Buenos Aires — El lunes pasado, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, transparentó una nueva discusión que se estaba dando en el interior del Frente de Todos: quiénes manejan los fondos destinados a planes sociales en Argentina.
La ex presidenta de la Nación entre el 2007 y el 2015 afirmó en el marco de un acto por el Día de la Bandera: “El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas”.
Fue un mensaje directo a los movimientos sociales en general, y al Movimiento Evita en particular (organización social y política que responde al presidente Alberto Fernández), por el manejo sobre los programas sociales que cuentan con cooperativas u organizaciones sociales como intermediarios entre el Estado y el beneficiario. El discurso incluyó otros mensajes más críticos y directos a estas organizaciones.
Esas frases desataron una feroz interna. Otra más. Y fue el propio Alberto Fernández quien respondió, menos de 24 horas después: “La pobreza estructural volvió a crecer después de los cuatro años del Gobierno de (Mauricio) Macri, y nosotros fuimos a sostener a los más vulnerables. Quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables. Y quiero agradecerles aún cuando algunas (organizaciones) hagan picardías, que nosotros no convalidamos, lo que no es bueno es generalizar”.
Este jueves, en conferencia de prensa, la portavoz de presidencia reconoció que, en virtud a distintas denuncias surgidas por parte de beneficiarios del Potenciar Trabajo, el Gobierno reorientó 180.000 planes que serán distribuidos por otras instituciones (municipios, provincias, de forma individual, cooperativas) y que corresponde a un registro abierto por el Ministerio de Desarrollo Social “hace casi un año”.
¿Qué es lo que hay en disputa en este conflicto en la coalición gobernante, el Frente de Todos?
- Los números de la disputa: En 2021, el Ministerio de Desarrollo Social ─donde están las políticas sociales, alimentarias y programas como el Potenciar Trabajo─ tuvo un presupuesto inicial de $ 304.553 millones, que representa el 3,9% del total del presupuesto. Sólo el Potenciar Trabajo, representó una inversión el año pasado de $226.557 millones.
- Disputa por el territorio: Alberto Fernández trazó una alianza clave con los movimientos sociales, que representan un apoyo estratégico en el territorio y que puede ser determinante en la carrera hacia las elecciones presidenciales del 2023.
¿Cuánto se invierte en planes para cooperativas de trabajadores informales?
El plan Potenciar Trabajo, creado en 2020 por el cual más de un millón de personas reciben un ingreso del Estado (50% del salario mínimo, vital y móvil), a cambio de una contraprestación laboral de cuatro horas diarias, forma parte del grupo de programas sociales distribuidos por el Gobierno que, previo a llegar al beneficiario, encuentran un intermediario que, en este caso, son mayormente organizaciones sociales.
Según el último informe de gestión que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, brindó ante el Senado (en junio del 2022), el programa Potenciar Trabajo cuenta con 1.271.215 titulares activos y su monto vigente es de $19.470. En diciembre de 2020, el programa contaba con 760.664 titulares activos.
El Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina, un trabajo realizado por el politólogo Rodrigo Zarazaga, junto a Andrés Schipani y Lara Forlino, enumera a los principales programas administrados por cooperativas de trabajo en los últimos años: el Salario Social Complementario y el Hacemos Futuro, que se unificaron en el Potenciar Trabajo y antes el Argentina Trabaja, Ellas Hacen y el Programa de Empleo Comunitario, que dejaron de cobrar relevancia hacia el 2018.
El informe en cuestión sostiene que “al observar la evolución de la cantidad de beneficiarios de estos tres programas, podemos notar que han aumentado sostenidamente en el tiempo”.
“Mientras Cristina Fernández de Kirchner dejó su mandato en 2015 con 253.939 beneficiarios de este tipo de planes sociales, Mauricio Macri finalizó su mandato en 2019 con 641.762 beneficiarios de planes de cooperativas. Para septiembre de 2021, el gobierno de Alberto Fernández tenía 1.223.537 de beneficiarios de planes de cooperativas (cinco veces la cantidad de planes que dejó Cristina Fernández de Kirchner, y un 91% más que los que dejó Mauricio Macri)”, precisa el trabajo de Zarazaga, Schipani y Forlino.
El impacto de la inflación
No obstante, y pese al crecimiento en términos nominales de la cantidad de beneficiarios, el trabajo explica que “en términos de nivel de beneficios reales, el aumento no fue de la misma magnitud que el aumento que se ha registrado en la cantidad de beneficiarios de estos programas”
“Los beneficios reales disminuyeron 36% entre abril de 2017 y junio de 2021. Este fenómeno ha sido una constante en este tipo de planes: el nivel de beneficios reales ha caído de forma sostenida desde la creación de este tipo de planes de cooperativas en 2009″, sostiene el Mapa de Políticas Sociales en Argentina. Y agrega que “a pesos constantes de 2009, los niveles de beneficios del Potenciar Trabajo representan sólo un tercio de los beneficios que recibían los cooperativistas por el Argentina Trabaja en 2009″.
Debate sobre la discrecionalidad
María Migliore es la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. En respuesta a este medio, afirmó que “el programa Potenciar Trabajo evidentemente no viene resultados hace mucho tiempo y es un programa que debe ser repensado en su totalidad”. Según la funcionaria porteña, “para que funcione de otra manera hay que cambiar las reglas de juego absolutamente y no sólo hacernos la pregunta de quién lo administra, que por supuesto debería ser Estado de forma directa”.
“Las medidas más efectivas deberían ser fortalecer al sector más dinámico de nuestra economía en la creación de trabajo genuino, que son las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales”, dijo ante la consulta de Bloomberg Línea Silvia Saravia, coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie, una de las organizaciones que integran este entramado. Y afirmó que “enunciar que se van a pasar los planes sociales al control de los municipios ya ha demostrado que no es efectivo y que no resuelve de ninguna manera las cosas, sino que las agrava”.
Como parte de este debate, Migliore agregó que “en todo plan, el Estado debe tener tres criterios claros a la hora de pensarlos: que sea el Estado quien lo administre, de forma directa y con criterios claros. Lo segundo es que tenga temporalidad. Y lo tercero es que tenga condicionalidades, por caso, las educativas”.
Sobre la discrecionalidad y el manejo de estos planes, Saravia utiliza el ejemplo del programa Argentina Trabaja: “Muestra que durante el gobierno de Cristina el programa se entregó a municipios y provincias únicamente oficialistas y que reforzó el clientelismo. La dirigente social concluye que “lo que están intentando es desprestigiar la tarea de las organizaciones sociales porque somos las que ponemos sobre la mesa la situación de pobreza y precarización laboral que este gobierno está llevando adelante”.
Gildo Onarato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (U.T.E.P.), afirmo que “hablar de convertir planes sociales por trabajo es un error conceptual, porque el plan social no existe más. Lo que existe es el salario social complementario”. En ese sentido, precisó que se está trabajando con el sector privado para capacitar al sector de la economía popular, principalmente con Accenture y con la fundación IDEA.
No obstante, aclaró que “los que cobran este programa son la minoría de los sectores que están en la pobreza, hay 18 millones de pobres y 1,2 millones de beneficiarios del potenciar trabajo, y al menos siete millones que están en la economía popular y no reciben ningún tipo de ingreso”.
Sobre las acusaciones de la discrecionalidad, principalmente vertidas por Cristina Fernández de Kirchner, Onarato respondió que “es una mentira la idea de la alta por baja, no hay altas por bajas en el programa potenciar trabajo, son falsas las especulaciones que hizo la vicepresidenta el lunes pasado”. Respecto al manejo de estos programas por municipios o provincias, afirmó: “Gobernadores e intendentes ya administran y gestionan potenciar trabajo, es falso que eso no suceda”.
Planes por trabajo
La Jefatura de Gabinete, ante la consulta de los senadores nacionales, contestó que actualmente el programa Potenciar Trabajo “se encuentra en proceso de adecuación al Decreto 711/21 con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”.
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