Santiago — La reforma tributaria planteada por el gobierno de Gabriel Boric, que será ingresada al Congreso la próxima semana, fue cuestionada por los gremios de empresarios y de mineros. “El royalty ad valorem es un impuesto regresivo que afecta más a las mineras pequeñas y a las de costo más alto disminuyendo la competitividad del sector, lo que es dañino para el país”, dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y ex Ceo de Codelco, Diego Hernández, en un comunicado en el que lamentó que el Ejecutivo insista en esta medida.
La reforma propone establecer un nuevo régimen para la gran minería cuprífera, la cual produce más de 50 mil toneladas métricas de cobre fino. Según Hernández, es “complicado aplicar una reforma tan ambiciosa en un escenario de alta inflación y señales de recesión económica”.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile, criticó duramente la iniciativa: “Preliminarmente, se trata de una propuesta dañina para el sector en el mediano y largo plazo”. A su juicio, la combinación de un royalty ad valorem de hasta 4%, que distingue por tamaño de faenas y no por márgenes operacionales, más un componente sobre rentabilidad, que aumenta con el precio del cobre y no según los márgenes, perjudicaría “gravemente la competitividad de la industria minera y, por consiguiente, no generará un mayor aporte al país de manera sostenida”.
El Gobierno, en su presentación, afirmó que se recaudaría cerca de dos tercios de la renta económica. “Esta carga tributaria de cerca de 66% escapa de todo margen razonable de competitividad tributaria con otros países mineros a nivel internacional, la que se sitúa en torno a un 40%. Con la propuesta del Gobierno, tal como se conoce hasta hoy, habrá un rotundo desincentivo a la inversión en minería en Chile”, explicó Villarino.
Considera que no sólo este nuevo royalty impactaría a las empresas mineras, sino que otras propuestas de la reforma también podrían afectar al sector.
La mirada de los empresarios
El proyecto, igualmente, aspira a aplicar un impuesto a los grandes patrimonios. A un primer tramo, que contempla entre US$5 millones y US$15 millones, se le impondría una tasa de 1%; mientras que el segundo tramo, con fortunas superiores a US$15 millones, contaría con tasas de 1,8%. Otras de las iniciativas están relacionadas con reducción de exenciones, evasión y elusión.
Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) dijo que el proceso de discusión previo a la presentación del proyecto careció de diálogo. “Para mí, los diálogos son cuando escuchas, rebates, discutes y acuerdas. Eso fue un proceso parcial”, explicó a periodistas.
El líder de los empresarios en Chile aseguró que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su exposición mostró las bases “macro”, pero no los detalles. Consultado sobre lo conocido hasta ahora, Sutil dijo que, independientemente de aspectos positivos y otros que se deben mejorar, “la incerteza disminuye porque ya se sabe perfectamente cuál es la propuesta que el Gobierno está haciendo en este caso a la ciudadanía y al Congreso”.
La reforma tributaria pretende recaudar 4,1% del PIB. “Estamos en un contexto económico bien complejo, porque el próximo año ya Estados Unidos está reconociendo que puede haber una recesión en ese país o también a nivel global. También el Banco Central de Chile está indicando que podemos tener tasas de crecimiento prácticamente cero o negativas… Y eso afecta al empleo, la inversión; una recesión nos afecta a todos”, explicó.
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