QUITO — Para los extranjeros es increíble que no existan casinos ni juegos de azar en el Ecuador. “Es como si prohibieran el licor o el tabaco”, le dijo un turista a su guía mientras este intentaba explicarle las razones: “Cuando preguntan sobre ese tema, solo les digo que hace varios años hubo una votación en el país y se cambió la ley, pero es complicado aclararlo”, asegura el guía de montaña Ramiro Garrido.
Y efectivamente ese es el resumen: el 7 de mayo de 2011 a través de una consulta popular se preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con que se prohíban “los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego”. El 52% votó a favor de la prohibición y el 48% en contra. Y desde ahí no se puede apostar en Ecuador, al menos legalmente.
¿QUÉ MOTIVÓ LA PROHIBICIÓN?
Cuando el expresidente Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2017, propuso incluir esta consulta en el referéndum dijo que su intención era que exista “un ambiente más sano” para los jóvenes y evitar que por “el vicio del juego” un padre de familia pierda su salario.
El entonces canciller Ricardo Patiño defendió también la propuesta del Gobierno. “Estamos buscando eliminar estos ambientes favorables y propicios para el lavado de dinero, sabemos que los casinos, aunque puedan tener actividades que no sean ilegales, son la oportunidad adecuada para el lavado de dinero”, dijo a en esa época.
Así han transcurrido 11 años desde que en el país es ilegal apostar, pues además el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente desde 2014 en su Artículo 236 establece que “la persona que administre, ponga en funcionamiento o establezca casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Y aunque han existido iniciativas para revertir esa decisión, aquello no ha prosperado. Según la extinta Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juegos (Anpasju), en el país existían 160 salas de juego que empleaban a 25.000 personas.
LOS “PRONÓSTICOS” DEPORTIVOS SE CUELAN
A pesar de la prohibición explícita que existe para apostar en el país y de ser considerado un delito, actualmente proliferan las webs de apuestas o “pronósticos deportivos”. ¿Pero cómo funcionan y por qué no son sancionadas por la ley?
El primer punto a considerar es que estos sitios web o plataformas digitales están domiciliados fuera del Ecuador, es decir, en principio no incumplen la normativa ecuatoriana porque no funcionan en el país. Esto a pesar de que existen oficinas físicas a las que los jugadores pueden acercarse a pagar o cobrar el dinero de sus pronósticos.
Además, la Procuraduría General del Estado emitió en diciembre de 2019 una aclaración acerca de la consulta popular de mayo de 2011 en la que dice que si bien están prohibidos “los negocios dedicados a la realización de juegos cuyos resultados se definen, en forma exclusiva, por la suerte sin que intervenga en absoluto la habilidad o destreza del jugador”, las pronósticos deportivos no estarían en esa categoría porque dependen más del conocimiento que de la suerte.
Como en muchos países de la región, la puerta de los pronósticos deportivos es el fútbol. Como se explica en la sección deportiva de Primicias, en abril de 2021, la empresa BetCris se convirtió en el principal patrocinador de la LigaPro del campeonato nacional de fútbol y también firmó un acuerdo con el canal GolTV, lo que le permitió al canal uruguayo, dueño de los derechos de transmisión del campeonato, salvar el contrato que tiene con la Liga Profesional y cuyos pagos no ha podido cumplir con puntualidad.
“Hasta enero de 2022, GolTV les debía a los clubes de la LigaPro alrededor de US$ 13 millones, pero gracias al acuerdo con BetCris, la cadena uruguaya se comprometió a pagar ese dinero en cinco cuotas entre marzo de 2022 y junio de 2023″, señala el reporte.
Además, otras casas de apuestas deportivas –como Bet593- figuran actualmente como auspiciantes de equipos nacionales.
UN VACÍO LEGAL QUE NO SE ARREGLA
Es decir, existe un vacío legal en el Ecuador que impide regular las apuestas por plataformas digitales. Aquello tiene, además, una consecuencia económica importante para el fisco ecuatoriano, pues estas empresas no pagan impuesto a la renta ya que no están domiciliadas en el país. El Servicio de Rentas Internas (SRI) se ha declarado incompetente para cobrar el impuesto porque las empresas no son residentes en Ecuador.
El presidente Guillermo Lasso hace pocos meses advirtió que encontraría un mecanismo para ejecutar estos cobros. “Viven en el exterior pero tienen grandes negocios en el Ecuador, no puede ser que no paguen impuestos”, dijo al ser consultado sobre el tema en una entrevista. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado avances al respecto.