Ciudad de México — La mañana post mortem del anuncio final de disolución de la mayor prestamista no bancaria mexicana, Crédito Real, luce sombría.
El característico logotipo de Crédito Real en el lobby del edificio ya no está presente, pero su nombre sigue coronando la construcción de más de 20 pisos, ubicada en una de las avenidas más importantes de la capital de México.
Pocos son los empleados que portan el gafete de la empresa color azul con gris, algunos se notan apresurados por ingresar al edificio. El ocaso de Crédito Real se da en medio de un repunte de contagios de Covid-19 y el home office, por lo que son menos los trabajadores que acuden a la oficina a laborar.
Un grupo de cinco empleados señalaron a Bloomberg Línea no tener conocimiento de forma tajante sobre el fallo del juez.
Ayer, 15 de junio, Crédito Real anunció el mercado que fue declarada en disolución por un tribunal, así como la entrada en funciones de un liquidador. La decisión había sido tomada por un juez civil en México el 30 de junio.
“Busquen al área de comunicación”, mencionó una de las personas del grupo con actitud defensiva ante la incertidumbre.
Otra persona, con el gafete y mochila estampada con el logotipo de la empresa, corre apresurada. ”No tengo la posición para conocer el tema”, respondió al ser cuestionada por el anuncio de la noche previa.
En el escenario aparece una persona que visita todas las mañanas el edificio. La semana pasada se enteró que una de sus amigas salió de la empresa. “Fue liquidada. Sé que han despedido a otros, pero nada fuera de lo normal”, dijo.
A pesar de que la empresa se encuentra en liquidación, la actitud de los empleados de la sede de Crédito Real parece relativamente tranquila respecto al futuro, pero no es así para todos.
A finales de junio, un empleado de las subsidiarias de la prestamista no bancaria, cuyo sueldo consiste en comisiones, dejó saber sus temores sobre incertidumbre por el futuro de la empresa donde laboraba ya que, en últimos meses, la empresa había dejado de fondear a los clientes y no se les había depositado por concepto de problemas de Crédito Real.
“Mientras no tengamos fondos, no ganamos y solo vivimos de nuestro pequeño sueldo”, mencionó.
Antes de la pandemia, el edificio de Crédito Real contaba con banners con su logotipo, además de un distintivo de Great Place To Work. La historia de la financiera no bancaria con sus recursos humanos fue destacada incluso como una “Great Story”.
“Crédito Real se define a sí misma como una de las instituciones financieras mejor capitalizadas del sector financiero mexicano, y, por lo tanto, de menor riesgo, mayor estabilidad y con robustas perspectivas de expansión; resultados de negocio que se traducen en resultados de capital humano”, señalaba Great Place to Work en 2019.
Crédito Real contaba con una plantilla laboral de 657 trabajadores, el 95% contaban con un contrato laboral permanente al cierre del 2020, de acuerdo con la información más actualizada.
La mayoría de los trabajadores de la compañía mexicana están ubicados en la Ciudad de México (446) y realizan actividades operativas y administrativas (540), indica el informe de sustentabilidad.
Crédito Real tiene presencia en México, EE.UU., Costa Rica, Panamá, Honduras y Nicaragua. Trabajar en la prestamista aseguraba estar entre una de las 100 mejores Empresas Financieras del Mundo, de acuerdo con un programa de World Finance obtenido en 2013.
Los problemas financieros de la compañía comenzaron a relucir en noviembre del año pasado cuando Barclays dijo que la prestamista mexicana habría reportado una pérdida neta para el tercer trimestre del año si no se hubiera ajustado el valor de la cartera de créditos que compró a Banco Famsa.
En febrero de 2022, la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) profundizó los problemas financieros con el incumplimiento del pago de un bono en francos suizos que ascendían US$184 millones.
Las empresas que entran en quiebra o concurso mercantil pueden dar por terminados colectivamente los contratos laborales, de acuerdo con la ley.
Con el concurso mercantil, “primero trabajadores, luego SAT e IMSS y ya después bancos, bonistas y accionistas”, dijo a Bloomberg Línea el director de Inversiones en Invala Family Office, Amín Vera.
En los casos de terminación los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario y a recibir la prima de antigüedad.
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