Bloomberg — El entonces presidente de EE.UU. Donald Trump pasó las semanas previas al 6 de enero de 2021 buscando formas de hacer que el Departamento de Justicia del país reforzara falsas acusaciones de fraude electoral, acosando a su fiscal general interino casi a diario e intentando sustituirlo cuando se negaba a cumplir.
Tres ex altos funcionarios del Departamento de Justicia de Trump, incluido el fiscal general interino, Jeffrey Rosen, testificaron el jueves sobre una implacable campaña de presión que viró hacia teorías conspirativas sin fundamento, al punto que uno de ellos lo describió como “pura demencia.” El esfuerzo culminó en un acalorado enfrentamiento en el Despacho Oval en el que altos cargos del departamento amenazaron con una dimisión masiva.
La audiencia del panel de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio también incluyó el testimonio en vídeo de funcionarios de la Casa Blanca que revelaron que congresistas republicanos buscaron obtener indultos presidenciales que les protegieran de persecución penal por su participación en los esfuerzos para anular las elecciones de 2020.
Los representantes Matt Gaetz, Scott Perry, Andy Biggs, Louie Gohmert y Mo Brooks se pusieron en contacto con funcionarios de la Casa Blanca en busca de indultos para ellos o para otros, según el testimonio.
El panel detalló la presión de Trump para que el Departamento de Justicia siga adelante con sus afirmaciones de fraude electoral como parte de sus esfuerzos para conseguir que las legislaturas controladas por los republicanos sustituyan a los electores en los estados disputados que ganó Joe Biden, proporcionando un pretexto para que los aliados de Trump actúen.
Trump pareció sugerirlo en una llamada telefónica del 27 de diciembre con Rosen y Richard Donoghue, según el testimonio de Donoghue, que entonces era el vicefiscal general en funciones.
“Lo que solo pido es que diga que fueron corruptas y que nos deje el resto a mí y a los congresistas republicanos”, dijo Donoghue, leyendo lo que dijo era una “cita exacta” que asentó en las notas que tomó durante la conversación.
El congresista Bennie Thompson, presidente del panel, dijo que las acciones de Trump constituyeron “un intento descarado de usar el Departamento de Justicia para promover la agenda política personal del presidente.”
Partes clave de la campaña de Trump para presionar al Departamento de Justicia fueron reveladas en un informe del Senado en octubre pasado. Pero el panel presentó una imagen ampliada, junto con nuevas pruebas de las conexiones entre las maniobras en el Departamento de Justicia y John Eastman, un abogado privado de Trump que buscaba el nombramiento de los electores suplentes.
Jeffrey Clark, un asistente del fiscal general de Trump que normalmente trabajaba en derecho ambiental, surgió como una figura clave en los últimos intentos de Trump para presionar al Departamento de Justicia. Clark instó a Rosen y Donoghue a enviar cartas a las legislaturas de los estados en disputa diciendo que el departamento estaba investigando “varias irregularidades” en la elección y sugiriendo que consideraran los electores alternativos.
Luego de que Rosen y Donoghue se negaran a aceptar la carta u otras peticiones para ampliar las denuncias de fraude, Trump decidió nombrar a Clark fiscal general en funciones el 3 de enero, lo que provocó que Rosen y Donoghue se apresuraran a ir a la Casa Blanca para lo que fue una fuerte discusión en el Despacho Oval, después de conseguir que la mayoría de los altos cargos del departamento se comprometieran a dimitir si Trump seguía adelante con el nombramiento. La reunión fue tan apresurada que Donoghue llegó directamente a la Casa Blanca con botas llenas de lodo, pantalones vaqueros y una camiseta del ejército, dijo.
Trump pareció alterarse y dio marcha atrás luego de que el consejero de la Casa Blanca, Pat Cipollone, que también amenazó con dimitir, advirtiera que el procedimiento sería “un pacto de homicidio-suicidio”, dijo Donoghue.
El plan para sustituir a Rosen en la cúpula del Departamento de Justicia había llegado tan lejos que los registros de llamadas oficiales de la Casa Blanca se referían a Clark como fiscal general en funciones, dijo el representante Adam Kinzinger, miembro republicano del panel.
El comité presentó pruebas que conectan los esfuerzos de Clark con los activistas que trabajaban para anular las elecciones.
El congresista Scott Perry, un republicano de Pensilvania que estaba tratando de bloquear la certificación por parte del Congreso de los resultados de las elecciones, presentó a Clark a Trump y el comité mostró los correos electrónicos que Perry envió al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, instándole a “ponerse en marcha” para instalar a Clark como fiscal general.
La congresista Liz Cheney, vicepresidenta del comité, también divulgó un correo electrónico que conectaba a un funcionario del Departamento de Justicia que trabajaba con Clark con Eastman mientras éste perseguía su plan de elector alterno.
Los investigadores federales registraron la casa de Clark en los suburbios de Washington el día antes de la audiencia, según una persona familiarizada con el asunto.
Clark se ha acogido a su derecho a la Quinta Enmienda contra la autoinculpación y se ha negado a responder a las preguntas de la comisión.
En los días previos al 6 de enero, Trump y sus principales ayudantes también presionaron a los funcionarios de Justicia para que investigaran un cúmulo de teorías conspirativas y nombraran a uno de los principales abogados que persiguen las denuncias de fraude electoral de Trump como fiscal especial del departamento.
Sidney Powell, una de las abogadas, dijo en un testimonio en video que Trump le dijo que quería que fuera nombrada como abogada especial para supervisar una investigación federal sobre las acusaciones.
Steven Engel, que se desempeñaba como jefe de la Oficina de Asesoría Legal del departamento en ese momento, dijo que Trump había estado presionando para el nombramiento de un abogado especial, pero determinó que no había ninguna justificación legal para la medida.
Entre las teorías conspirativas que Rosen y Donoghue dijeron que la Casa Blanca les presionó para seguir estaba una afirmación desacreditada en Internet de que satélites italianos cambiaron votos emitidos para Trump y los asignaron a Biden. Donoghue calificó la teoría de “pura demencia”.
Rosen dijo que rechazó los esfuerzos de Meadows para que se reuniera con un defensor de la teoría, un acto que podría haber dado credibilidad a la afirmación. Donoghue dijo que más tarde se puso en contacto con él un alto funcionario de Defensa que indicó que ese departamento también había sido alentado a proseguir con la afirmación.
Con la asistencia de Diego Areas Munhoz.
Este artículo fue traducido por Andrea González
