Bloomberg — La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, declaró que no le fue posible visitar a los uigures detenidos y que fue acompañada por las autoridades durante su visita a Xinjiang, comentarios que generan preguntas sobre los esfuerzos del gobierno chino por incidir en su viaje.
“Durante la visita no pude hablar con ningún uigur que estuviera actualmente detenido ni con sus familiares”, dijo el miércoles Bachelet en una reunión del Consejo de Derechos Humanos, y añadió que en su visita a China se encontró con “limitaciones, en especial dadas las restricciones vigentes de Covid-19”.
Lo que sí dijo es que el gobierno le facilitó reunirse con “todas las instituciones que había solicitado, así como con los altos cargos de los principales ministerios, el poder judicial, las empresas, el mundo académico y otros actores relevantes”, además de repetir que su viaje no era una “investigación”.
La visita a la nación asiática, la primera de un jefe de derechos humanos de la ONU desde 2005, fue criticada por activistas de derechos humanos. La directora para China de Human Rights Watch, Sophie Richardson, dijo previamente que la visita le dio al gobierno chino la ausencia de críticas en materia de derechos humanos que esperaba.
La oficina de prensa del Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, también señaló la preocupación de Washington por los esfuerzos de Pekín para manipular el viaje de Bachelelet, ya que las condiciones impuestas por el gobierno no permitieron una “evaluación independiente del estado de los derechos humanos”.
Los derechos humanos son un punto de contención en las relaciones entre China y Estados Unidos. Probablemente el tema se volverá aún más candente el 21 de junio, cuando EE.UU. empiece a bloquear las importaciones procedentes de Xinjiang en virtud de la Ley de prevención del trabajo forzoso de los uigures, a no ser que las empresas puedan demostrar que sus productos no han sido fabricados con trabajo forzado.
China ha negado repetidamente que cometa abusos en Xinjiang y en otros sitios, y ha exhortado a EE.UU. a que abandone la ley. Grupos de derechos humanos, legisladores de algunos países y EE.UU sostienen que las actividades de China en Xinjiang equivalen a un genocidio.
En la revista del Partido Comunista de este mes, el presidente chino, Xi Jinping, escribió que algunas naciones “han estado promoviendo por la fuerza los conceptos y sistemas de derechos humanos democráticos de Occidente en el mundo y empleando las situaciones de derechos humanos para inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, lo que ha provocado guerras frecuentes, malestar social a largo plazo y el desplazamiento de personas en otros países”.
Los Países Bajos emitieron el martes una declaración en nombre de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos que indicaba a Bachelet que los miembros están " profundamente preocupados por la situación de los derechos humanos en Xinjiang”.
Ese mismo día, Cuba emitió una declaración firmada por 69 países que decían apoyar la posición de Pekín en los asuntos de Xinjiang, Tíbet y Hong Kong, además de oponerse a la utilización de los derechos humanos para inmiscuirse en los asuntos internos de los países.
Este artículo fue traducido por Miriam Salazar
