Panamá continúa a merced de las protestas callejeras

Los constantes cierres de vías mantienen prácticamente paralizado al país

Panameños se toman las calles por segunda semana para protestar por el costo del combustible y de los alimentos.
13 de julio, 2022 | 07:30 PM

Ciudad de Panamá — Las medidas anunciadas esta semana por el gobierno panameño para tratar de controlar un creciente descontento popular parecen no surgir efecto, toda vez que cientos de ciudadanos volvieron este miércoles a las calles a protestar por el alto costo del combustible y de los alimentos.

Este martes la administración de Laurentino Cortizo Cohen congeló el costo del combustible a 3.95 dólares por galón, que ronda los 6 dólares, estableció el control de precios de 10 alimentos e impuso un plan de austeridad tendiente a reducir la planilla estatal en un 10%, retirar de manera voluntaria a los jubilados que laboran en el gobierno, así como congelar los viajes al extranjero, siempre y cuando no sean necesarios, y no renovar los contratos laborales.

Estas medidas, que deben entrar en vigencia este 15 de julio, han sido catalogadas por los manifestantes, entre ellos educadores, trabajadores de la construcción, productores, indígenas, estudiantes y parte del sector privado, como paliativos que solo buscan calmar las protestas que desde hace más de 10 días mantienen prácticamente paralizado al país. La petición es que bajen todos los precios de los alimentos y el galón de combustible a 3 dólares.

En Arraiján, en las afueras de la ciudad capital, las protestas no cesan.
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Se trata de una situación “muy compleja porque hay pérdida de confianza” señala Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), quien asegura que no están de acuerdo con las acciones violentas ni cierres de calles e insta al gobierno y diversos sectores a un “gran” diálogo nacional.

Aunque aún no tienen una cifra precisa, el gremio asegura que en el sector privado “hay pérdidas millonarias que siguen deteriorando el ya maltrecho panorama económico del país. El gobierno tiene que tomar medidas concretas que mejoren el ambiente de la convivencia democrática. Debe haber hiper transparencia, lo cual es imprescindible para fortalecer la democracia y el estado de derecho”, añadió Castillo Gil.

Entre las protestas, cantos y bailes, llamó la atención la imagen de los productores lecheros que arrojaron varios litros de leche a la vía, momentos en que muchos panameños no pueden comprar el lácteo, en un país en donde la canasta básica de alimentos supera los 280 dólares, mientras que el salario mínimo se ha establecido desde 290 dólares.

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Productores de provincias centrales botan la leche por no poder comercializarla, debido a las vías obstruidas

Franklin Mitre, productor lechero de las provincias centrales de Herrera y Los Santos y miembro de la Asociación de Productores Lácteos de Panamá, asegura que él fue el que tiró la leche a la calle y que fue un gesto simbólico para que se entienda la situación que se vive y resaltó que habla con dos sombreros, el de productor y el de empresario.

”Entiendo lo que están pasando los productores, pero los productores no piensan en los industriales… Mis estanterías están llenas de productos y como hay manifestaciones y hay tranques, la leche está llegando en un estado en que ya no sirve…No podemos arruinar el mercado y el producto por culpa del gobierno que no quiere ceder el brazo”, dijo en tono de ofuscamiento.

Mitre agregó que está peleando para que baje el precio del combustible y el de la canasta básica familiar, pero que quería “impactar para que se entienda la realidad de un producto básico en la dieta de los panameños”.

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“Ni en pandemia paré mi fábrica, pero en este caso no. Acá la gente está enardecida, yo estoy afectado, pero quiero apoyar para ver de qué manera el gobierno acepta rápido la negociación del galón de combustible... pero tienen que hacer algo rápido” comentó.

El gobierno ha convocado a los sectores a un diálogo para este jueves en horas de la tarde en la Ciudad del Saber, donde se ubicaban las antiguas bases militares que en el país tenía el ejército de Estados Unidos, “para que juntos encontremos soluciones viables y factibles a los problemas que aquejan a la sociedad”, cita un comunicado del Ministerio de la Presidencia, ejercicio en el que la Iglesia Católica se ofreció de mediador.

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