Mientras Venezuela se adentraba hacia una dolarización transaccional, que alcanzó hasta un 60% en su máximo nivel a finales del 2021, en los centros penitenciarios del país, el proceso de multimoneda se fue ejecutando a la par, duplicando incluso el costo de vida para quienes no contaran con la divisa en efectivo.
En las cárceles venezolanas se paga hasta por respirar, y son los familiares de los reclusos quienes asumen esta carga desde incluso antes del traslado, cuando deben atender la compra del kit de higiene personal y uniformes, que ronda los 160 dólares.
La economía carcelaria venezolana, que se divide en dos regímenes: dirigida por un pranato o establecida por la directiva del penal junto a los custodios, aunque es de conocimiento público, no es reconocida así por los entes gubernamentales a cargo, como el Ministerio de Servicios Penitenciarios, creado por Hugo Chávez en 2011.
Organizaciones en el país, sin embargo, se han dedicado al registro y denuncia de lo qué ocurre tras las rejas y a su alrededor. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), es uno de ellos, encargado de constatar no sólo la precariedad en los centros sino también las adecuaciones que han asumido internamente, entre la supervivencia y la corrupción.
Carolina Girón, directora del OVP, cuenta a Bloomberg Línea como este esquema financiero se ha ido solidificando con el paso de los años, sorteando incluso la crisis nacional de la que no escapa, con mayor organización, y adaptándose a los cambios económicos e inflacionarios.
“Igual que afuera, en la misma proporción, y en la misma época”, dice Girón, en relación al proceso de dolarización de facto que también se instaló en las cárceles venezolanas, como en el resto de Venezuela.
Desde 10 dólares semanales para vivir hasta 20 dólares por la causa, o la estadía. Las visitas conyugales pueden ubicarse entre 10 y 50 dólares y el pago por una sola toallita sanitaria, en el caso de los centros para mujeres, puede ser de un dólar, entregado a los custodios.
Un exprivado de libertad que estuvo recluido en el Penal de Tocuyito, como se le conoce al Centro Penitenciario Nacional de Valencia, al occidente del país, recuerda que para la fecha de su ingreso, en 2016, el pago por la causa semanal cada sábado, equivalía a 1.000 bolívares (2 dólares según la tasa oficial para ese entonces). Seis años después, al momento de su excarcelación, cancelaba 5 dólares por su estadía a la semana.
“Quien no tiene acceso a los dólares, lo paga en bolívares, pero duplicado. Si son 10 dólares, le tocará pagar 20 dólares al cambio en bolívares”.
Carolina Girón, directora OVP.
“Se pagaba por todo. Ahí la vida es de millonario, todo es 2, 3 ó 5 dólares, todo sobre las nubes. Si van a mover algo en el penal que va a beneficiar a la visita o a uno mismo, también se paga, así como todo lo que se hace (...) hay caminantes o luceros que son los que tienen la autorización para desplazarse, otros no y tienen que pagar por eso, haciendo filas, más de 200 personas en eso, algunos reclusos no tenían las causas completas y por la rutina, había momentos en que no podíamos dar oportunidades y a esos los enviabamos a iglesias mientras tanto”, comenta a Bloomberg Línea, bajo resguardo de identidad.
Uno o dos tesoreros, otros reclusos, son los que se encargan de hacer estos cobros, cuando se trata de una economía controlada por una organización criminal o pranato. Son quienes además registran los pagos en divisas por parte de los familiares, o los pagos en transacciones digitales nacionales en moneda local, conocidas como pago móvil.
Tan similar a lo qué puede ocurrir en el exterior, los pagos efectuados en bolívares a la tasa de cambio sugieren un recargo. Un vendedor informal en Caracas puede cobrar el producto que ofrece hasta 7 céntimos por encima de la tasa oficial. En las cárceles, esta variación puede representar el doble del pago en dólares.
“Quien no tiene acceso a los dólares, lo paga en bolívares, pero duplicado. Si son 10 dólares, le tocará pagar 20 dólares al cambio en bolívares, sea para el procedimiento que sea, incluyendo traslados a tribunales”, agrega Girón, del OVP.
El uso de dólares en el penal, contribuyó también a un mayor beneficio de los reclusos con liderazgo frente a los que no pueden costear los montos en divisas, y como intercambio prestan sus servicios en distintas áreas dentro del centro, según lo explicado a BBL por un exprivado de libertad. “Es por eso que ahora quieren cobrar hasta por el saludo, pensando en esa falta de posibilidad de pago”.
Para la organización no gubernamental fundada en 2002, este modelo que ha sido exportado hacia las barriadas populares en el país, con líderes de bandas criminales al frente de sistemas que pretenden dar protección a habitantes de estas zonas, se trata más bien de un problema de índole social.
En el caso de las mafias instaladas en cárceles controladas por el Ministerio, la necesidad es lo que produce el esquema. “Empezó por problemas de comida, en el personal. Pasaba hambre el preso y el empleado La comida del Ministerio se queda en el empleado”, sentencia Girón, cuestionando también el hacinamiento de 154% y la corrupción en cuánto al acceso a armamento, que es propiciado por funcionarios de seguridad del Estado.