Bloomberg — En 2021, el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos reduciría a la mitad sus emisiones para 2030. Esa promesa hizo que el país pasara de ser un país atrasado en materia de medidas ecológicas a uno que se aproximaba a la ambición de la Unión Europea, que está a favor del clima.
Pero la sentencia del Tribunal Supremo de la semana pasada ha dificultado que Biden ponga a su país en la ruta para cumplir el objetivo. Se suma a las legislaciones climáticas estancadas que habrían ayudado.
La sentencia en el caso Virginia Occidental contra la EPA dice que la Agencia de Protección Ambiental del país no tiene autoridad para cambiar la generación de energía de los combustibles fósiles a fuentes más limpias a nivel de sistema. Aunque no llegó al peor de los escenarios: quitarle a la EPA la capacidad de regular los gases de efecto invernadero. La decisión contó con el apoyo de seis jueces nominados por los republicanos y la oposición de tres nominados por los demócratas.
Más de dos tercios de los estadounidenses quieren que el gobierno haga más por el clima, según una encuesta de Pew de 2020. Pero eso no ha sido suficiente para impulsar las políticas necesarias.
“Nuestro sistema no ha sido muy eficaz últimamente a la hora de traducir las preferencias del público en cambios políticos”, dijo Daniel Fiorino, director del Centro de Política Medioambiental de la American University y autor de ¿Can Democracy Handle Climate Change?. “Hay una especie de sesgo incorporado en Estados Unidos en contra de la acción pro-climática”.
No tiene por qué ser así. Con ese nivel de apoyo público y un gobierno menos dividido en el tema, es posible lograr un resultado muy diferente. Tomemos como ejemplo Reino Unido. En 2008, más de dos tercios de los británicos pensaban que el gobierno debía hacer más por el clima, según una encuesta de Ipsos MORI. Ese año, Reino Unido aprobó la Ley de Cambio Climático. Sólo cinco diputados votaron en contra de la ley, de entre más de 600.
Desde entonces, Reino Unido ha tenido cinco primeros ministros. Ha sufrido dos crisis financieras, el Brexit, una pandemia y actualmente sufre la mayor inflación de los últimos 40 años. Sin embargo, cada uno de los sucesivos líderes no ha hecho más que reforzar los objetivos climáticos. El objetivo inicial de la ley era reducir las emisiones en un 80% respecto a los niveles de 1990 para 2050. Ahora se ha adelantado a 2035.
El alto nivel de apoyo público fue sólo un ingrediente. El proceso de creación de la Ley de Cambio Climático comenzó en 2005, con una campaña orquestada por la organización sin ánimo de lucro Amigos de la Tierra. Músicos como Thom Yorke, de Radiohead, se sumaron a ella y casi 200.000 personas escribieron a sus diputados para apoyar una ley sobre el clima.
“Teníamos una población educada, porque los medios de comunicación contaban con buenas historias sobre el cambio climático”, dijo Bryony Worthington, miembro de la Cámara de los Lores y autora principal de la Ley de Cambio Climático. “Había la sensación de que si no te lo tomabas en serio, te castigaban en las encuestas, o se veía que no eras un partido serio”.
En aquel momento, el gobierno laborista hizo del apoyo a la reducción de emisiones una parte de su programa, pero también le preocupaba la pérdida de puestos de trabajo relacionados con el carbón a medida que las centrales eléctricas de Reino Unido se pasaban al gas natural más barato del Mar del Norte. El punto de inflexión para el acto resultó ser la elección de David Cameron como líder del partido conservador de la oposición.
Cameron quería utilizar el clima como forma de “descontaminar” la marca conservadora, que había perdido tres elecciones nacionales desde 1997. Se comprometió a aprobar un proyecto de ley sobre el clima si era elegido. Cambió el logotipo del Partido Conservador, que pasó de ser una antorcha a un roble. En las elecciones locales de 2006, acuñó el eslogan “Vota azul, hazte verde”. El partido laborista, que estaba a favor de la acción verde, tuvo que impedir que los conservadores cooptaran un tema que ellos defendían. Con los dos grandes partidos alineados, sólo era cuestión de acertar en los detalles.
La ley aprobada establece presupuestos de carbono a cinco años, limitando de hecho la cantidad de emisiones permitidas al Reino Unido en cada periodo. El gobierno ha podido cumplir los tres primeros presupuestos desde 2008, pero ahora no está en camino de cumplir el cuarto. Esto es de conocimiento público porque la ley también creó el Comité de Cambio Climático, un organismo de control independiente que evalúa el desempeño del gobierno una vez al año.
Entre las principales economías, Reino Unido ha registrado el mayor descenso de las emisiones desde 1990 y los recortes se han acelerado desde 2008. No todo se debe a la ley, pero ha ayudado. “Ha tenido un efecto suave en la toma de decisiones y en la confianza de los inversionistas”, dijo Worthington.
La ley también ha tenido influencia internacional. Decenas de países cuentan ya con leyes climáticas de ámbito nacional, y Francia, Suecia y Nueva Zelanda se han inspirado en la versión británica.
Hasta ahora, Estados Unidos no ha seguido su ejemplo. Una de las razones puede ser que mientras el cambio climático está subiendo en las listas de prioridades de los votantes demócratas, no lo ha hecho entre los republicanos. Tampoco es el tema principal para muchos, independientemente del partido al que apoyen. Una encuesta realizada en junio reveló que sólo el 2% de los estadounidenses considera el clima y el medio ambiente como su prioridad número 1.
“El cambio climático interesa mucho a una parte de la población”, dijo Fiorino. “Pero en general, no compite realmente con la economía, la seguridad nacional y otro tipo de cuestiones. No es algo que la gente vote necesariamente”.