Bloomberg — Un acuerdo fiscal global relacionado las ganancias de las grandes empresas tecnológicas multinacionales, calificado en su momento como una “revolución”, se enfrenta a un entramado de problemas técnicos que retrasarán su implementación, cómo mínimo, hasta 2024.
Los trabajos en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sobre un instrumento jurídico para modificar los convenios fiscales en todo el mundo han resultado más desafiantes que lo previsto cuando los negociadores fijaron inicialmente el año que viene como meta para que el nuevo sistema entrara en vigor.
“Son negociaciones complejas y muy técnicas relacionadas con algunos conceptos nuevos que reforman de forma fundamental los acuerdos fiscales internacionales”, dijo Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE, el lunes. “Continuaremos trabajando con la mayor rapidez posible, pero también dedicaremos todo el tiempo que sea necesario para que las normas sean correctas”.
Aunque Cormann ya había señalado posibles retrasos, la confirmación de un nuevo calendario es un nuevo revés para un acuerdo internacional destinado a hacer frente al desbocado traslado de beneficios transfronterizos, que se calcula que cuesta a los gobiernos entre US$100.000 y US$240.000 millones de ingresos fiscales al año.
Hay otras fuentes de incertidumbre: en el Congreso de EE.UU., la reforma todavía no cuenta con el apoyo universal de los demócratas y cuenta con la oposición conjunta de los republicanos.
De no aplicarse las nuevas normas que otorgarían a los países fuera de EE.UU. más derechos para aplicar impuestos a empresas como Amazon.com Inc. (AMZN) y la matriz de Facebook, Meta Platforms Inc. (META), crece el riesgo de que se reanude una disputa comercial transatlántica sobre gravámenes digitales que comenzó durante la presidencia de Donald Trump.
Los países europeos y EE.UU. convinieron en suspender sus medidas de ajuste mientras el acuerdo global de la OCDE se aplique antes del 31 de diciembre de 2023. Canadá aprobó también una ley que pondría en vigor un impuesto digital nacional, con carácter retroactivo al 1 de enero, si las nuevas normas mundiales no están en vigor a finales del próximo año.
Con sede en París, la organización, que acoge las conversaciones sobre impuestos entre unos 140 países, señaló que presentará un proyecto de normas a los ministros de finanzas del G20, reunidos en Indonesia a finales de esta semana. Se trata de ultimar un mecanismo para modificar los tratados internacionales a mediados de 2023, para su aplicación en 2024.
En Estados Unidos, los congresistas están deseosos de saber cómo afectará la redistribución a los ingresos fiscales. El Tesoro ha manifestado que el acuerdo tendrá un impacto neto insignificante. Los legisladores y las multinacionales con sede en EE.UU. también buscarán indicios sobre cómo afectará a los resultados de esas empresas.
Independientemente de la parte del acuerdo global relativa a la tributación de las empresas, conocida como Pilar Uno, también hay incertidumbre sobre el Pilar Dos, que establecería un impuesto corporativo mínimo. La UE no ha obtenido el respaldo unánime necesario de los Estados miembros, considerando que no cuenta con el de Hungría.
Como señal de la importancia de los cambios para la administración estadounidense, la semana pasada el Departamento del Tesoro anunció que pondría fin a un tratado fiscal de 43 años de antigüedad con Hungría. No obstante, la OCDE afirmó que el trabajo técnico sobre el tributo mínimo está “prácticamente terminado” y que la mayoría de las principales economías ya han programado planes de aplicación.
Este artículo fue traducido por Miriam Salazar
