Bloomberg — La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió el jueves dejar en libertad al gobierno de Joe Biden para poner fin a una política de la era Trump que obliga a los solicitantes de asilo en la frontera sur a esperar en México mientras se procesen sus casos, lo que le permite al presidente retomar el control de una faceta clave de su política migratoria.
La Corte, con una votación de 5 a 4, dijo que el programa “Permanecer en México” no es necesario según la ley federal de inmigración, aunque el gobierno carece de capacidad para detener a todos. La administración de Biden argumentó que los funcionarios federales pueden liberar a muchos de los solicitantes en el país mientras esperan sus audiencias.
El fallo otorga a Biden una victoria legal, restaurando la autoridad del presidente sobre un asunto que tradicionalmente ha estado bajo el control de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, la decisión aumentará el desafío para Biden mientras sortea el problema políticamente tenso de la afluencia fronteriza. Su administración también está librando una lucha en los tribunales para poner fin a los controles separados del Título 42 impulsados por la pandemia de Covid-19.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y el juez Brett Kavanaugh se unieron a los tres liberales del tribunal en la mayoría.
Biden cumplió una promesa de campaña al suspender la política “Permanecer en México” el día que asumió el cargo, pero pronto se vio envuelto en un litigio. El año pasado, la Corte Suprema obligó al gobierno a reanudar el programa, una medida que requirió la negociación con el gobierno mexicano. Más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. dio una explicación más completa sobre la rescisión del programa, lo que lo situó en una base legal más sólida.
Condiciones peligrosas
Los críticos dijeron que el programa, conocido formalmente como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP por su siglas en inglés), ha obligado a las personas a vivir en condiciones peligrosas en México. Los partidarios dijeron que el MPP era necesario para gestionar la aglomeración en la frontera y garantizar que los inmigrantes indocumentados se presentaran a sus audiencias de asilo. Y obligó a miles de solicitantes de asilo a permanecer en México.
La administración rescindió formalmente el MPP en junio de 2021, sólo para que un juez ordenara su restablecimiento y un tribunal federal de apelaciones confirmara esa decisión. El gobierno de Biden dijo que las sentencias de los tribunales inferiores se inmiscuían en aspectos fundamentales del trabajo del presidente: la gestión de la frontera y la conducción de las relaciones exteriores.
En su opinión para el tribunal, Roberts dijo que la decisión de la corte de apelaciones “impuso una carga significativa sobre la capacidad del ejecutivo para conducir las relaciones diplomáticas con México”.
Texas y Missouri impugnaron la cancelación del programa. Argumentaron que la ley federal requiere que el DHS detenga a las personas que entran ilegalmente a EE.UU. o las envíe a un país vecino mientras se llevan a cabo sus procedimientos de deportación y asilo.
Texas y Missouri también dijeron que el DHS violó la ley federal que rige a las agencias administrativas al considerar inadecuadamente los beneficios del protocolo MPP y el impacto en los estados que dependían del programa. La sentencia deja abierta una vía para que Texas y Missouri sigan presentando esos argumentos de derecho administrativo en los tribunales inferiores.
El caso es Biden contra Texas, 21-954.
