Santiago — La primera parte de la ambiciosa reforma tributaria del gobierno de Gabriel Boric comenzará próximamente su trámite legislativo. Mario Marcel, ministro de Hacienda, expuso este martes sobre el proyecto de ley, centrado en la eliminación de exenciones y medidas contra la evasión y la elusión, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo aún no ingresa el proyecto al Congreso, pese a que se esperaba que diera este paso ayer. El Gobierno argumenta que están trabajando en los últimos detalles del documento.
Se espera que el debate legislativo sea intenso y que se extienda por un largo tiempo, según adelantó Goldman Sachs en un informe. Con la reforma, la administración de Boric pretende subir en un 20% la carga tributaria, bajo la posibilidad de que recaudará 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en cuatro años.
No solo se intentará eliminar exenciones, sino también modificar aspectos relacionados con los impuestos, en un contexto de alta inflación en Chile y de creciente incertidumbre global ante una posible recesión de Estados Unidos. La reforma que contiene, entre otros proyectos, un impuesto a los altos patrimonios y un royalty a la minería, será ingresada de forma gradual: una primera parte en julio y otra hacia finales de este año.
La prueba de fuego, el Congreso
Boric, que asumió el poder en marzo, estima financiar la mitad de su programa de Gobierno con la recaudación obtenida con esta reforma. Pero, en lo inmediato, la prueba de fuego estará en el Congreso, donde no tiene mayoría.
El diputado opositor Frank Sauerbaum, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, dijo que, en general, apoyarán algunas iniciativas relacionadas con la eliminación de exenciones, y reducción de la evasión y la elusión tributaria de impuestos, pero reconoció que tendrán diferencias en otras propuestas, entre ellas un alza de los impuestos a personas pertenecientes a la clase media, que no recibirían algunos beneficios de la tributación pagada por parte del Estado. “Ahí vamos a tener una discusión para ver cómo extendemos beneficios para ellos”, dijo a Bloomberg Línea.
El legislador cree que, uno de los puntos donde habrá mayor recelo, será en los nuevos impuestos a la minería. Aunque el Gobierno aseguró que no quiere desalentar las inversiones y el desarrollo del sector, los gremios mineros están viendo con pesimismo un royalty ad valorem.
La propuesta se agregaría al proyecto que se discute actualmente al Senado. “En general, nosotros vamos a tener más disposición a avanzar en los tributo que no tienen un impacto en la productividad ni en la generación de inversión y sí, obviamente, vamos a tener aprensiones en lo que pueda terminar agravando esta crisis económica de la cual esta reforma no se hace cargo, como de los niveles de inflación, de baja inversión, de los niveles de desempleo”, explicó Sauerbaum.
Según JP Morgan, la discusión de la reforma tributaria se desarrollará en un “escenario complejo” en Chile, producto de los efectos del proceso constituyente, la alta inflación, entre otros factores.
¿Una meta difícil de cumplir?
En una entrevista con Bloomberg Línea, Richard Francis, analista de Fitch Ratings, dijo que en “cualquier país” una reforma tributaria es un proceso difícil y será en Chile, motivo por el cual será clave para el Gobierno lograr acuerdos en el Legislativo, especialmente en el Senado donde tiene menos apoyos. Su pronóstico es que no se recaudará el 4,1% del PIB, sino menos de esa cifra, posiblemente la mitad.
Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, asegura que, en líneas gruesas, la creación de un impuesto al patrimonio, la expansión del impuesto a las ganancias de capital de un 10% a un 22%, y el royalty podrían suponer riesgos para la inversión y el crecimiento en un contexto de dificultades para los hogares. Considera que se plantea un alza de impuestos en un “momento muy difícil de la economía” chilena. “Un verdadero pacto tributario implicaría que, además de la contribución de la sociedad civil y el sector privado, contribuya el Estado”.
Weber opina que, en cambio, los 4,1% del PIB debieran repartirse en partes iguales: dos puntos del sector privado y dos más del Estado. “¿Con cuántos puntos de PIB por un mejor gasto público contribuirá el Estado? ¿Por qué en lugar de solo subir los impuestos no mejoramos la forma en que el Estado gasta sus recursos? Esa es una materia imprescindible”, comenta a este medio.
Para el abogado Javier Cerón, socio del estudio jurídico Cariola Díez Pérez-Cotapos, será un desafío relevante será cumplir con la promesa de simplicidad, un principio en el cual Marcel hizo hincapié en su presentación de la reforma. “Preliminarmente se ve difícil de cumplir si se sigue manteniendo un sistema distinto para grandes y pequeñas empresas, otro diferente para inversionistas de países con convenio, y una serie de reglas de retención nuevas; todas las cuales deben coordinarse con el sistema que existe hoy”.
Cerón destaca que el Gobierno cumplió su promesa: la reforma afecta principalmente a las personas con mayores ingresos. Pero advierte que cuando hay cambios en el sistema tributario, “los efectos son múltiples y a veces no son evidentes, por lo que los afectados por la reforma no necesariamente coinciden con los que ‘pierden”. Y concluye: “Habrá que ver el proyecto completo, pero con un plan tan ambicioso, el margen de error es grande. Y el riesgo de equivocarse en estas materias es uno que afecta al país completo”.
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