Por Gino Matos para Mercado Bitcoin
São Paulo — La tecnología Blockchain en la gestión pública ha ido ganando impulso en Brasil. En abril, el Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) lanzaron la Red Blockchain Brasil (RBB) para generar más transparencia en los gastos de la Unión y del Estado.
En mayo, los académicos del derecho publicaron conjuntamente la obra “Inteligencia Artificial y Derecho Administrativo”. Dos artículos en él abordan el enfoque de RBB: el cambio de la administración pública a través de blockchain.
Beneficios de los registros distribuídos
Blockchain es relativamente nuevo, y no es posible medir las posibilidades de su uso, dice Anna Lucia Berardinelli, abogada y coautora del artículo “El uso de blockchain por la administración pública”, que forma parte del trabajo. Sin embargo, es posible ver los beneficios de los registros distribuidos.
La fiabilidad de los registros de la blockchain, debido a la inmutabilidad de la red, es uno de los puntos fuertes de la tecnología, dice Anna. Junto a la transparencia, esta característica aporta eficiencia a la gestión pública.
Además del uso directo en la publicación de datos, el abogado destaca los proyectos de moneda digital de los bancos centrales, el CBDC. “En el futuro se podrán vislumbrar las consecuencias del uso del dinero programable, con un fuerte impacto en la actividad fiscal, aportando nuevas posibilidades de recaudación e inspección”, afirma. “Los CBDC también repercutirán en el pago de las prestaciones de la seguridad social”, afirma.
Dinero programable y tokens
El término “dinero programable” se refiere a la emisión de tokens. Cuando el tema es la administración pública, un escenario en el que la transferencia de fondos públicos a los estados, el Distrito Federal y los municipios se hace a través de estos tokens, la transparencia sería relativamente mayor en comparación con el modelo actual.
Sin embargo, Anna afirma que el escenario legislativo actual está “totalmente prohibido”, ya que se trata de “una normativa muy específica, que determina el depósito de las cantidades en una cuenta en el Banco do Brasil”. Así, las normas de transferencia de fondos públicos son restrictivas, lo que impide el uso de nuevas tecnologías, como los criptoactivos.
“Implementar el uso de tokens para este tipo de transferencias requeriría una profunda reforma, incluso una enmienda constitucional”, dice Anna.
Si esta transformación se produjera en la legislación brasileña, destaca como beneficios de los tokens en la transferencia un registro transparente e inmutable de los valores y el control del destino y la inserción de cláusulas autoejecutables en los contratos inteligentes. “Las posibilidades son innumerables”, dice.
Cuando el tema es el Tercer Sector (iniciativas privadas de utilidad pública y de origen de la sociedad civil), el abogado dice que hay mayor flexibilidad en el uso de los criptoactivos. Menciona Gov Token, un sistema que gestiona recursos convertidos en tokens. La liberación de estas criptoactividades se produce tras la entrega de la prueba de destino adecuada.
El RBB
Para Tatiana Strauch, abogada y coautora del mismo artículo anterior, el RBB es un “paso importante hacia la transformación digital de la administración pública”. Dice que el TCU ha señalado que la red estará en actividades de control externo.
Un problema, sin embargo, es que la RBB no está conectada a otras blockchains en uso por los organismos públicos, siendo un obstáculo para la adopción a gran escala, dice Tatiana, valorando que esto “no es un problema”.
Considera que, antes de la adopción masiva, es necesario tomar medidas, como la regulación, la formación de los profesionales, la integración de los entornos informáticos, la reorganización de la estructura y los procesos internos del gobierno. Estos pasos, dice, son actualmente cuatro desafíos para la inclusión de blockchain.
Desafíos para el uso de la blockchain
Formar a los profesionales para que interactúen con la tecnología es el primer reto, señala Tatiana. Otra es la regulación del tema, que dará más seguridad a los servidores públicos para interactuar con la tecnología de los registros descentralizados.
Siguiendo con la descentralización, dice que el tercer reto es la centralización estructural de la administración pública, ya que los organismos públicos tienen la “facultad de certificar y dar fe pública a los actos administrativos”. El último está relacionado con la centralización, que es la reorganización de los procesos gubernamentales, lo que implica la estandarización del almacenamiento de datos y la integración entre organismos.
Inmutabilidad de los datos y cuestiones prácticas
La confianza en la información, garantizada por la inmutabilidad de blockchain, es un punto favorable para la relación entre la administración pública y los registros distribuidos. Los datos siguen siendo introducidos en la red por personas, y éstas cometen errores. La inclusión es una cuestión que requiere evaluación cuando se trata de la blockchain.
Es posible hacer un nuevo registro refiriéndose a uno anterior, como una errata, dice Alexandre Magno Souza, abogado y autor del artículo “Administración pública 4.0, el cambio a través de blockchain e inteligencia artificial”, en la misma obra.
Souza cita el Registro General de la Propiedad que, una vez inscrito, no permite borrados ni cancelaciones. A continuación, se realiza un nuevo registro en el mismo documento, generando un historial que recoge los cambios. “Con blockchain, el sello del notario se sustituye por la verificación en red de lo que se ha registrado”, añade.
Otro problema es la inclusión de información falsa. Souza dice que blockchain sólo se encarga de indicar que el registro es válido, no la información. Es una tecnología que actúa como herramienta para dar eficacia a la administración pública.
Así, la facilidad es mayor para comprobar cuándo la información se ha eliminado erróneamente, dice Souza. “Cabe mencionar que el Código Penal castiga a quienes falsifican documentos o alteran indebidamente la información”.