Montevideo — El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou estableció mediante decreto un conjunto de instrucciones y pautas en busca de avanzar en la denominada reforma del Estado, el plan del gobierno para instrumentar cambios en la carrera de la administración pública.
El Poder Ejecutivo determinó en la norma fechada el 14 de junio que los ministerios tendrán 360 días para presentar sus planes de modificación. Además conformó un comité entre la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para realizar un seguimiento de las reestructuras y modificaciones.
“Los proyectos de reformulación de las estructuras organizativas y de puestos de trabajo deberán ser presentadas ante la OPP para su remisión a la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional (CARO) dentro de los trescientos sesenta días siguientes a la aprobación del presente decreto”, sostuvo la norma que lleva la firma tanto del presidente de la República como de distintos ministros de su gabinete.
La normativa reglamenta un grupo de artículos de la Ley de Presupuesto de 2020, y establece instrucciones y criterios técnicos que deberán seguir los distintos incisos de la administración central.
El informe de cada ministerio incluirá la propuesta de reformulación de las estructuras organizativas y de puestos de trabajo de todas las Unidades Ejecutoras, el plan de implementación, y el financiamiento de la propuesta.
Junto a la reestructura, los organismos deberán “proponer una lista de cargos y de funciones excedentarias así como de aquellos vínculos laborales que de acuerdo con la propuesta de reestructura se prevé discontinuar”, estableció el decreto en su quinto artículo, y en línea con lo determinado en la Ley de Presupuesto. Los funcionarios considerados como “excedentarios” ingresarán a una nómina y podrán ser redistribuidos en otras dependencias estatales.
En otro artículo, el decreto conformó el Comité Ejecutivo para el Rediseño Organizativo (CEPRO) bajo “el cometido de implantar y dar continuidad al proceso de actualización y racionalización de estructuras organizativas y de puestos de trabajo” dispuestos en el artículo 8 de la Ley de Presupuesto de 2020, así como “verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos” en esa norma.
Ese comité, conformado por Servicio Civil, OPP y MEF será asistido por la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional. Este grupo, a su vez, hará un seguimiento para que las estructuras proyectadas y sus reformulaciones sigan los criterios técnicos y principios establecidos por el reciente decreto.
El artículo 8 de la Ley de Presupuesto estableció que “las propuestas podrán contener supresión, transformación, fusión y creación de nuevas unidades”, entre otros aspectos. “La nueva estructura no podrá incrementar el costo de los vínculos laborales con el Estado al 1° de enero de 2020″, añadió la norma. La ley de Presupuesto estableció que el plazo para presentación de los proyectos sería de 18 meses desde la reglamentación del artículo 8, pero el reciente decreto señaló que el plazo es de un año.
Lineamientos, criterios técnicos y costos
El procedimiento rige para los funcionarios de los ministerios. El decreto estableció que los cambios deberán apuntar a la “optimización de procesos” y la mejora y calidad de los servicios públicos. También impulsarán la “creación de organizaciones flexibles mediante la gestión de proyectos transversales que potencien la coordinación”.
Además promoverán “simplificar las estructuras organizativas en el número y nivel de unidades organizacionales mediante la agrupación de funciones”. Los cambios también buscan “potenciar el rol de las Direcciones Generales de Secretaría como rectoras y coordinadoras de la gestión del Inciso, directamente a través de las funciones de planificación estratégica, financiera, gestión humana, tecnologías y rediseño de procesos”, señaló el decreto.
En cuanto al financiamiento de las modificaciones, el decreto señaló que la nueva estructura “no incrementará el costo de los vínculos laborales con el Estado”, tal como estableció la Ley de Presupuesto.
El decreto fue acompañado por un anexo que detalló un conjunto de seis componentes que deberá formular cada unidad. Los puntos a desarrollar son, entre otros, la planificación estratégica de la misión, visión y objetivos, desarrollar los procesos de gobierno digital, una estructura macro alineada con resultados, diseño de cargos, prever la movilidad de funcionarios en el marco de la nueva estructura de puestos y promover una gestión transversal.
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