San Salvador — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció los procesos a los que son sometidos los miles de detenidos por el Régimen de Excepción en El Salvador, desde el relato de los organismos de derechos humanos.
La CIDH sesionó sobre la “Situación de derechos humanos y del Estado de Derecho en El Salvador”, reunión en la cual el gobierno salvadoreño se abstuvo de participar.
El estado de excepción salvadoreño cumplió esta semana 90 días de su entrada en vigencia y la Asamblea Legislativa lo extendió por tercera vez, agregando 30 días adicionales.
“Nos preocupa cuando un estado de excepción tiene prórrogas indefinidas, la excepción se vuelve regla y ahí ya hay un incumplimiento de las obligaciones internacionales, independientemente de las situaciones concretas”, reaccionó Julissa Mantilla, Comisionada Interamericana de Derechos Humanos y relatora para El Salvador.
La falta de representantes del gobierno en la sesión llamó la atención de la CIDH. “Creo que es extremadamente preocupante la ausencia del Estado en esta audiencia, pero también la veo como muy indicativa del cierre paulatino de El Salvador al escrutinio internacional, que muchos lamentamos”, opinó por su lado Joel Hernández, relator para las personas defensoras de los derechos humanos de la CIDH.
“La Comisión no es la única que ha venido destacando su preocupación alrededor del deterioro de la institucionalidad democrática en El Salvador, varios organismos internacionales y otros países se han unido a estas preocupaciones”, dijo Hernández, a la vez que llamó al gobierno a “establecer un diálogo significativo y genuino”.
En estas condiciones procesa el gobierno salvadoreño a las 40.000 personas arrestadas, acusadas de pertenecer a las ‘maras’ o pandillas, según el relato de organismos de derechos humanos:
1. De capturas dirigidas a arbitrarias
Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, identifica dos etapas en el Régimen de Excepción: la primera, con un enfoque en detenciones dirigidas; y la segunda, con un incremento de los arrestos arbitrarios.
Durante el primer mes, las capturas ocurrían en operativos policiales en comunidades, sobre todo en zonas empobrecidas. Policías y militares llevaban listas, ya sea físicas o electrónicas, con nombres de personas que ya habían sido procesadas por acciones delictivas.
“Tenemos casos de personas que hace dos o tres meses habían salido de cumplir su pena, personas con medidas sustitutivas y más grave aún, personas jóvenes que tienen por tener un tatuaje, por su apariencia o por vivir en una determinada zona”, explicó Navas.
El patrón fue variando con el operativo Casa Segura, que marcó la segunda etapa del Régimen, cuando se han incrementado los casos de transeúntes y familiares apresados. “Esto es lo que suele ocurrir con madres o familiares de personas que iban a ser detenidos, se los llevan también por reclamar o por exigir el derecho a que la persona no sea golpeada, maltratada o ultrajada por las autoridades”, describió la representante de Cristosal.
2. Detención provisional en centros penales
En los primeros 20 días del estado de excepción, los detenidos solían permanecer por 5 días en las bartolinas, o sedes policiales; ahora, en 12 horas se trasladan a los centros penales, a pesar de que no han salido de la detención provisional.
Cuando permanecen en bartolinas, los familiares deben encargarse de alimentos e insumos de primera necesidad, un golpe a su economía pues la mayoría son de escasos recursos. “Asumir los costos de cuidado del o de la detenida ponen en detrimento la calidad de vida del núcleo familiar que permanece en libertad, precariedad que se refleja en la reducción de poder adquisitivo”, subrayó Samuel Salaverría, abogado de la Asociación Azul Originario.
La opacidad prevalece sobre los reclusos en los centros penales. “No hay un registro, no hay una instancia nacional donde se pueda consultar adónde ha sido trasladado el detenido y tampoco hay un mecanismo para saber qué juzgado lo va a procesar”, relató Navas, de Cristosal.
El gobierno ha demorado hasta dos meses en brindar información a los familiares de los presos; algunos se encuentran desaparecidos. Los penales de la Esperanza, conocido como Mariona, Izalco y Cárcel de Mujeres son los que más reciben a los nuevos reclusos.
Según Cristosal, El Salvador ya es el país con la tasa per cápita de personas privadas de libertad más alta del mundo, con 1.164 personas por cada 100.000 habitantes.
3. Hacinamiento en condiciones insalubres
En una celda con capacidad para 12 personas pueden guardar prisión hasta 80 personas, comentó Verónica Reyna, directora del Programa de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
“Según nuestros cálculos pudieran estar detenidas en este momento un aproximado de 80.000 personas contando las personas que ya se encontraban en detención y también en centros penitenciarios que tienen capacidad para un poco más de 27.000 personas, eso significa que hay tres personas donde debería de haber una”, estimó Reyna.
Sobre todo los centros de retención de menores y para mujeres carecen de condiciones de higiene, por lo que las ONG apoyan con recursos como toallas sanitarias, por ejemplo, a pesar de que el gobierno salvadoreño condena públicamente la labor de las organizaciones de derechos humanos.
“Cientos de personas privadas de libertad padecen enfermedades crónicas, tienen discapacidades físicas, mentales e intelectuales sin que se les permita el ingreso de medicamentos, lo cual agrava su condición de salud”, reclamó por su lado Navas.
En las cárceles, los reos solo tienen uno o dos tiempos de alimentación, a veces comida en descomposición. “El hacinamiento es extremo, en celdas con capacidad para 12 personas con más de 80 detenidos, lo que impide incluso que puedan dormir”, observó.
4. Juicios sumarios
Los juicios masivos son la regla en el estado de excepción, con audiencias grupales que abarcan entre 100 y 700 personas cada una, describió el abogado Héctor Carillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
La Fiscalía no individualiza las acusaciones y las presenta bajo el argumento que las pandillas son estructuras de crimen organizado; en tanto que la defensa material es prácticamente imposible, pues ni siquiera se informa sobre qué tribunal conoce las causas penales contra los imputados siguiendo los mecanismos de notificación vigentes.
Los procesos penales se desarrollan en extremo secretismo utilizando la figura de jueces sin rostro, la mayoría nombrados durante el Régimen de Excepción. “En estas audiencias, que pueden llegar a ser hasta de 700 u 800 personas, en su mayoría los jueces decretan instrucción provisional”, relató por su lado Navas, de Cristosal.
“El Salvador incumple frontalmente con sus obligaciones internacionales, en tanto ha provocado la supresión y la pérdida de efectividad de las garantías judiciales que los Estados están obligados a establecer”, acusó Sonia Rubio, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
5. Fallecidos en custodia del Estado
Hasta el momento se han documentado a 52 muertes en los centros penitenciarios por el régimen de excepción, sin embargo la cifra puede ser mayor.
El gobierno explica las defunciones de manera simplista, argumentando que los detenidos estaban huyendo y ya se encontraban en condiciones frágiles de salud. “Nos preocupa porque no está representando una responsabilidad del estado de investigar estas muertes y dar una explicación sobre ello”, advirtió Reyna, del SSPAS.
“Los casos documentados por las organizaciones presentes evidencian que las personas fueron sometidas a violencia extrema por las mismas personas detenidas y por agentes estatales”, reveló por su lado Navas.
Los ahora fallecidos no recibieron atención médica, provisión de medicamentos y lo más grave es que no se han abierto las investigaciones respectivas para dilucidar las responsabilidades por estas muertes bajo custodia del Estado, señalaron las organizaciones salvadoreñas.
6. Contralores del Estado inoperantes
Las instituciones contraloras del Estado están jugando un papel irrelevante, han sido cooptadas por el Poder Ejecutivo, recriminó el abogado Héctor Carillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
La Sala de lo Constitucional, la Procuraría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la misma Fiscalía General de la República han sido, según FESPAD, “incapaces de tomar las más elementales medidas para detener la producción irregular de normas o la aplicación arbitraria de las mismas”.
La Sala de lo Constitucional no ha resuelto decenas de habeas corpus; el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos no investiga ni se pronuncia sobre las “graves violaciones a derechos humanos denunciadas ante esa institución, incluidas las ejecuciones de personas detenidas”, advirtió Herrera.
La Dirección General de Centros Penales, el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía Nacional Civil han declarado reservada mucha de la información pública de oficio que antes brindaban, tales como datos sobre homicidios, personas detenidas, la situación de las bartolinas y de los centros penitenciarios, señalaron las ONG.
7. Aumenta la migración juvenil
La situación de personas privadas de libertad está acompañado de un discurso de odio y de desprecio hacia las personas detenidas, lo cual despierta temores en la juventud.
“Hay publicaciones de la PNC donde presentan a las personas detenidas señalando el tiempo probable en que va a estar encarcelada, de 20 o 30 años. Esto ha generado un gran temor en la población que ha provocado la migración de adolescentes, que tienen temor de ser criminalizados y detenidos”, dijo Reyna, del SSPAS, durante la sesión de la CIDH.
Además puede leer:
