente. Distinto es si uno analiza la evolución del dólar en los últimos dos años.
El Gobierno, por supuesto, tiene que contribuir con un escenario económico más certero, tanto para las familias como los inversionistas que toman las decisiones relevantes en la economía. La forma en que ha contribuido el Gobierno es con una política macro y fiscal muy responsable después de un año con un déficit fiscal histórico. Hemos hecho un esfuerzo por mantenernos de acuerdo con lo especificado en la Ley de Presupuesto al mismo tiempo que abordamos las urgencias de las familias chilenas.
Es posible tener cambios importantes, como está promoviendo el Gobierno con su reforma tributaria y la expansión de ciertos derechos sociales, al mismo tiempo que se tiene certeza. Se requiere que esos cambios sean predecibles, que el Gobierno tenga una agenda clara de transformaciones que sea comunicada tanto a la ciudadanía en general como a los actores privados y, de esta manera, quienes toman una decisión de inversión no tengan sorpresas.
¿Cómo se está blindando la economía chilena para una posible recesión?
La economía chilena tuvo un crecimiento totalmente excepcional durante el año 2021 y lo que está sucediendo durante 2022 es, principalmente, un ajuste dado a ese crecimiento excepcional. La economía en algún momento estuvo sobrecalentada y eso se ha ido regularizando durante este año, lo que va a implicar probablemente algunos meses con crecimiento pequeño comparado con el periodo equivalente al anterior, incluso un crecimiento negativo en algunos meses. Eso es parte de ese proceso de regularización.
Lo importante es lo que viene, porque el Gobierno está haciendo un proceso importante para empujar a la inversión (…) Se ha comprometido, en la Cuenta Pública del Presidente, a hacer un aumento muy sustantivo en inversión en innovación y desarrollo, lo que permitirá empujar esta agenda de productividad para avanzar con más fuerza en la transición hacia una economía verde, pero con dinamismo económico (...) La inversión, como en el resto del mundo, tiene una serie de desafíos en Chile, pero nosotros creemos que podemos hacer un esfuerzo como país a través de un buen diseño de políticas públicas que nos permitan tener un año 2023 mejor de lo presupuestado.
Fitch dijo que el nuevo royalty a la minería puede afectar severamente a la industria del cobre. ¿Cómo evitarán desde el Gobierno una migración de las inversiones?
El royalty propuesto en Chile está en línea con lo que sucede en otros países, y esto es algo más específico. El cálculo que existe es que las utilidades sobre el patrimonio van a estar en cualquier escenario por sobre el 15% dado este nuevo royalty.
A juicio del Gobierno, una utilidad promedio sobre el 15% de la minería que estaría afectada por este nuevo royalty es suficiente para efectos de toda la inversión. Creemos que el diseño de la reforma tributaria, no solo el royalty, sino en términos generales, está bien pensado para mantener fuertes incentivos a la inversión.
Uno de los componentes importantes de la reforma tributaria es una reducción del impuesto a las utilidades de las empresas, que en Chile se denomina impuesto de primera categoría, en la medida que las empresas gasten en innovación y desarrollo.
El impuesto a las riquezas es uno de los ejes de esta reforma. ¿Cómo evitarán que los altos patrimonios hagan transferencias de capitales a sus familiares para diluir los patrimonios y evitar este tipo de gravamen?
El diseño del impuesto a la riqueza exhibe un umbral de US$ 5 millones para que opere este impuesto. Eso significa que si una riqueza es menor de los US$ 5 millones no estará afecto a este impuesto, y solo va a tener que pagar este impuesto que es una tasa pequeña para las riquezas de ese monto. Eso tiene una lógica, y lo que busca es que sea un impuesto que solo paguen las personas de patrimonio neto alto. Eso, en el margen, genera cierto incentivo a distribuir riqueza, pero a nuestro juicio es bastante menor ese incentivo.
Además, eso está dado por el hecho de que no queremos que las personas de patrimonios, que no sean extremadamente altos, paguen un impuesto.
Esta reforma es calificada como ambiciosa. ¿Qué pasaría con la agenda del Gobierno si no se recaudan los 4,1% del PIB?
Obviamente, es una agenda ambiciosa porque un aumento recaudatorio de este tipo es algo importante. Por eso, se ha hecho con mucha seriedad y mucha discusión en el país. Tuvimos diálogos tanto con expertos como con la ciudadanía. Si se revisa la reforma en detalle se ve la solidez técnica y cómo trata de buscar distintos ámbitos para poder lograr esta recaudación.
Parte importante de nuestro programa de gobierno depende efectivamente de esta recaudación y por eso es tan importante la discusión que se dará en el Parlamento y también que el Ministerio de Hacienda haya propuesto una reforma sólida, y que se pueden ver cada uno de los supuestos que están detrás de las proyecciones de recaudación.
¿Usted es optimista respecto a la recaudación del 4,1% del PIB?
Creo que hay un consenso, una visión bastante compartida en el país, respecto a expandir los derechos sociales de forma sostenible y responsable en el tiempo. Eso requiere aumentar de manera considerable la recaudación.
Cuando uno compara la situación de Chile con países desarrollados, aun cuando se compara con la recaudación fiscal existente en esas naciones cuando tenían el PIB de nuestro país, uno se da cuenta que Chile está a una distancia importante en términos de recaudación.
Estos 4,1 puntos porcentuales van a permitir acortar esa distancia y, de esa manera, seguir una trayectoria similar a la que siguieron los otros países, que es financiar de forma responsable la expansión de derechos sociales. Por tanto, creo que esta visión general es la que va a primar en la discusión parlamentaria y permitirá tener una reforma tributaria acorde con los desafíos. Nosotros confiamos en que las estimaciones de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda son razonables.
El mercado está atento al proceso constitucional y algunas agencias de calificación de riesgo creen que si gana el rechazo aumentará la incertidumbre en el país. ¿El Gobierno tiene un plan B si gana el rechazo a una nueva Constitución?
Como Gobierno estamos mandatados a ser garantes del proceso en general y no quisiera que alguna de mis respuestas se confunda con hacer campaña.
Lo que corresponde al Gobierno es que, en cualquier escenario, ya sea gane el Apruebo o el Rechazo, seguir gobernando y seguir funcionando de acuerdo con las instituciones democráticas. En caso de que gane el Apruebo vamos a actuar de acuerdo con lo que especifica la nueva Constitución y en caso de que gane el Rechazo vamos a actuar de acuerdo con la Constitución que nos rige actualmente que, en términos generales, es la del 80.
La nueva Constitución quiere ampliar los derechos sociales. ¿Ustedes han calculado cuántos puntos del PIB puede costar o involucra esta ampliación de derechos?
Si revisa la Constitución propuesta, como sucede también en muchas otras Constituciones del mundo, lo que especifica es un camino en el largo plazo, ciertas orientaciones generales. A partir de eso, no es posible hacer un cálculo respecto a lo que me está preguntando porque tendría que hacer un conjunto de supuestos muy complejos. Lo que sí le corresponde al Gobierno es la expansión de derechos sociales, que estamos proponiendo a propósito de nuestro programa, y que implica mejoras en las pensiones, las provisiones de salud y educación. Eso sí está bien justificado.
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