La Paz — El ex presidente Carlos Mesa Gisbert enfrenta un juicio por el caso golpe 1 por el supuesto Golpe de Estado del cual lo acusa el oficialismo del partido de Evo Morales. Este es el octavo proceso legal al que es sometido desde que dejó la presidencia en 2005 y dice que no buscará asilo político, sino que se defenderá desde Bolivia a pesar de la desconfianza que se tiene al sistema judicial por la injerencia política que han denunciado organismos internacionales.
El caso “Golpe 1″ se reabrió con nuevos denunciados luego de la condena de 10 años de la ex presidenta interina Jeanine Áñez. Además de Mesa, los implicados son líderes de la oposición como el ex presidente Jorge Tuto Quiroga; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín; el exviceministro de Coordinación Gubernamental del gobierno de Jeanine Áñez, Israel Alanoca; y el político opositor y reconocido empresario del cemento, Samuel Doria Medina.
Los delitos por los que se juzgará a este grupo de políticos son: “seducción de tropas, instigación pública a delinquir, relacionado con levantamiento armado”. Así lo explicó el abogado acusador Víctor Nina, que representa a la exdiputada Lidia Patty, quien presentó la demanda originalmente.
Carlos Mesa conversó con Bloomberg Línea sobre estas acciones legales que califica de persecución política para llevar presos a expresidentes y líderes políticos. Mesa también adelantó que su vida política sigue en pie y que pretende enfrentar nuevamente al partido de Evo Morales en las urnas hasta derrotarlo.
¿Qué acciones legales está tomando sobre su implicación en el caso Golpe 1?
Ante la insistencia de la justicia boliviana sometida al expresidente Morales a través del gobierno de Luis Arce, y ante un caso inventado para blanquear el gigantesco fraude de Morales en las elecciones de 2019, el único camino posible es rechazar la acusación y denunciar este proceso en Bolivia y ante la comunidad internacional.
¿Esperaba usted esta denuncia hacia su persona y otros miembros de la oposición que lideraron los 21 días de paro?
Con esta justicia y esta fiscalía obsecuentes y corruptas todo es posible, pero debo reconocer que el nivel de cinismo de los gobiernos de Morales y Arce superan toda previsión. Era difícil imaginar que la heroica resistencia democrática de 21 días tras el fraude que sufrió Bolivia y yo personalmente como candidato afectado, iba a ser respondida con esta acusación de “golpe”, que no resiste el menor análisis.
¿Se quedará a defenderse en el país o buscará asilo político?
Desde que dejé la presidencia en 2005 he sido sometido a siete procesos judiciales por los gobiernos de Morales y Arce, siempre he comparecido ante fiscales y jueces. Esta octava vez no va a ser distinta. Aquí estoy y aquí estaré.
¿Qué viene luego en su vida política?
Soy el líder de la oposición como presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana con una bancada de 50 parlamentarios. Seguiré en esta tarea que es la de construir una propuesta política, económica y social alternativa que derrote en las urnas al MAS.
¿Qué representa este caso en derecho internacional y para la justicia boliviana?
La terrible evidencia de que la justicia boliviana ha llegado a un estado de cáncer terminal. Es imperativo para la democracia boliviana, reconquistar la independencia de la justicia y el ministerio público, la garantía de jueces y fiscales honestos, idóneos y patriotas que terminen con la retardación de justicia, las detenciones preventivas arbitrarias, la corrupción que hace que los más pobres siempre pierdan porque no tienen recursos en este circuito que sólo garantiza impunidad, no administración de una justicia para todos.
¿Cuál fue su relación con los otros opositores durante los días previos a la renuncia de Evo y cuál es su relación actual con los demás implicados en el caso?
Fui candidato presidencial en 2020. Critiqué la decisión de la Presidenta Áñez de presentarse como candidata de la que -cuando el daño ya estaba hecho- se retractó, tuve que hacer una campaña contra el MAS y ante la postulación de Luis Fernando Camacho que debilitó mi candidatura la que era evidentemente la más fuerte de la oposición. No tuve vinculo alguno ni antes, ni durante su gestión con el gobierno de Jeanine Áñez. Hoy tengo una relación de respeto por las otras opciones opositoras y hago una defensa cerrada de la expresidenta, porque es víctima política de un sistema judicial que no es otra cosa que un martillo de persecución y destrucción de los opositores a los gobiernos autoritarios de Morales y de Arce.
¿Qué le diría a Luis Arce y Evo Morales por estas denuncias y por los casos de golpe de Estado?
Que mienten, que usan el poder como autócratas para hacer de la justicia una caricatura, que mientras no haya una justicia independiente no habrá una democracia real en Bolivia. A Morales en particular, que su desesperación por volver a la presidencia a cualquier costo esta envenenando a Bolivia con discursos de odio y de división.
¿Como historiador, ¿usted cree que la narrativa del golpe sobrevivirá en la Historia boliviana?
En este mundo de la posverdad y de la mentira como arma arrojadiza, no será fácil, pero creo que la verdad se impondrá más temprano que tarde. No hubo golpe, hubo fraude. Me preocupa el poder de la “izquierda” latinoamericana y su influencia en medios de comunicación serios de Estados Unidos y Europa, sobre todo aquellos que, víctimas de su mala conciencia colonial, no juzgan a Morales como el Presidente arbitrario y autoritario que fue, sino como el “indígena que trajo justicia e igualdad a Bolivia”, olvidando o desconociendo transformaciones fundamentales como la Revolución de 1952 y el proceso democrático 1982-2006, cuyos avances en la lucha contra el racismo, por la igualdad y la inclusión, fueron imprescindibles para la concreción de esos logros en los primeros años de gestión de Morales.
¿Qué fue lo que sucedió días previos a la renuncia de Evo Morales?
El 20 de octubre de 2019 Morales hizo, a través del Tribunal Electoral bajo control de su gobierno, un gran fraude en las elecciones presidenciales de ese día. Hecho comprobado por la exhaustiva auditoria de la OEA que fue pedida por el gobierno de Morales no por la oposición. La mayor parte del país se movilizó contra esa acción, lo hizo pacífica y democráticamente. Pero no sólo fue la respuesta al fraude, fue la respuesta a la candidatura ilegal de Morales en 2014 (segunda reelección prohibida por la Constitución que sólo reconoce una reelección consecutiva), a la descarada burla de Morales ante su derrota en el Referendo de 2016 que le dijo no a la reelección indefinida y -en consecuencia- a su segunda candidatura presidencial inconstitucional. La gente estaba harta de un gobierno autoritario y sordo al clamor popular.
