Desde el 13 de junio se desataron en Ecuador una serie de protestas masivas, lideradas por organizaciones sociales opositoras al presidente Guillermo Lasso, que tienen en vilo al país.
El incremento de los precios del combustible ha sido el detonante de un conflicto que tiene a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) al frente de las protestas que ya llevan 16 días.
A continuación, las respuestas a algunas de las preguntas que surgen a partir del conflicto entre el Gobierno y este sector opositor, al cual las autoridades acusan de querer desestabilizar a Lasso.
¿Qué piden los manifestantes?
La Conaie se montó al malestar social generado por el alza de precios en el combustible y salió a las calles a protestar. Como forma de condensar los reclamos, elaboró un documento demandándoles al Gobierno que cumpla con 10 requisitos:
- Congelar los precios del Diésel a $1,50 y la gasolina Extra y Ecopaís a $2,10, y focalización de subsidios a sectores vulnerables.
- Que haya una moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa y se lleve a cabo una condonación de las deudas de los pequeños y medianos productores del campo.
- También solicita “precios justos” en los productos del campo y un subsidio agrícola. En este ítem, los manifestantes aprovechan para cargar contra los tratados de libre comercio del país.
- Políticas de empleo y libertad de sindicalización.
- No ampliar la frontera minera y petrolera. En este ítem del documento, CONAEI también pide una “auditoría y reparación integral de los impactos socioambientales”.
- “Respeto” a los 21 derechos colectivos: educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
- Un alto a las privatizaciones del “patrimonio nacional”
- Controles de precios.
- Garantizar el acceso a la educación superior para la juventud y mejorar la infraestructura de colegios y universidades, además de un fortalecimiento en el sistema de salud.
- Por último, el movimiento indígena solicita “seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador”.
¿Cuál es la postura del Gobierno?
La administración Lasso considera que hay un intento por parte de Leonidas Iza, lider de CONAIE y principal promotor de las movilizaciones, de derrocar al Gobierno.
El pasado 25 de junio, el propio Presidente difundió un mensaje por televisión y redes sociales en el que hizo “un llamado a la comunidad internacional para advertir este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador” a partir de las propuestas de destitución.
En ese mismo mensaje señaló que “el Gobierno nacional utilizará todos los recursos legales que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales”.
En el marco de las protestas, el Gobierno dispuso el Estado de Excepción en distintas regiones del país a partir del 17 de junio. Este recurso fue derogado completamente el 25 de junio.
En el camino ha habido intento de diálogo entre partes y el Gobierno ha anunciado medidas para apaciguar la situación social. En ese sentido, se propuso un paquete de medidas que conlleva un gasto de US$600 millones “en beneficios para la ciudadanía”. Incluye: reducción de 10 centavos en el precio del a gasolina, aumento de US$5 en el Bono de Desarrollo Humano , subsidios en fertilizante urea y otros insumos para campesinos y nuevos créditos al 1% y 5%.
¿Corre riesgo de destitución el Presidente?
Como se mencionó, Lasso cree que detrás de las protestas hay un intento de derrocarlo y desde el correísmo, de hecho, han presentado un pedido de destitución. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que prospere?
En la década de los 90 e inicios de los 2000, Ecuador asistió a su época de mayor inestabilidad política con tres presidentes derrocados entre 1997 y 2005. En ese entonces, la ley permitía que el Congreso destituyera al mandatario directamente, únicamente asegurando una mayoría. Así fueron depuestos Abdalá Bucaram, en 1997, y Lucio Gutiérrez, en el 2005. Mientras que Jamil Mahuad fue derrocado en el año 2000 luego de que las Fuerzas Armadas le retiraran su apoyo. Pero cuando Rafael Correa asumió el poder e impulsó la nueva Constitución del país en 2008, las reglas de juego cambiaron. Actualmente, para derrocar a un mandatario legalmente deben existir, en primer lugar, al menos una de dos causales:
- Arrogación de funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
- Grave crisis política y conmoción interna.
Precisamente, la segunda circunstancia es la que ha elegido la bancada parlamentaria de UNES, afín al expresidente Rafael Correa, para presentar un pedido de destitución el viernes 24 de junio contra Guillermo Lasso. A decir del correísmo, la situación que el país atraviesa actualmente –con 16 días de protestas y sin una salida a la vista- justifica la petición que contó con 47 firmas de respaldo.
Para proceder a la destitución se requerirá del voto de la mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea, es decir, 92 votos en total.
¿Qué sucede si se destituye al presidente?
Si se concreta la destitución, el vicepresidente asumirá la Presidencia de la República. En este caso, Alfredo Borrero. No obstante, se trataría de una asunción interina y por un período muy corto.
Después, en un plazo máximo de siete días, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos períodos. Las elecciones se realizarán en un plazo máximo de noventa días posteriores a la convocatoria.
¿Cómo afecta a la producción petrolera del país?
A raíz de la protestas indígenas, la producción petrolera de Ecuador se redujo a la mitad en estos últimos días. Antes de las manifestaciones, la producción de Ecuador se ubicaba en unos 520.000 barriles de crudo diarios.
De hecho, se estima que la compañía hidrocarburífera estatal, Petroecuador, dejó de producir 1,2 millones de barriles en los primeros 14 días de paro.
“Cada día que transcurre el sector hidrocarburífero registra mayores pérdidas”, comienza el comunicado publicado el domingo 26 por el Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Ecuador, en el cual se anuncia que, de continuar los cierres de vías y “actos vandálicos”, se deberá detener la producción petrolera.
Actualmente están cerrados 1.176 pozos, de las cuales 996 pertenecen a Petroecuador y 180 a empresas privadas.
