Montevideo — Una seguidilla de asesinatos en mayo, varios de ellos por luchas entre bandas de narcotraficantes, pusieron a la seguridad pública como uno de los temas en el centro del debate político en Uruguay. Luego de haber cerrado 2020 y 2021 con caídas en los homicidios, los primeros seis meses de 2022 registraron un incremento interanual, en un tema que puede volverse clave en la percepción de la ciudadanía sobre la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Entre enero y junio hubo en Uruguay 188 homicidios, un 39% más que en igual período del año anterior, según datos divulgados el martes 12 por el Ministerio del Interior. En tanto, las rapiñas –robos con uso de violencia– continuaron en caída y hubo un repunte leve de los hurtos. En el primer semestre de este año hubo 12.193 rapiñas, un descenso de 1,7% menos que en el primer semestre de 2021, y 58.250 hurtos, un 2,4% más que en el mismo período del año anterior, aunque menos que en 2020 y 2019.
El asunto fue uno de los principales temas de la campaña electoral de Lacalle Pou en 2019, que machacó contra la gestión del Frente Amplio y el creciente ascenso de delitos. Ahora, desde lados opuestos del mostrador, el oficialismo y la oposición vuelven a cruzarse. Mientras el gobierno defiende “un cambio que ha sido eficiente” en las políticas de seguridad, la oposición señala “preocupación” por una “emergencia en seguridad”.
“Un cambio eficiente” vs “desconoce la realidad”
El mes de mayo tuvo en su inicio una sucesión de asesinatos en el barrio Peñarol, en el norte de Montevideo, que llevaron al tema al primer lugar de la agenda. El presidente Lacalle Pou convocó una reunión con el ministro del Interior Luis Alberto Heber, y el gobierno presentó un plan para atender el avance de la criminalidad. En tanto, el Frente Amplió realizó en el Senado un llamado a sala al secretario de Estado.
En la presentación de las cifras realizada el martes, el Poder Ejecutivo formuló la comparación con los años anteriores, con énfasis en la gestión del Frente Amplio. Este jueves, el director general de secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, volvió a comparar las cifras de la administración de Lacalle Pou con las del gobierno del Frente Amplio.
Calabria consideró “evidente que la actual política de seguridad es mejor que la del gobierno anterior” y que “los datos confirman que el rumbo es el correcto”.
En declaraciones a Bloomberg Línea, Calabria afirmó que hubo “un cambio en la política de seguridad que se ha mostrado eficiente”. “Si se compara la misma cantidad de tiempo de la nueva administración, con la anterior, el volumen del delito es significativamente menor. Más allá de fluctuaciones puntuales, la masa de delitos es menor. Nosotros no perdemos la perspectiva humana, ese volumen de delitos representa menos víctimas, menos uruguayos agredidos”, dijo.
Otro de los debates entre el gobierno y la oposición es qué nivel de incidencia tuvo la disminución de la movilidad durante la pandemia en la baja de delitos registrada en 2020 y 2021. Bajo ese argumento Heber comparó el martes los datos de 2022 con los de 2019 como años “sin” pandemia.
En una conferencia de prensa, el ministro dijo que “la gente vive mejor que en 2019″. “Estamos por el buen camino y tenemos que seguir profundizando”, afirmó. “Recordarán que en el pasado era exponencial y permanente la suba de todos los delitos”, dijo.
En cuanto a los homicidios del primer trimestre de 2022, el gobierno aseguró que el 50% fueron por conflictos entre criminales y ajustes de cuentas de bandas narcos. En mayo hubo 43 homicidios, al tiempo que en junio 16. Heber dijo que enero y mayo fueron “meses atípicos” y que desde la cartera trabajarán para que la situación “no se repita”.
El senador frenteamplista Charles Carrera, exdirector general de secretaría del Ministerio del Interior, dijo a Bloomberg Línea que desde la oposición están “muy preocupados” por las cifras, y sostuvo que “el gobierno tiene que hacerse cargo”.
“Lamentablemente podemos afirmar que desde julio del año pasado hasta la fecha hay más de un delito de homicidio por día en Uruguay. Y lo que vemos es que el ministro desconoce la realidad y quiere plantear ante la opinión pública que va por un buen camino. De ninguna manera podemos afirmar que se va por el buen camino”, afirmó Carrera.
Carrera afirmó que el gobierno debe “reconocer la realidad y construir políticas públicas” ante una “situación de emergencia” pero, según su criterio, “el ministro siempre está buscando excusas como que son ajustes de cuentas”, en relación al aumento de crímenes entre narcos. De todos modos, reconoció “una fase muy compleja” en materia delictiva con hechos “extremadamente violentos”.
Lo que dicen las encuestas
Una encuesta de la consultora Factum publicada el 21 de junio indicó que el 62% de los uruguayos manifestó una visión negativa sobre la gestión en seguridad, lo que llevó a un saldo desfavorable. Desde la empresa de opinión pública marcaron un quiebre de la tendencia en el este segundo trimestre del año, con un pico de evaluaciones negativas. En tanto, otra encuesta de la consultora Cifra marcó la creciente preocupación que el asunto genera en la ciudadanía, si bien los temas económicos continúan a la cabeza del ranking.
Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra, afirmó en diálogo con Bloomberg Línea que en Uruguay “históricamente cuando la economía genera percepciones negativas, es la principal preocupación de los uruguayos”, aunque valoró que la seguridad está en segundo lugar de las preocupaciones y que, al mismo tiempo, fue un tema central de la agenda del actual gobierno cuando era oposición.
“El tema de la seguridad (electoralmente) rinde hasta cierto punto. En la última elección al gobierno actual le rindió, pero rinde mucho más el tema económico. Cuando el Frente ganó su tercer período, la inseguridad ya era un problema muy preocupante. Pero la economía estaba percibida como mejor manejada. Es un problema, pero no ha sido hasta ahora tan decisivo. En la última elección ya la economía estaba deteriorada y la seguridad también. Entonces la suma te embroma”, explicó Pomies.
Eduardo Bottinelli, director de Factum, marcó que la caída en la evaluación sobre la gestión en seguridad es “explicada mayoritariamente por un fuerte incremento de la opinión negativa de los votantes de los partidos que conforman la coalición de gobierno, que pasaron de una evaluación fuertemente positiva del desempeño en seguridad pública a una visión que sigue siendo positiva, pero donde cuatro de cada 10 evalúa negativamente”.
La encuesta de mayo de Cifra determinó que la seguridad es el principal problema del país para el 25% de los uruguayos. En tanto, el 51% señaló en la consulta a temas económicos, desglosado en falta de trabajo (21%), inflación, sueldos y pobreza (20%), y la situación económica a nivel general (13%). Cifra también presentó un estudio que indicó que el 62% de los uruguayos percibía que la inseguridad aumentó en los últimos seis meses.
“¿Cómo le pega eso al gobierno? Relativamente. Porque también lo que tenemos es cierto acostumbramiento a que esto no es fácil de resolver. Eso no quiere decir que no se reclame al gobierno una gestión mejor de la seguridad. Lo que sí, que hoy preocupa más la economía y cada vez se va tomando más conciencia que la seguridad no es un problema fácil de resolver”, dijo Pomiés.
Bottinelli, por su parte, afirmó que un aumento de las valoraciones negativas entre votantes de la coalición oficialista debería ser un tema que genere preocupación en el gobierno. “Perder apoyos o evaluaciones positivas desde la oposición puede verse como un efecto esperable, también es esperable perder apoyo en los propios, pero quizás no en la dimensión y velocidad con que se ha expresado en este caso algunas disconformidades”, dijo.
La imagen del presidente
Pese a la caída de la percepción de la ciudadanía sobre seguridad, el presidente Lacalle Pou todavía mantiene una aprobación de su gestión alta para este momento del periodo. Según la última encuesta de Cifra, el 50% de la población aprueba la gestión del presidente y el 40% la desaprueba.
Pomiés remarcó que desde su punto de vista a la aprobación de Lacalle Pou “le pueden afectar más los temas económicos que los de la inseguridad”. “La seguridad en sí misma no… el problema es la acumulación. Hoy por hoy esto solo no. La acumulación con otras cosas puede ser”, dijo. ”Hasta principios de junio la imagen del gobierno seguía muy fuerte. Creo que por sí mismo solo, y mirando la historia de que venimos con muchos años de problemas de seguridad, eso solo no le afecta. Ahora, la acumulación puede ser, y lo económico solo pesa más que la inseguridad sola”, agregó la directora de Cifra.
Bottinelli señaló que la evaluación global de la aprobación presidente tuvo una caída en el segundo trimestre de este año, pero sin embargo no en la misma dimensión que el descenso en la evaluación del desempeño en seguridad pública. “Por otro lado, la evaluación del gobierno en materia económica fue negativa durante el período y sigue siéndolo, y tampoco se trasladó a la evaluación global del presidente”, expresó.
El sociólogo advirtió que el manejo de la pandemia le dio a Lacalle Pou “una fortaleza importante en términos de imagen que todavía sigue vigente”, aunque “la fuerza que tenía ese manejo de la pandemia va quedando atrás y empiezan a aflorar preocupaciones distintas, y también inconformidades”.
“El tercer año siempre es el más difícil”
Adolfo Garcé, profesor grado 5 del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, dijo en diálogo con Bloomberg Línea que en relación a la imagen del gobierno y del presidente coexisten factores “estructurales” de ciclo político, donde el tercer año comienza un mayor desgaste de la administración, y al mismo tiempo asuntos coyunturales vinculados a la economía y la seguridad.
Garcé dijo que “el tercer año siempre es el más difícil”. “Estamos asistiendo a un gobierno que está en el peor momento del ciclo. El peor momento siempre es la mitad porque pasó la luna de miel, que en el caso de este gobierno fue bastante prolongada pandemia mediante, y estamos lejos de la eventual cosecha. Si al gobierno le va bien, dentro de dos años podrá cosechar”, afirmó el docente.
En cuanto a la seguridad, dijo que todavía “no está muy claro qué va a pasar con la evolución de la criminalidad”. “Lo que percibo es que el gobierno está en un mal momento, la evaluación de la gestión del presidente ya no es lo que era hace un año atrás, entonces hay señales de que la imagen del gobierno se deteriora”.
Lecturas contrapuestas
Bottinelli, de la consultora Factum, dijo que a partir de la difusión de datos surgió “una búsqueda de lecturas contrapuestas desde el oficialismo y desde la oposición, discutiendo sobre períodos de comparación o datos específicos”. “Hay que ver qué es lo que finalmente decanta en la opinión pública, si decanta la idea del oficialismo de que las cosas están mejorando, la idea de la oposición de que se está mejor o igual que antes, o también puede ser que la opinión pública finalmente se canse de las discusiones políticas”, dijo.
En la misma línea, Pomiés apuntó que la seguridad fue “el caballito de batalla” del actual gobierno cuando era oposición, entonces, desde su punto de vista eso le puede jugar en contra. “Era un reclamo muy fuerte cuando el FA era gobierno y ahora, si uno lee la reacción de la oposición con los datos del martes, le está cobrando las cosas que también habían pasado del otro lado. Ahora el gobierno se compara con 2019 y vuelve a hablar de la gestión anterior. Cuando empiezan a pasarse culpas seguro que al problema no se le está poniendo la atención que requiere”, dijo.
Cruce por mecanismos de denuncias
Carrera, senador del MPP, también cuestionó que el oficialismo aborda el tema con “lógica electoral de seguir confrontando esto con la gestión del Frente Amplio no es el camino”. Además señaló una “precarización en la toma de denuncias de delitos”, al afirmar que “ha existido una política de no incentivar la denuncia”. También afirmó que en 2021 existió una diferencia entre los delitos contabilizados por el Ministerio del Interior y los de la Fiscalía General de la Nación.
Consultado sobre los lineamientos acerca de las denuncias y los registros de cifras, el director general de secretaría del Ministerio del Interior afirmó que “desde el inicio de la actual administración la oposición ha alimentado dudas respecto a las cifras oficiales relativas a delitos para, de ese modo, cuestionar los resultados de la política de seguridad”.
Calabria dijo que hubo un cambio en el criterio de asignación de los dispositivos electrónicos para tener mayor disponibilidad cuando la Policía patrulla y que fueron abiertas 114 unidades entre destacamentos, subcomisarías, comisarías, lo que según afirmó amplió la cobertura territorial y los canales para recibir denuncias.
