Guatemala — El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei se presentó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y durante la sesión protocolar en la sede ubicada en Washington, EE.UU., manifestó su rechazo sobre un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En este documento la comisión cataloga a Guatemala como un país que afecta “seria y gravemente” la garantía de los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos.
La (CIDH) coloca a Guatemala, junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, en el capítulo IV “B” de su informe anual, pero según el gobernante, no refleja la realidad del país.
“Estamos en un capítulo en que no nos corresponde estar. La ilegalidad y el irrespeto que se comete hoy contra Guatemala, mañana puede ocurrir contra cualquier de los países que somos miembros de la OEA”, señaló Giammattei.
Previo a su discurso, el presidente presentó un video realizado por el Congreso de la República de Guatemala que critica el informe mencionado y advierte a la CIDH de consecuencias de sus acciones.
El Legislativo señaló que la entidad incurrió en intromisiones de procesos democráticos internos en curso, violando su mandato y los principios de derecho internacional.
Informe “plagado de errores”
Según el gobernante guatemalteco el informe sobre Guatemala “se encuentra plagado de errores metodológicos que evidencian la falta de rigor jurídico y el sesgo ideológico que afecta al país”.
Agregó que el documento no visibiliza las acciones, logros y metas alcanzados por el Estado de Guatemala por el trabajo de los funcionarios y empleados públicos.
También dijo que se demerita a la inversión y el gasto del erario público en los programas de acciones concretas para salvaguardar los derechos humanos de los habitantes o la reparación digna a las personas vulneradas en sus derechos fundamentales, lo cual rechazó.
“Extralimitación de funciones y activismo ideológico”
Giammattei dijo que existe una extralimitación en las funciones de la CIDH porque se pronunció sobre temas como los ataques a fiscales y jueces independientes, cuestionó investigaciones del Ministerio Público y las acciones del gobierno para garantizar los derechos humanos en Guatemala.
“Cuestionar estas investigaciones, socava nuestra institucionalidad, este nuevo gravísimo error metodológico evidencia un claro activismo ideológico”, dijo el mandatario.
Según el presidente guatemalteco la CIDH debe actuar en forma subsidiaria y no como una cuarta instancia dentro de las instituciones judiciales de un país. Tampoco es la comisión revisora o juzgadora de las resoluciones internas, las cuales tienen regulados sus propios mecanismos de impugnación.
Recientemente el presidente reeligió a Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público para cuatro años. Durante la primera gestión de Porras se despidió a Juan Francisco Sandoval como jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Esto ocurrió luego de que se iniciara una investigación contra el mandatario por un supuesto soborno que recibió de empresarios rusos. También desde el MP se denunció a la entonces jueza Erika Aifán quien había escuchado a un testigo que relató una negociación entre Giammattei y un exministro para financiar su campaña electoral de 2019.
Aifán renunció por la investigación que el MP inició en su contra y tuvo que exiliarse en Estados Unidos al igual que Juan Francisco Sandoval y otros exfiscales.
Reporte de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió a Guatemala a su lista negra de los países donde observa graves violaciones a los derechos humanos, en la que figuran Cuba, Nicaragua y Venezuela, según su Informe Anual 2021 publicado el 2 de junio pasado.
La CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), denunció “acciones estatales que debilitan la independencia judicial y ponen en entredicho la lucha contra la impunidad y la corrupción” en Guatemala.
En el 2021, Guatemala no figuraba en el capítulo IV.B, un apartado que alerta de situaciones y amenazas para los derechos humanos, pero ya estuvo en ese lugar en ediciones anteriores.
La entidad destaca “el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática” en el país, dirigido por el presidente Alejandro Giammattei, “las injerencias sistemáticas contra la independencia” del sistema judicial, las “irregularidades en el proceso de elección de magistrados”, así como “la criminalización y estigmatización” de jueces.
En mayo de 2022, Estados Unidos y la Unión Europea criticaron la designación por otros cuatro años de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala. Washington afirma además que al menos seis fiscales anticorrupción (en activo o retirados) han sido detenidos y otros se han visto obligados a huir del país.
En un comunicado, la CIDH reconoció “la iniciativa de Guatemala para establecer una ruta de trabajo” para cumplir con sus recomendaciones. La entrada de Guatemala en la lista no es una sorpresa; y el Gobierno guatemalteco estaba al tanto desde hace meses.
En esa línea, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, consideró como “injusto” en marzo pasado, ante la OEA que “este informe no refleje la verdad” y aseguró que en el país existe estado de derecho y se combate la impunidad y la corrupción.