Bloomberg Línea — Empresarios, ‘outsiders’ y políticos de vieja data gobiernan los países de América Latina. Sus muy variadas trayectorias previas a la jefatura de Estado también se reflejan en los patrimonios que han declarado en los últimos años, mostrando estos amplias diferencias.
En el listado de presidentes con mayor patrimonio declarado se destacan el dominicano Luis Abinader, quien fuera el presidente ejecutivo del Grupo ABICOR y cuyo patrimonio supera los US$70 millones. Justo por debajo aparece el ecuatoriano Guillermo Lasso, empresario y exbanquero, que contaba con un patrimonio cercano a los US$40 millones al iniciar un mandato que ahora se ve marcado por protestas. Ambos mandatarios donan el salario que reciben por sus labores presidenciales a labores benéficas.
En contraste con estas cifras, las declaraciones de otros jefes de Estado no sobrepasan los US$50.000 en activos totales, como es el caso del peruano Pedro Castillo, quien era profesor de escuela antes de ganar las elecciones, o el exlíder estudiantil chileno Gabriel Boric.
Bloomberg Línea construyó un registro del patrimonio que los presidentes de la región han declarado ante las autoridades de sus respectivos países. Para ello, se utilizaron las declaraciones juradas más recientes disponibles de cada uno de los mandatarios, al tiempo que se relacionó el salario bruto que reciben cada mes por sus actividades.
Así mismo, hay presidentes que por políticas internas de su país o decisiones propias simplemente no tienen pública la información de su patrimonio, como ocurre en Panamá, Venezuela, Honduras, Costa Rica y Guatemala.
Sin información
En el caso de Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá, la Contraloría General de la República registró que en 2019, en cumplimiento de la ley, entregó su declaración jurada de bienes patrimoniales debidamente notariada al igual que otros miembros del gabinete, aunque dichos documentos no se hicieron públicos.
En cuanto a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tampoco fue posible establecer su patrimonio actual, pues en medio de la campaña presidencial que desarrolló no presentó su declaración de ingresos al Servicio de Administración de Rentas (SAR) y, en noviembre de 2021, su esposo y expresidente de la Nación, Manuel Zelaya, argumentó que él presentaba una declaración conjunta que los representaba a ambos.
Además, el portal independiente Dato Público, que surgió en medio de las campañas y buscaba recolectar estos datos, registra que “la candidata (Castro) no proporcionó información y no está disponible digitalmente de forma pública” en el apartado de ‘bienes patrimoniales’.
En este mismo listado está el recién posesionado presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, pues en el caso de los altos funcionarios esta información no se hace pública.
Por último, está el caso del presidente de Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei, de quien no se pudo establecer su patrimonio total, pues dicha información está bloqueada a la ciudadanía a través del artículo 21 de la Ley de Probidad, que impide el acceso a la declaración patrimonial de funcionarios y empleados públicos.
En el caso venezolano, la Contraloría General de la República, ente encargado para el procesamiento de las declaraciones juradas de patrimonio de funcionarios y empleados de la administración del Estado, no emite públicamente estos documentos, según explicó Transparencia Venezuela, una organización dedicada a investigaciones de la gestión pública.
*La conversión de los patrimonios y los salarios brutos desde las monedas locales al dólar estadounidense se realizó con tasas de cambio al 21/06/2022.
