Ciudad de México — El crédito por US$161 millones que será otorgado por el Gobierno de México, a través de la banca de desarrollo, a Altán Redes, le permitirá obtener el derecho sobre el 61% de las acciones de la empresa de telecomunicaciones que pasa por un concurso Mercantil.
El 39% restante estará en manos de accionistas de la compañía, que incrementarán gradualmente sus derechos conforme el financiamiento sea pagado, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en un comunicado.
“El porcentaje de derechos fideicomisarios de la Banca Mexicana de Desarrollo se irá disminuyendo y revirtiendo en favor de los accionistas de Altán conforme el crédito se vaya pagando”, señaló el regulador de las telecomunicaciones en México.
Los detalles dados a conocer por el IFT dan luz sobre el futuro de Altán, luego de que el 10 de junio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que el Estado se convirtió en el socio mayoritario de la empresa y estaría a cargo de su administración.
El financiamiento otorgado por los bancos de desarrollo Banobras, Bancomext y Nafin, permitirá al Gobierno nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, dijo el IFT, quien dio su visto bueno regulatorio a la transacción.
“El Pleno del IFT determinó que no se prevé que la concentración tenga o pueda tener por objeto o efecto conferir poder sustancial a las partes involucradas, ni establecer barreras a la entrada”, dijo IFT.
La toma por parte del Gobierno de México de la dirección de la compañía fue considerado como positivo por los analistas de Moody’s Local en una nota publicada el 20 de junio, ya que puede convertirse en una solución a la exposición de los tres bancos desarrollo en la empresa.
Altán Redes, que actualmente reestructura con sus acreedores, anunció el 10 de junio que había llegado a un acuerdo de financiamiento con el Gobierno, acreedores, accionistas y clientes por US$388.1 millones.
Los recursos fueron obtenidos a través de un crédito DIP (Debtor in Possession), una figura que permite tomar una posición de liderazgo en los gravámenes de los activos de la empresa.
El Gobierno aportó 41% de los recursos del financiamiento a través de la banca mexicana de desarrollo con un crédito por US$161 millones de dólares. El 59% considera aportaciones de a través de la participación de proveedores (US$166,6 millones), accionistas (US$50,5 millones) y clientes (US$10 millones).
Altán es la responsable de desplegar el proyecto de la Red Compartida, una asociación público privada que busca ampliar la conectividad en regiones apartadas y la competencia en el sector en el país.
La red de Altán es utilizada por operadores móviles virtuales (OMV) para ofrecer servicios de conectividad.
Nuevos términos en la asociación con el Gobierno
El IFT otorgó una opinión favorable sobre las modificaciones al contrato de Asociación Público Privada que tiene Altán con la agencia gubernamental Promtel.
El acuerdo modifica a 40 años la vigencia del contrato entre el Gobierno y Altán para el despliegue de la Red Compartida. El acuerdo consideraba una vigencia de 20 años con posibilidad de prórroga.
Además, cambia las fechas de cumplimiento de los hitos sobre cobertura a los que está obligado Altán.
La empresa deberá el próximo 30 de noviembre alcanzar una cobertura de 70% de la población. El 24 de enero de 2027 deberá lograr una cobertura de 85% y el 24 de enero de 2028 lograr el 92,2%.
Estos cambios son consistentes con la modificación aprobada en los títulos de concesión de Altán el 23 de febrero de 2022.
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