Bloomberg — España planea repartir 9.000 millones de euros (9.500 millones de dólares) adicionales en nuevas exenciones fiscales y ayudas directas para suavizar el impacto de la subida de precios que amenaza a la cuarta economía de la zona euro.
El gabinete del presidente Pedro Sánchez aprobó reducir el impuesto sobre el valor añadido en las facturas de electricidad del 10% al 5% y entregar 200 euros a los trabajadores vulnerables. Dijo que su gobierno trabajará en una nueva legislación para gravar los beneficios inesperados de las compañías eléctricas, a partir del próximo año.
“La tremenda incertidumbre que se cierne sobre el mundo nos ha llevado a tomar estas medidas adicionales”, dijo Sánchez en una rueda de prensa tras una reunión extraordinaria del gabinete el sábado. El anuncio se produce tras días de tensas negociaciones con el socio menor de la coalición, Podemos, que exigía un aumento inmediato de los impuestos a las empresas energéticas.
Otras medidas de emergencia, como la rebaja de 20 céntimos de euro por litro en los carburantes, que expiraba a finales de junio, se prorrogarán hasta finales de diciembre, dijo Sánchez. Las medidas, contenidas en un decreto del Ejecutivo, aún deben ser ratificadas por el Parlamento.
Estas medidas son el último esfuerzo de Sánchez para apaciguar la preocupación de los votantes por la inflación, que se encuentra en el nivel más alto de las últimas tres décadas, avivada por la crisis energética que ha seguido a la invasión rusa de Ucrania. Los propietarios de pequeños camiones amenazan con reanudar una protesta que estuvo a punto de paralizar el país en marzo.
“Es posible mitigar los efectos económicos y sociales de esta guerra, y que su carga se reparta de forma más justa”, dijo Sánchez.
El aumento del coste de todo, desde la electricidad hasta el aceite de cocina y la cerveza, ayudó al Partido Popular conservador a derrotar a los socialistas de Sánchez en las elecciones regionales de Andalucía hace una semana. La derrota en el bastión histórico de los socialistas pone de manifiesto los retos a los que se enfrenta para conservar el poder en las elecciones generales previstas para finales de 2023.
Las nuevas medidas, unidas a las anunciadas en marzo, costarán al Gobierno unos 15.000 millones de euros este año, según Sánchez. Las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la inflación deberían reducir el índice de precios al consumo en 3,5 puntos porcentuales, dijo.
Otras medidas aprobadas por el gabinete el sábado son
- Reducir el precio del transporte público ofrecido por el Gobierno central y las regiones
- Un aumento del 15% en las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez
- Un límite en el precio del gas butano