Bogotá — Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia y no son pocos los desafíos que tendrá que superar el presidente electo en materia económica, social y política.
Sin embargo, los retos no solo están en cabeza del nuevo mandatario, sino también, en los sectores productivos del país que buscan hacerle frente a la reducción de la inflación, el desempleo y el déficit fiscal.
De esta manera, uno de los sectores que prevé grandes retos es el sector de los servicios, en específico, el sector legal. Como todo nuevo mandato muchas son las propuestas controversiales que llegan con los nuevos vientos.
La transición energética que busca ponerle freno a los planes de exploración petrolera; el modelo de pilares en el sistema pensional, la eliminación de las EPS, una fuerte política de inclusión y el papel de las altas cortes son algunos de los aspectos que traerán un gran cambio para el país.
1. Laboral y seguridad social
El derecho a la pensión ha sido reconocido como un derecho fundamental como quiera que se deriva directa o indirectamente de los derechos a la seguridad social y al trabajo en Colombia.
Para lograr su eficacia y cobertura es fundamental fortalecer el sistema, sin embargo, una de las grandes controversias de esta campaña presidencial 2022-2026 ha sido lo concerniente al sistema pensional.
Sin duda, la gran reforma que propone el presidente electo supone incertidumbre y desconfianza por parte de la ciudadanía.
El sector de servicios legales en temas pensionales debe estar muy atento y a la vanguardia para proteger derechos adquiridos de los ciudadanos que ya se encuentren pensionados y ad-portas de conseguir su pensión, y asimismo proteger a todas esas personas que ya estén beneficiándose del régimen pensional.
Desde el punto de vista laboral dependerá de las reformas que se hagan en el sector o del impacto de las políticas económicas tengan en el empresarial.
Esto puede resultar en dos variables, básicamente: que se generé una mayor creación de empresas o que se dé un cierre de estas. Por consiguiente, la protección del empleado se considera como uno de los retos más importantes de todos aquellos que se dedican y tienen como objetivo la tutela de los derechos del trabajador dentro de sus servicios.
Por otro lado, una de las banderas del Pacto Histórico ha sido la inclusión de las minorías y de sectores históricamente segregados y olvidados, de esta forma, la inclusión laboral será extendida más allá de las personas con discapacidad.
“Esto será un compromiso de parte del gobierno y también de cada uno de las empresas para permitirle al país un avance hacia un destacado mercado laboral, con principios enmarcados en la inclusión, equidad y responsabilidad social, permitiendo a las personas de diferentes géneros, etnias, latitudes y religiones acceder a trabajos dignos y de manera más eficiente. El desafío es generar políticas de inclusión en las empresas, velar por su aplicación y por procesos de contratación más abiertos, transparentes y participativos”. afirmó David Antonio Lizarazo director general de la consultora legal Lizarazo & Álvarez.
Es importante resaltar que el derecho laboral colombiano hace mucho tiempo necesita una reformar para alivianar la carga de las empresas y estimular su crecimiento, y asimismo contribuir a la disminución de la informalidad, pero en esto hay que encontrar un balance para no desproteger los derechos de los trabajados y fomentar el desarrollo económico al mismo tiempo.
2. Económico
Desde el punto de vista económico, se vienen políticas que buscan el fortalecimiento de la agroindustria interna. El sector legal, en este aspecto, no está muy a la vanguardia, no por falta de capacidad o conocimiento, sino por el hecho de que nunca se había desarrollado de una forma como la que plantea el nuevo presidente.
En este caso el reto del sector es inmiscuirse en esas políticas agroindustriales para ofrecer servicios de acompañamiento para todos los beneficiarios de estas nuevas alternativas agro.
Sumado a esto, según el futuro presidente Gustavo Petro Urrego se busca instaurar un modelo energético diferente al implementado en el país.
“Se requiere de esta manera, construir, con base en el desarrollo del derecho energético y ambiental, a partir de la conexidad entre la energía, medio ambiente y el progreso económico; políticas y asesorías con el fin de preservar el medio ambiente sin dejar a un lado el crecimiento empresarial”. Aseguró el director general de la consultora legal Lizarazo & Álvarez.
Otro punto a tener en cuenta es la inversión extranjera. Puede que Colombia pierda un poco ese atractivo para los inversionistas. Es un sector que tendrá un alto impacto. Muchos inversionistas desconfían de Gustavo Petro, especialmente porque su plan para eliminar gradualmente el petróleo y el carbón privaría a la nación de aproximadamente la mitad de sus ingresos por exportaciones.
En este punto el sector legal debe ayudar a la transición hacia estos nuevos modelos económicos trabajando de la mano de los inversionistas ya establecidos en Colombia y con los que busquen establecerse en el país con el propósito de conseguir una migración efectiva hacia los nuevos focos de inversión promovidos por el gobierno entrante y que esta arroje grandes utilidades para el que coloca el capital y para el estado.
3. Insolvencias
Los efectos mundiales como la pandemia, crisis de suministros, cierres fronterizos y lo que se plantee con Gustavo Petro para el sector empresarial, específicamente las mipymes, que es el motor económico de Colombia y el sector petrolero, pude que generen más quiebras, no solo específicamente por el nuevo gobierno, sino por el contexto general, lo que significa que más empresas se acojan a la ley de insolvencia.
Es aquí donde el sector debe estar atento a los deudores y acreedores que busquen una salida de la crisis a través del régimen de insolvencia colombiano y de esta manera ayudarles con su ingreso, contribuyendo a la mitigación de los impactos negativos que puedan afectar a la economía colombiana y al sector empresarial, en esto se incluyen las entidades prestadoras de servicios de salud que posiblemente será uno de los sectores más golpeados.
Sin importar el gobierno de turno, no es suficiente que el sector legal actúe de forma pasiva en cuanto su rol de apoyo y supervisión; ahora es necesario que los abogados trabajen en paralelo con equipos de gobierno, tengan una participación activa en asesoramiento empresarial, impulsen la democratización del derecho, el ecosistema de innovación legal, el legaltech y nuevas y distintas experiencias de usuario con el fin de impulsar la transformación del ejercicio del derecho y el acceso a la justicia.
Finalmente se debe hacer mucho hincapié en el papel que jugarán las altas cortes en este nuevo gobierno, uno como principales veedores y protectores de los derechos de los ciudadanos, de la constitución y de las leyes; y dos como miembros fundamentales del sistema de contra pesos garantizado por la constitución colombiana.
Sin una separación de poderes realmente efectiva, correcta y transparente no podremos hablar de una democracia, por esta razón las altas cortes deberán defenderla.
