Buenos Aires — La empresa estatal Energía Argentina, o IEASA, dio a conocer este viernes las ofertas que recibió para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.
Se recibieron las ofertas de las siguientes empresas, todas de capitales argentinos: BTU; Techint-SACDE; ESUCO; TGS (TGS) Y Contreras Hermanos-Víctor Contreras.
- La fecha clave: El Gobierno argentino aspira a que el gasoducto entre en servicio para el invierno del 2023.
- El costo total: La obra, incluyendo sus dos etapas, implicará desembolsos por US$3.471 millones, de acuerdo a las estimaciones del Gobierno.
En un evento que fue transmitido por Youtube, el presidente de IEASA, Agustín Gerez, sostuvo que el proceso deberá ser “limpio y seguir adelante sin complicaciones para que la construcción pueda comenzar lo antes posible”.
Con la construcción del gasoducto, el Gobierno aspira a sustituir importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), que hoy se requieren para cubrir la demanda interna insatisfecha. Además, el Gobierno buscarán reemplazar el combustible líquido actualmente utilizado en las Centrales Termoeléctricas por gas natural de producción nacional.
De la apertura de sobres participaron la ministra de Economía, Silvina Batakis, el secretario de Energía, Darío Martínez, entre otros funcionarios. La licitación “GPNK 07/2022″ es para proveer servicios de “ingeniería, provisión de equipos y materiales” y para la “construcción” del “Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y obras complementarias” de la “Etapa I” del proyecto.
En una primera etapa, la conducción de tuberías unirá a la formación de petróleo y gas shale Vaca Muerta, en Neuquén, con la provincia de Buenos Aires, con el objetivo luego de ampliarla al resto del país y también para exportar a Brasil. Uruguay, por su parte, también ha demostrado interés en comprar gas argentino en cuanto esté disponible.
La licitación por los caños
En mayo, la empresa SIAT, del Grupo Techint ganó la licitación para la provisión de cañerías para la construcción del gasoducto. La insinuación de Matías Kulfas de que el grupo presidido por Paolo Rocca había sido favorecido por el entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner resultó en su renuncia como Ministro de Desarrollo Productivo.
Sin embargo, la judicialización de aquella licitación fue desestimada rápidamente por el juez Daniel Rafecas.
