La lucha contra la corrupción no está siendo una prioridad para los gobiernos de América Latina, en medio de los cambios que dejó la pandemia del Covid-19 y los problemas económicos como la alta inflación, advirtió el Council Of The Americas en un informe sobre el tema que evaluó a 15 países de la región. No obstante, pese a que los gobiernos han optado por relegar las reformas anticorrupción y la realidad diverge en cada uno de los países, el escenario en 2022 es de “relativa estabilidad” tras años de retrocesos.
En medio de este panorama, Uruguay volvió a liderar el ranking latinoamericano de Capacidad para Combatir la Corrupción, a pesar de que redujo su puntuación global este año de 7,80 a 7,42. La caída, explicó el informe, se debe a las variables que mide el nivel de cooperación internacional, la eficacia de los organismos anticorrupción y la capacidad del país para combatir los delitos de cuello blanco.
Pese a esto, el documento resalta que Uruguay supera a la media de la región “gracias a sus instituciones independientes, su activa sociedad civil y sus sólidas credenciales democráticas”.
En el ranking, le secunda Costa Rica, con una puntuación de un 7,11, mientras que en el tercer lugar se ubica Chile, con 6,88 unidades.
Mientras que Venezuela aparece en el último escalón, Guatemala, México, Brasil y Argentina mostraron los mayores retrocesos de los valores de 2021, sin contar a Uruguay.
Un cambio en el podio
Además del liderato de Uruguay, posición que mantuvo por tercer año consecutivo, los analistas a cargo del ranking destacaron el desempeño que tuvieron Costa Rica y Chile, pues no han dejado el podio desde que se lanzó el informe en 2021.
El documento resalta cómo el puntaje de los costarricenses subió un 10% respecto al año anterior, debido a una “mejora moderada” que se alcanzó por medidas como el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integridad y Corrupción y las investigaciones sobre presuntos esquemas de corrupción entre empresas constructoras y funcionarios públicos. Estos avances le permitieron a Costa Rica llegar al segundo lugar del ranking por primera vez.
Sobre Chile, el informe destaca un crecimiento de un 5% en su puntaje debido a aspectos como la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, la movilización de la sociedad civil, la investigación de presuntos delitos en el Ejército o los señalamientos que recibió el expresidente Sebastián Piñera tras la filtración de los Papeles de Pandora.
“En abril, la Convención Constitucional aprobó diez artículos relacionados con la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas. El presidente Gabriel Boric, en el cargo desde marzo, ha anunciado un ambicioso conjunto de reformas, incluyendo una agenda anticorrupción y de probidad”, agrega el informe.
El documento también destaca que, dentro del pelotón inferior, los países mostraron algunos signos de mejoría. Venezuela, aunque se mantuvo en el último lugar y está muy lejos del resto de los países de la región, mostró un avance en la categoría de comunicaciones digitales y redes sociales, debido a “la creciente diversidad y sofisticación de los medios de comunicación digitales que siguen denunciando la corrupción del Estado”.
Bolivia también tuvo “modestos avances” en las categorías de capacidad legal y de sociedad civil y de medios de comunicación, aunque solo logra superar a Venezuela en el ranking general. El informe dice que hay problemas como el señalamiento de algunos críticos de que “el uso de la justicia por motivos políticos ha continuado durante el mandato del presidente Luis Arce”.
Los analistas destacan que Guatemala experimentó el mayor descenso en términos de puntaje, pero también mostraron caídas las tres principales economías de la región: Brasil, México y Argentina. Estos tres países han mostrado retrocesos en todas las ediciones posteriores a la primera entrega.
En la apertura del informe, los analistas a cargo sostuvieron que “algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros, incluidos los dos países más grandes de la región, México y Brasil, sufrieron nuevos reveses en instituciones claves y en el entorno anticorrupción en su conjunto”.
Cómo se lleva a cabo
Publicado por primera vez en 2019, el índice evalúa la capacidad de la lucha contra la corrupción. Los encargados de llevarlo a cabo resaltan que, en lugar de medir los niveles percibidos, el Índice evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que luchan contra la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados. La impunidad continua es más probable en los países situados en el extremo inferior de la escala.
Las conclusiones de las cinco economías más grandes
Brasil
Brasil descendió en el Índice por tercer año consecutivo, pasando del sexto puesto en 2021 al décimo en 2022. Su puntuación global ha bajado un 6% desde el año pasado y ha caído un 22% desde 2019.
El informe puntualiza que en la principal economía de la región, el Supremo Tribunal y el Tribunal Supremo Electoral siguen siendo independientes del gobierno, a pesar de la escalada de críticas públicas que el presidente Jair Bolsonaro ha hecho de ellos.
Sin embargo, la variable que evalúa la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción cayó casi un 19%, ya que “Bolsonaro ha buscado consolidar el control sobre los organismos que investigan la presunta corrupción que involucra a sus aliados”.
México
México, la segunda economía de la región, cayó del puesto número 11 al 12 en el Índice, y su puntuación global continuó con una trayectoria descendente, cayendo casi un 5% en 2022, y un 13% desde 2019.
El país experimentó retrocesos en todas las categorías, pero el descenso más pronunciado se produjo en la de democracia e instituciones políticas. En esa categoría, México tuvo una fuerte caída en la variable que evalúa los procesos legislativos y de gobierno, “lo cual refleja los esfuerzos percibidos por parte del poder ejecutivo para interferir en los asuntos legislativos y judiciales”, explicaron los analistas.
Argentina
La puntuación global de Argentina (tercer PIB de América Latina) se redujo en un 2%, llevándole a caer del 5° al 6° puesto en la clasificación de 2022.
Argentina registró ligeras mejoras en todas las categorías, excepto en la de capacidad legal, la cual tuvo un retroceso de un 8%. Su puntuación en la independencia y eficiencia de los organismos anticorrupción cayó por tercer año consecutivo.
Colombia
A pesar de haber tenido una pequeña mejora en su puntuación general, Colombia cayó del séptimo al octavo lugar en el Índice.
El país, que ostenta el cuarto PIB de la región, avanzó ligeramente en las categorías de sociedad civil y medios de comunicación y de capacidad legal, pero descendió un 6% en la categoría de democracia e instituciones políticas, manteniendo una tendencia a la baja en esa categoría desde 2019 y quedando por detrás de la media regional.
Chile
La puntuación global de Chile aumentó un 5%, pero su trayectoria ascendente no mantuvo el mismo ritmo que la de Costa Rica, lo que lo llevó a descender del segundo puesto en 2021 al tercero en 2022.
El país mantuvo su tercera posición en la categoría de capacidad legal, en la que se produjo un aumento del 8% en la puntuación con respecto al año anterior, reforzado por mejoras en variables clave que evalúan el nivel de cooperación internacional en materia de orden público y la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción.
Al igual que en 2021, Chile superó el promedio regional en casi todas las variables analizadas.
