Buenos Aires — El 1 de junio de este año, la AFIP publicó la resolución general 5197/2022 que estableció un precio de referencia de US$53 el kilo de carbonato de litio, en una decisión que generó reacciones mayoritariamente negativas en el sector minero argentino, por considerar que condiciona un mercado hoy de poco volumen y volátil. La medida llegó a provocar un desplome en las cotizaciones de las acciones de empresas multinacionales que participan en la llamada fiebre del oro blanco, y a nivel local, las compañías buscan que se revea.
Según información del INDEC, en 2021, las exportaciones del complejo litio argentino alcanzaron un valor de US$207 millones, con un incremento interanual de 53,3%. Dentro de este complejo, las ventas externas de carbonato de litio se impusieron con una participación del 89,7%. Sobre los destinos exportados, se destacan China (US$88 millones), Estados Unidos (US$39 millones) y Japón (US$34 millones).
Son más de veinte los proyectos de litio en Argentina, pero a la fecha, solo dos empresas producen el metal y sus derivados, ya sea carbonato o hidróxido. Como resultado, pagan impuestos nacionales por exportación y dejan regalías en las provincias: Livent Corporation (Estados Unidos), en el Proyecto Fénix, en Catamarca; y el proyecto Sales de Jujuy en Salar de Olaroz (Jujuy), que es operado por Allkem (Australia) Toyota Tshusho (Japón) y Jemse (Argentina). Se estima que producen 20.000 millones y 25.000 millones de toneladas de carbonato de litio, respectivamente, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Minería de la Nación publicado a fines de 2021.
La resolución de la AFIP tuvo como finalidad evitar supuestas maniobras de subfacturación de estas empresas. Según pudo averiguar Bloomberg Línea, aún se sostiene el diálogo entre autoridades y empresas para rever la medida. Desde el Gobierno nacional, insisten en que los precios testigo no son obligatorias, y que las compañías solamente deben poder justificar sus precios de exportación.
Diferencias sobre el precio del litio
Las investigaciones y denuncias tributarias surgieron a raíz de la diferencia en el precio al que Livent exportó el litio respecto a lo que se vendió desde Sales de Jujuy. Desde el oficialismo nacional sostienen que la provincia jujeña –donde gobierna el opositor, Gerardo Morales– obtuvo regalías un 843% superiores a las que recibió el Gobierno de Catamarca.
Según explicaron fuentes de la compañía a este medio, Livent no exporta directamente a clientes, sino que envía los bolsones de litio a su casa matriz en Estados Unidos para luego sí vender el producto. Además, dice que el precio de referencia que utiliza es el del mercado de Argentina y Chile, según explicó José Ignacio Costa, el representante legal de la empresa norteamericana Livent, al diario local El Esquiú. Sales de Jujuy, en cambio, sí vende el producto terminado a clientes en el mercado asiático, en negociaciones extensas que son caso por caso y que dependen de diversas variables.
- Precio del litio: Una referencia sobre el precio de este mineral es el del litio en China reportado por Asian Metal Inc, que reflejó en 2021 un aumento de casi el 500% interanual, algo que fue calificado como “precios de locura” por Elon Musk, CEO de Tesla.
Denuncias de subfacturación
El diputado provincial de Catamarca, de la Unión Cívica Radical, Alfredo Marchioli, fue quien encabezó las denuncias por presunta subfacturación por parte de Livent en el Proyecto Fénix.
Por un lado, exigió a la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) el detalle sobre la fiscalización y determinación de regalías y aportes de la compañía. También elevó el reclamo a la Agencia Federal de Impuestos Públicos (AFIP), según explicó a Bloomberg Línea.
Como resultado, ARCA ─organismo que tiene a cargo desde julio del 2020 la recaudación, determinación y fiscalización de los fondos provenientes de los recursos de regalías mineras─ respondió que realizó reliquidación, o recálculo, de los pagos realizados por la empresa minera. Ese trabajo determinó una deuda de Livent con ARCA por $197 millones, o US$1,56 millones al tipo de cambio oficial mayorista de este viernes.
Sin embargo, Marchioli reclama que se realice la misma fiscalización desde 2017, cuando las facultades pesaban sobre el Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca. Y estimó así que la deuda debería ascender a los $500 millones, o US$3,95 millones. En ese sentido, el legislador presentó un recurso de amparo por mora en la Corte de Justicia de Catamarca, contra el ministro de Minería provincial, Marcelo Murúa. Según el legislador, el funcionario no respondió al pedido de información para verificar el control realizado por el Estado para determinar las regalías mineras de la empresa Livent.
La respuesta de la empresa
Costa, de Livent, buscó valorizar el rol que tiene la empresa en la producción de litio en Catamarca, apuntando que, como resultado de sus operaciones, el carbonato de litio que se fabrica en la provincia finaliza en autos eléctricos de marcas como Tesla.
Sobre el precio, y en diálogo con El Esquiú, Costa remarcó “la dificultad en llegar a un valor único mundial por tratarse de un mineral mucho más relacionado a la industria química que a la minera con componentes muy complejos”.
Respecto al recálculo realizado por ARCA, el representante legal de la compañía en Argentina señaló que la actualización corresponde a “la aplicación de un criterio diferente establecido por la entidad recaudadora, sin haberse cometido incumplimiento contractual alguno por parte de la empresa”. “Este nuevo criterio define cómo se va a calcular el precio del litio para, en base eso, realizar el pago correspondiente de regalías”, agregó Costa.
Precios de referencia
Según la secretaría de Minería de la Nación, tras la consulta de Bloomberg Línea, la resolución de la AFIP que estableció un precio testigo de US$53 el kilo de carbonato de litio, consiste en “un procedimiento de rutina que se utiliza para analizar los precios de exportación y que en base a ellos, se fije un precio o valor de referencia”.
Insistieron en que el valor publicado “no define el precio de exportación, y no significa que las empresas deben vender a ese valor. Simplemente deben acreditar que el precio está justificado”.
Además, destacaron que como autoridad de aplicación, la AFIP “define los pasos a seguir para acreditar el precio de exportación”, y acompaña “el desarrollo de inversiones en el marco de la ley”.
Las reacciones de las empresas
“La fijación de precios mínimos no ha sido del todo positiva, porque el mercado de litio no tiene aún un gran volumen. Por eso justamente uno de los problemas es la falta de transparencia en el precio del litio porque no hay gran volumen”, explicó a Bloomberg Línea Flavia Royón, secretaria de Minería de la provincia de Salta, donde hay trece proyectos de litio, pero aún ninguno en producción.
Royón precisó que “en cinco años Argentina producirá un volumen de sales de litio que ayudará a la fijación de precios”, y agregó que “hoy es un mercado volátil y establecer un precio mínimo es un tanto complejo”. “Soy de la idea de ir más a procedimiento de control que establecer un precio mínimo”, concluyó la funcionaria salteña.
La voz de los empresarios se expresó a través de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que tras la resolución, señaló en un comunicado que “es fundamental que el país sea capaz de sostener un marco estable de reglas claras y seguridad jurídica que permita la planificación de inversiones de carácter productivo”.
El comunicado asegura que la nueva norma “genera un impacto negativo en las empresas con inversiones en la Argentina y en el desarrollo de otros proyectos en carpeta”. Además, insiste en que “las empresas del sector trabajan de forma transparente y respetan la legislación vigente en nuestro país”.
El ejecutivo de una de las empresas de litio que apuestan al litio en el país, señaló a Bloomberg Línea que no hay sustento fáctico que justifique el valor referenciado.
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